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Nuevos casos de uso excesivo, arbitrario y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional

Categoría: Actualidad Creado: Viernes, 18, Diciembre 2020 19:19
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 La Alianza por los Derechos Humanos conformada por 18 organizaciones de derechos humanos, de los pueblos y de naturaleza expresa su preocupación por actos de hostigamiento y persecución en contra de Angelo Ayol, así como también por posibles actos de tortura en contra de Daniel S. y Mateo S., cometidos el 28 de noviembre del 2020, hechos que fueron denunciados en Fiscalía para su investigación.  

Angelo Ayol, víctima de hostigamiento

El 17 de septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, Angelo Ayol, en aquel entonces menor de edad y estudiante del Colegio Mejía, fue víctima de detención ilegal y tortura por parte de miembros de la Policía Nacional.

Por estos hechos, el 2014 se inició un proceso judicial en contra del subteniente de la Policía Nacional, David A. y el cabo Freddy F. procesado por el delito de tortura. Cuatro años después, el 2 de julio de 2018, por unanimidad, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha conformado por Milton Maroto Sánchez, María Suárez Tapia y Edmundo Samaniego Luna sentenció al subteniente de la Policía Nacional, David A. como autor directo del delito de tortura con una pena de 10 años; y a Freddy F. por el delito de omisión con una pena de 5 años de prisión.

Esta resolución fue apelada en la Corte Nacional de Justicia. Esta entidad el pasado 02 de diciembre de 2020, rechazó el recurso de casación presentado por los dos policías, pero identificó de oficio que, de la revisión de los hechos, no se puede determinar que hubo tortura, sino solo el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Resolvió 107 días de privación de la libertad a Freddy F., por el delito de omisión en la de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio y a David A., lo declaró inocente; pese a que la Corte Nacional de Justicia no analiza los hechos sino la forma.

Dos días después de esta sentencia, Angelo fue perseguido por dos agentes del Estado. Aquí su testimonio.

“Fue el día viernes, 04 de diciembre de 2020, dos días después de la audiencia. Aproximadamente a las 12 de la mañana, tomé el bus que baja hacia el centro histórico de Quito porque tenía que hacer unas diligencias y al momento que bajé del bus estaban dos policías en moto en las calles Imbabura y Manabí. Caminé por la Imbabura, luego por la Olmedo ya que tenía que dirigirme a la Benalcázar y los policías iban atrás mío en moto, yo iba a pie, a la velocidad que uno va a pie y los agentes iban a esa misma velocidad.

Eran policías nacionales del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) que me persiguieron tres cuadras de la Imbabura a la Benalcázar. Ellos iban en contravía. Los policías tenían una mirada súper intimidante y lo que me llamó la atención es que fue dos días después de la audiencia y que me siguieron, a pesar de estar en contravía porque solo es de subida.

Luego, entré en una papelería a comprar unas cosas. Me demoré unos 15 minutos y salí. Los policías seguían ahí. Caminé en dirección hacía CNT y al ver que me seguían me paré en el monumento de la Benalcázar y les regresé a ver. Se acercaron a menos de dos metros. Luego me dirirgí a la Olmedo y Cotopaxi a coger un taxi y ellos me siguieron una cuadra más y se fueron”.

 

Para Bolívar Ayol, padre de Angelo, esta acción es preocupante y no es una coincidencia: “Nosotros hacemos responsables al Estado, a la Policía Nacional y a los jueces y Tribunal si algo le sucede a mi hijo o a mi familia directamente porque cuando mi hijo nos contó sentimos nuevamente ese temor de que algo le puede pasar a él y a nosotros también. Entonces nosotros les hacemos responsables a ellos de cualquier situación que pueda pasar”.

 

Daniel S. y Mateo S., víctimas de violencia policial

 

Nancy G. presentó en la Fiscalía de Garantías y Personas la denuncia por el delito de tortura contra agentes de la Policía Nacional. Esto luego de que

El pasado 28 de noviembre del 2020, aproximadamente a las 17h00, Mateo S. y Daniel S., de 18 y 20 años de edad respectivamente, fueron detenidos durante un operativo de control en el norte de Quito. Los dos jóvenes fueron subidos al patrullero y trasladados a la Unidad Policial Comunitaria de Pisulí.

