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Desaparición temporal: siete horas de agresión policial

Quito - Pichincha.  Cerca de 47 mujeres y hombres fueron detenidos en el centro histórico durante las protestas sociales, el pasado 9 de octubre de 2019. Juan Recalde [1], joven de 28 años y dirigente indígena, fue aprehendido y detenido, pero fue separado del grupo. Con su wipala[2] lo ahorcaron, lo golpearon con el tolete y en la noche lo subieron a un patrullero, colocaron una funda sobre su cabeza para que no vea la ruta. Siete horas pasó desaparecidos. Aquí el testimonio de Juan.

Edison Mosquera murió por un impacto de proyectil de arma de fuego en las protestas de octubre

Cumandá - Quito.  El 7 de octubre de 2019, Edison Eduardo Mosquera Amagua salió desde el sur de Quito hacia el Valle de Los Chillos a trabajar. Su madre Ema Consuelo Amagua, de 51 años, lo esperaba en su casa, pero no regresó. Edison recibió un disparo en la cabeza durante el paro nacional. Aquí el testimonio de su madre, Ema Amagua; su padre; Luis Mosquera;  y su hermana Patricia Mosquera.

Se cumple seis años de la muerte de Freddy Taish ocurrida durante un operativo militar

Ni verdad ni justicia han recibido los familiares de Freddy Taish, joven Shuar que fue impactado por una bala de dotación militar en el sector de Tutus, comunidad Shiram Entza, del cantón Gualaquiza, al sur de la Amazonía ecuatoriana.

José Daniel Chaluisa, muerto en las protestas sociales, registró una luxación en su mano izquierda

San Roque - Quito.  José Daniel Chaluisa Cusco, oriundo de Cotopaxi, trabajaba hace 25 años en el mercado de San Roque, en el centro histórico de Quito. El 7 de octubre de 2019, a las 17:30, José junto a otras personas se sumaron al paro nacional cuando fueron acorralados por miembros de la Policía Nacional. Minutos después circularon por las redes sociales un video donde observa que las personas caen del puente de San Roque, a una altura de 8 metros. La caída le causó un trauma craneoencefálico severo, contusión hemorrágica parietal y una fractura del arco costal izquierdo.

Informe de verificación sobre DDHH durante el paro nacional y levantamiento indígena

Hoy, 30 de octubre de 2019, la alianza de organizaciones por los derechos humanos conformada la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la organización Surkuna, la Fundación Idea Dignidad  y la organización Amazon Frontlines presentaron el Informe de verificación sobre DDHH durante el paro nacional y levantamiento indígena del 3 al 13 de octubre de 2019 en el Ecuador.

Sarayaku: un caso emblemático de defensa territorial

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 25 Octubre 2016 16:20
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Comunicación INREDH

30/06/2011

Sarayaku: un caso emblemático de defensa territorial

 

En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó el Bloque 23, que afecta un 60% del territorio del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku  a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina. Esta concesión fue realizada sin que haya precedido por parte del Estado ecuatoriano ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad.


 
Desde 1996 Sarayaku ha venido expresando su rechazo al ingreso de la actividad petrolera en su territorio, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca en su territorio sagrado, en la calidad de vida de sus miembros, en su forma de vida y opciones de desarrollo, en su espiritualidad, en el ambiente amazónico, en la paz social  y en la vida e integridad de sus miembros.
 
Sin embargo, durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre del 2003, la CGC ingresó reiteradamente al territorio de Sarayaku, sin autorización y contra la voluntad del legítimo propietario, para realizar investigaciones sísmicas altamente destructivas. Para intentar detener la campaña de sísmica Sarayaku debió declararse en emergencia por siete meses y movilizar a sus pobladores, hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños a resguardar su territorio en los denominados Campos de Paz y Vida constituidos en medio de la selva, donde se estaba produciendo la invasión armada de CGC y el ejército. Esta decisión implicó graves riesgos para la vida, integridad, salud, alimentación, educación, cultura y espiritualidad de los miembros de Sarayaku.
 
Según información oficial del Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar, en donde la empresa CGC colocó, sin conocimiento de los afectados, sin haberlos consultado antes y en contra de su voluntad, cargas de entre 3 y 5 kgs. de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo. En total hay 1.433 Kgs. (casi tonelada y media) de explosivos sembrados a 12 metros de profundidad y una cantidad no determinada abandonada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento. La información que dio el Ministerio de Energía es que ese explosivo es muy peligroso y que las cargas pueden detonarse accidentalmente con mucha facilidad.
 
