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Organizaciones americanas de derechos humanos exigen investigaciones independientes sobre manifestaciones de octubre en el Ecuador

Las organizaciones de derechos humanos de América abajo firmantes y que participamos en las audiencias del 174 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realiza en Quito, manifestamos lo siguiente:

Desaparición temporal: siete horas de agresión policial

Quito - Pichincha.  Cerca de 47 mujeres y hombres fueron detenidos en el centro histórico durante las protestas sociales, el pasado 9 de octubre de 2019. Juan Recalde[1], joven de 28 años y dirigente indígena, fue detenido también pero lo separaron del grupo. Con su wipala[2] le intentaron ahorcar, lo golpearon con el tolete y en la noche lo subieron a un patrullero, colocaron una funda sobre su cabeza para que no vea la ruta. Siete horas pasó desaparecido. Aquí el testimonio de Juan.

Edison Mosquera murió por un impacto de proyectil de arma de fuego en las protestas de octubre

Cumandá - Quito.  El 7 de octubre de 2019, Edison Eduardo Mosquera Amagua salió desde el sur de Quito hacia el Valle de Los Chillos a trabajar. Su madre Ema Consuelo Amagua, de 51 años, lo esperaba en su casa, pero no regresó. Edison recibió un disparo en la cabeza durante el paro nacional. Aquí el testimonio de su madre, Ema Amagua; su padre; Luis Mosquera;  y su hermana Patricia Mosquera.

Se cumple seis años de la muerte de Freddy Taish ocurrida durante un operativo militar

Ni verdad ni justicia han recibido los familiares de Freddy Taish, joven Shuar que fue impactado por una bala de dotación militar en el sector de Tutus, comunidad Shiram Entza, del cantón Gualaquiza, al sur de la Amazonía ecuatoriana.

José Daniel Chaluisa, muerto en las protestas sociales, registró una luxación en su mano izquierda

San Roque - Quito.  José Daniel Chaluisa Cusco, oriundo de Cotopaxi, trabajaba hace 25 años en el mercado de San Roque, en el centro histórico de Quito. El 7 de octubre de 2019, a las 17:30, José junto a otras personas se sumaron al paro nacional cuando fueron acorralados por miembros de la Policía Nacional. Minutos después circularon por las redes sociales un video donde observa que las personas caen del puente de San Roque, a una altura de 8 metros. La caída le causó un trauma craneoencefálico severo, contusión hemorrágica parietal y una fractura del arco costal izquierdo.

90 dias de instruccion para investigar a la policia en caso Ayol

Categoría: Actualidad Creado: Viernes, 30 Diciembre 2016 21:51
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Comunicación INREDH

 

18/11/2016

90 días de instrucción para investigar a la policía en caso Ayol

 

 

El magistrado de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, Giovanny Freire, acepta 90 días de instrucción para determinar elementos de convicción que permitan a Fiscalía llamar o no a juicio  a los dos policías que participaron la detención ilegal y tortura de Angelo Ayol, joven de 17 años que fue aprehendido el pasado 17 de septiembre de 2014, mientras se desarrollaban protestas sociales en los exteriores del Colegio Mejía.

 

La audiencia de formulación de cargos se instaló ayer, 17 de noviembre de 2016, a las 15:00 en la Unidad Judicial. Duro una hora. En la audiencia estuvieron presentes Angelo Ayol, sus padres, los abogados del caso  y siete miembros de la Policía Nacional que habían sido llamados, uno de ellos no asistió y en su representación fue su abogado.

La fiscal responsable de la investigación Marlyn Calderón formuló cargos en contra de Freddy F. y  David A., 2 de los 7 policías por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público tipificado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“La fiscal formuló cargos en contra de dos de los llamados a la audiencia y bajo el delito de extralimitación de un acto en servicio y no bajo el delito de tortura como en un principio se lo había denunciado, además omitió el tipo penal de detención ilegal que se encontraba como segunda figura durante la investigación a parte del delito de tortura”, así dijo Ginna Pasquel, asesora legal de Inredh.

La Fiscal Marlyn Calderón  pidió como medidas cautelares para los dos procesados: la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante autoridad.

Para Harold Burbano, asesor jurídico de INREDH, este caso se trata claramente de un proceso de tortura y detención ilegal a un menor de edad, pero eso no fue tomado en cuenta por la fiscal quien consideró que se trataba de un delito menor en el que la Policía se sobrepasó en su ejercicio. Burbano también explicó que, el cambio del tipo penal implica una sanción mucho menor, es decir, que el delito de tortura tiene una pena privativa de libertad de 7 a 10 años, pero si es servidor público quien la ejecuta la pena puede llegar hasta 10 años, mientras que el de la extralimitación sigue las reglas de lesiones aumentadas en un tercio,  que para el presente caso significa privación de libertad menor a un año.

Además, el jurista dijo que todo este proceso está lleno falencias a causa del trabajo negligente de fiscalía y esto ha revictimizado a la familia y a la víctima.

Para la familia Ayol, la imputación de la Fiscal es indignante porque actúa en defensa de los policías cuando todos sabemos que ellos cometieron aun acto de tortura “para nosotros nos parece una burla por parte de la Fiscalía y esperamos que exista una verdadera independencia en la justicia”, dijo  Bolívar Ayol.

 

Durante la audiencia, familiares y amigos realizaron un plantón en los exteriores de la Unidad Judicial.