
La familia de Luis Eduardo Guachalá, joven desaparecido el 17 de enero de 2004, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la PUCE (CDH-PUCE) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) enviaron un escrito con los alegatos finales del caso, así como las observaciones realizadas por los jueces de la Corte Interamericana en la audiencia pública, desarrollada en los días 25 y 26 de noviembre de 2020.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), presidida por la jueza Elizabeth Odio Benito, escuchó durante dos días los testimonios, interrogatorios y alegatos de las partes en el caso Luis Eduardo Guachalá Chimbo Vs. Ecuador que trata sobre la desaparición de Luis Eduardo, de 23 años, cuando estaba internado en el Hospital Julio Endara, sector de Conocoto, provincia Pichincha. La jueza de la Corte IDH, tras escuchar los alegatos de las partes concluyó la audiencia y solicitó que envíen sus alegatos escritos hasta el 5 de enero de 2021, como fecha impostergable.
En el escrito de 47 hojas presentado ayer, 5 de enero de 2021, se encuentran varios puntos que se disputaron en la audiencia: la desaparición forzada de Luis Eduardo, la aclaración de los hechos, la falta de consentimiento del ingreso al Hospital Julio Endara, los compromisos y promesas incumplidas por parte del Estado y de sus más altas autoridades, la violación del derecho a la salud y la política fallida de desinstitucionalización de personas con enfermedades mentales.
Al respecto, Inredh y el Centro de Derechos Humanos –PUCE esperan que se tenga en cuenta la valoración de los hechos presentada en el presente documento, y que sea analizado de forma conjunta y complementaria a las pruebas presentadas tanto por las víctimas como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el escrito también se hace énfasis en la importancia de reconocer esta desaparición como forzada, no solo porque cumple con los requisitos dados por el Derecho Internación de los Derechos Humanos, sino además porque esto garantizaría respuestas más efectivas, judicialización y sanción a funcionarios públicos en toda la región. La teoría de la desaparición forzada además es apoyada por una multiplicidad de amicus curiae presentados por la academia.
También, la defensa técnica hace énfasis en la posición del Estado ecuatoriano y en su conducta general de inacción. “Consideramos que la Corte debe analizar los efectos jurídicos de las promesas y determinarlas en el marco de las medidas de reparación integral”, se especifica en el escrito.
Ante los argumentos expuestos en el documento, se establece que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación a los derechos a la vida, a la integridad, personalidad jurídica y libertad personal por la desaparición forzada de Luis Eduardo Guachalá, contemplados en los artículos 3, 4, 5, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Asimismo, se solicita “que esta sentencia establezca las directrices para una amplia reforma normativa respecto al procesamiento y protección de personas en hospitales psiquiátricos, y de personas desaparecidas, con el fin de ajustar la conducta del Estado a las obligaciones del art. 2 de la CADH”.
Finalmente, también se concluye que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a las garantías y la tutela judiciales efectiva contenida en los artículos 8.1 y 25.1 de la CADH en perjuicio de Luis Eduardo Guachalá y sus familiares.
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