A inicios de 2003, Sarayaku, acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando su intervención urgente en salvaguardia de sus derechos violados durante la campaña de sísmica de la empresa CGC. En mayo de ese año, la Comisión dictó Medidas Cautelares a favor de la vida e integridad de los miembros de la comunidad y de su especial relación con su territorio. El Estado Ecuatoriano desoyó sistemáticamente dichas medidas.
 
Frente al incumplimiento de las Medidas Cautelares, la Comisión Interamericana  solicitó a la Corte Interamericana dictar Medidas Provisionales a favor de Sarayaku, las mismas que fueron otorgadas en julio de 2004. Dichas Medidas buscan proteger la vida e integridad de los miembros de Sarayaku, la investigación de los hechos de violencia cometidos en su contra y la garantía efectiva del derecho al libre tránsito violentado por el arbitrario bloqueo del Río Bobonaza efectuado por aliados de la petrolera, como medida de presión para que Sarayaku desista de las acciones legales emprendidas y entre a negociar.
 
Ante el nuevo incumplimiento del Estado ecuatoriano, la Corte, en junio de 2005 ratificó las medidas y las amplió incorporando la disposición de que se retiren urgentemente los explosivos dejados por la CGC en territorio de Sarayaku. Recién en la primera mitad del año 2007, en los primeros meses del gobierno del presidente Rafael Correa, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía y Minas, aceptó la disposición de la Corte Interamericana. Y desde entonces el Ministerio de Minas y Petróleo emprendió gestiones para el retiro de los explosivos; proyecto que empezaría a cristalizarse a fines del mismo año. A diciembre de 2009, con el concurso del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, se había retirado apenas catorce kilogramos de explosivos y el proceso se suspendió hasta la presente fecha.
 
Todo este esfuerzo de parte del gobierno por cumplir las disposiciones de la Corte, destinadas a proteger los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza, se diluyó… El 8 de mayo de 2009, el ministro de Minas y Petróleo autorizó sorpresivamente el reinicio de las operaciones petroleras en los Bloque 23 y 24 a las que el Pueblo de Sarayaku y las Nacionalidades Shuar y Achuar se oponen desde finales de los noventa. Esta autorización también va abiertamente en contra de otras decisiones de organismos internacionales de derechos humanos que amparan a los indígenas. Aún cuando el reinicio de actividades dispuesto no fue acatado por la empresa CGC, este hecho demuestra la frágil situación en la que se encuentra el caso Sarayaku.
 
Peor aún, en la renegociación del contrato del Bloque 10 entre el gobierno del presidente Rafael Correa y la empresa AGIP, celebrada en noviembre de 2010, las autoridades entregaron a dicha empresa petrolera una porción del Bloque 23 que afecta el territorio de varios pueblos indígenas amazónicos. El territorio de Sarayaku queda también afectado por el Bloque 10. Esta redefinición del Bloque se hizo, nuevamente, a espaldas de las nacionalidades y pueblos afectados, sin habérseles consultado ni pedido consentimiento pese a la gravedad de los efectos que esa decisión traerá a sus vidas y territorios.
 
El 26 de enero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su resolución respecto al caso.
 
El caso ha sido remitido a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Los días 6 y 7 de julio de 2011, en San José de Costa Rica, se llevará a cabo la audiencia del caso Sarayaku ante el Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta diligencia es crucial porque en ella el pueblo Kichwa de Sarayaku, de la Amazonía ecuatoriana, presentará ante los jueces de la Corte sus alegatos orales así como  las pruebas testimoniales y periciales con las que demostrará las violaciones de derechos humanos que sufrió durante la actividad petrolera del Bloque 23. Desde Sarayaku viajará a Costa Rica una delegación de líderes, sabios tradicionales, hombres y mujeres de la comunidad.
 
La Corte Interamericana dictará una sentencia que es esperada con expectativa por pueblos indígenas y expertos del mundo entero y en especial del continente americano, pues sentará nuevos precedentes respecto al derecho a la consulta previa y al consentimiento de las comunidades afectadas por proyectos petroleros. Para el Ecuador esa sentencia, que deberá ser cumplida obligatoriamente por el Estado, traerá grandes repercusiones pues zanjará un debate que ha sido muy intenso en los últimos años, respecto al alcance del derecho a la consulta y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son afectados por proyectos de explotación de recursos naturales propiciados por el Estado.