 

En la UPC, los jóvenes fueron víctimas de golpes con tolete en diferentes partes del cuerpo, fueron asfixiados con una bolsa plástica llena de gas lacrimógeno en su cabeza, mojados con baldes de agua helada, trasladados en la cajuela del vehículo y dejados en una quebrada por el sector de Nono. Ellos fueron víctimas de diferentes tratos inhumanos y degradantes cometidos presuntamente por el policía Juan R. y otros agentes estatales no identificados. Dos días después de estos hechos, el día 30 de noviembre, Mateo y Daniel intentaron presentar la denuncia en Fiscalía, no obstante, la funcionaria encargada no recibió la denuncia, aduciendo que los implicados necesitan un abogado para presentarla.

Según los testimonios de los dos jóvenes estos actos de violencia policial no son casos aislados, porque el mismo policía Juan Miguel R. presuntamente agredió a un menor de edad el año anterior. 

Por estos hechos, Inredh junto a Daniel y Mateo interpusieron la denuncia bajo el delito de tortura y con sus agravantes constitutivas tipificadas en el artículo 151, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece:

La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

En ese mismo sentido, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura en su artículo 3 establece que: “Serán responsables del delito de tortura: a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. b. Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.”[1]

 

Es importante añadir que para la Corte Interamericana “la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional” (Caso Baldeón García vs. García Asto y Ramírez Rojas vs. XX, Penal Miguel Castro Castro vs. Perú). Más aún, que el Estado es responsable de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se encuentre bajo su custodia, porque tiene una condición específica de garante.

 

El mismo Tribunal cita el caso Bueno Alves vs. Argentina, que señaló que: “En razón de lo expuesto, la Corte entiende que los elementos constitutivos de la tortura son los siguientes: a) un acto intencional; b) que cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) que se cometa con determinado fin o propósito (…). Finalmente, al apreciar la severidad del sufrimiento padecido, la Corte debe tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, teniendo en cuenta factores endógenos y exógenos. Los primeros se refieren a las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, así como los efectos físicos y mentales que éstos tienden a causar. Los segundos remiten a las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud, así como toda otra circunstancia personal”

Como Alianza por los Derechos Humanos, nos llama la atención que entre 2018 y 2019, la Inspectoría General de la Policía Nacional haya registrado 176 casos de servidores policiales sumariados por cometer faltas graves y muy graves bajo el cumplimiento de sus deberes. De los 176 casos, 44 fueron por el uso excesivo de la fuerza[1].

Finalmente, es importante visibilizar actos de presunto hostigamiento y tortura por parte de agentes de la Policía Nacional en contra de ciudadanos. Exigimos al Estado una investigación conforme los estándares internacionales y nacionales en los actos donde se involucren miembros de las fuerzas públicas, es decir, la investigación por parte de Fiscalía deberá ser rigurosa, imparcial y expedita, respetando el derecho a la debida diligencia y la tutela judicial efectiva, derechos garantizados en la Constitución e instrumentos internacionales.

La Corte IDH, desde su más temprana jurisprudencia ha señalado, basándose en la obligación de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, la exigencia de respeto y protección de los derechos y libertades reconocidos en dicho tratado por parte de los Estados. Es clara al manifestar que “los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención”[2]

Instamos al Estado a que estos casos no queden en la impunidad y puedan ser investigados con la rigurosidad necesaria.

 

 

 

[1] Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura. Artículo 3. 12 de septiembre de 1989.

 

[2] https://inredh.org/index.php/noticias-inredh/actualidad/1642-se-presenta-denuncia-contra-agentes-de-la-policia-nacional-por-actos-de-tortura

[2] Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 5, párr. 166. Ver también Corte IDH.

Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, supra nota 1, párr. 184; Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C No. 100, párr. 100.

 

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