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Tras cuatro horas de audiencia, la jueza ponente del Tribunal de Garantías Penales de Sucre, María Alexandra Kuffo Figueroa, ratificó hoy, 30 de diciembre de 2020, las medidas de reparación integral dictadas en la sentencia de acción de protección a favor de las 108 familias de la Urbanización Miduvi, en la parroquia Canoa, provincia Manabí.

Tribunal de Garantías Penales de Sucre específica medidas de cumplimiento de la sentencia en caso Miduvi - Canoa

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 30, Diciembre 2020 11:41
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Tras cuatro horas de audiencia, la jueza ponente del Tribunal de Garantías Penales de Sucre, María Alexandra Kuffo Figueroa, ratificó hoy, 30 de diciembre de 2020, las medidas de reparación integral dictadas en la sentencia de acción de protección a favor de las 108 familias de la Urbanización Miduvi, en la parroquia Canoa, provincia Manabí.

En su resolución, la jueza ratificó que el GAD de San Vicente y la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP) deben dotar de agua a la Urbanización, respetando el cronograma emitido en la sentencia, es decir, desde jueves de las 07h00 hasta lunes 07h00. En caso de que esta medida no se cumpla por la falta de funcionamiento del sistema de tubería, la dirigencia de la Urbanización presidida por Luis Ayala y Leodan Delgado se comunicará con los abogados del GAD San ​​Vicente y EMMAP-EP para que doten de manera inmediata el agua a través de 8 tanqueros a las 108 familias cada semana, cumpliendo con el 100% del abastecimiento con el que cuenten.  

En relación a las brigadas de salud, la magistrada señaló que las dos entidades accionadas seguirán gestionando con el Ministerio de Salud para el cumplimiento de la resolución. Además, el Tribunal oficiará a la Dirección Distrital San Vicente del Ministerio de Salud para que procedan jornadas médicas periódicas exclusivas para Miduvi por el periodo de un año y con un lapso de cuatro meses. Estas brigadas serán comunicadas a la Defensoría del Pueblo y contarán con informes de constancia de cumplimiento.

Finalmente, el Tribunal resolvió que las dos entidades accionadas deben realizar campañas periódicas de socialización en torno a políticas públicas de mejoramiento de agua así como la absolución de consultas, en coordinación con la directiva de la Urbanización. 

Todas estas medidas tendrán el seguimiento de la delegación de la Defensoría del Pueblo en Manabí, que emitirá cada dos meses un informe de cumplimiento. De no cumplirse estas medidas, la jueza advirtió que las y los funcionarios pueden ser sancionados por multas o incluso, por incumplir las decisiones legítimas de autoridad competente como lo establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala:

“La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Esta resolución se dio luego de que el Tribunal escuchó el informe de la Defensoría del Pueblo, que determinó que el GAD de San Vicente y la EMMAP cumplieron parcialmente la sentencia; y los argumentos de las dos partes procesales. 

Argumentos presentados en la audiencia 

Pamela Chiriboga, abogada del caso, dijo que tras la emisión de la sentencia emitida del 13 de agosto, esta no se ha cumplido en su totalidad, lo que afecta a 108 familias, con 500 personas aproximadamente de la Urbanización Miduvi. "Nunca a partir de la sentencia hubo dotación de agua durante 3 días de forma continua e ininterrumpida - dijo Chiriboga. Los habitantes han recibido por tubería en ciertas semanas los jueves, en otras semanas, los viernes o sábados, por lo general no los domingos . Cualquier de estos días, no reciben más de 30 minutos el vital. Además, en los segundos líquidos, ni siquiera llega el agua por la falta de presión ”. Además, comunicó acerca de las irregularidades que se encontraron en los documentos y en las acciones de las entidades demandadas. 

Por su parte, Luisa Villacís, abogada del caso, informó al Tribunal que el 16 de octubre de 2020, Marcos Loor, técnico Social de la Dirección de Desarrollo del GAD San ​​Vicente, emitió un informe de la brigada médica que realizó a la Urbanización. “En su informe señala que fueron 156 familias atendidas y que se asistió a 624 personas –dijo Villacís. Lo cual nos llama la atención ya que en la Urbanización Miduvi solo viven 108 familias con un aproximado de 500 habitantes ”, lo que haría dudar de su veracidad, concluyó. 

En cuanto a las medidas de satisfacción que se dividen en dos acciones específicas como son las disculpas públicas y las campañas periódicas de socialización en torno a políticas públicas, Villacís, dijo que la medida de satisfacción ha sido cumplida parcialmente. 

Por otro lado, tanto la defensa del GAD de San Vicente como la EMMAP informaron al Tribunal que sí cumplieron con la sentencia al dotar de agua a Urbanización. Este argumento fue rechazado por Luis Ayala, presidente de la Urbanización, que aseguró que a los accionantes no les han dotado de agua como una medida de hostigamiento y amenaza. Además, alertó al Tribunal que las autoridades les obligan a firmar varios registros para recibir el agua.

Para Chiriboga esta sentencia y la especificación de sus formas de cumplimiento, tiene el objetivo de que garantizar la reparación integral mucho más cuando se pudo notar que los derechos constitucionales al agua y demás, siguen siendo violentados. Luego de acuerdos y sugerencias manifestados al Tribunal, decidió acogerlos y viabilizar la dotación de agua de forma certera, pero además, determinar fechas, periodos y obligaciones concretas a las instituciones públicas. A diferencia de las otras audiencias, el Tribunal afirmó que hará lo posible para que se cumpla estas medidas así tenga que imponer medidas económicas, tipo multas, o penales más fuertes. 

Desde la Fundación Inredh, quedaremos vigilantes del cumplimiento de cada una de las obligaciones, sobretodo para las instituciones accionantes, pero además, de las actuaciones judiciales para que realmente se garantice la reparación integral del derecho al agua, salud, a la integridad, a la vida digna ya la igualdad y no discriminación.  

Los habitantes denuncian que el GAD de San Vicente y la Empresa de Agua Pública no dotan de agua continua como lo señala la sentencia.

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