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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

Organizaciones de derechos humanos se pronuncian sobre la investigación penal en el caso del Turi

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 13 Abril 2017 09:55
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Comunicación INREDH

13/04/2017

Organizaciones de derechos humanos se pronuncian sobre la investigación penal en el caso del Turi

 

 

 

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE) y la Asociación de Derechos Humanos del Azuay (ADHA) nos pronunciamos ante la opinión pública sobre el proceso penal que se impulsa por los hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes acontecidos el 31 de mayo de 2016 en el Pabellón Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social del Turi.

En aquella fecha, cerca de 80 miembros de la Policía, pertenecientes a la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), ingresaron al mencionado centro para realizar un supuesto operativo policial de  requisa, y sometieron a las personas privadas de  libertad, durante aproximadamente tres horas, a actos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

 

Las personas privadas de libertad fueron acostados boca abajo y una vez sometidos, los agentes del orden caminaron sobre sus espaldas, los desnudaron en público, los patearon, golpearon con toletes, fueron vejados, recibieron insultos, amenazas y descargas eléctricas. Videos y fotos que circularon en distintos medios de comunicación tradicionales y en redes sociales constataron el testimonio de las víctimas y evidenció la violenta e injustificada conducta de los agentes policiales. Estos hechos se encuentran prohibidos por la Constitución de la República y tratados internacionales ratificados por el Estado.

 

Al momento se encuentra en curso la investigación penal a manos del Fiscal 2do de Garantías y Personas de Cuenca, Adrán Arpi Brito, quien inició la instrucción fiscal en enero de este año. La reconstrucción de los hechos que debió realizarse este lunes 10 de abril fue suspendida y se espera que se señale nueva fecha y hora para llevarla a cabo.

 

El Estado ecuatoriano, a través de sus órganos competentes, tiene la obligación de investigar acorde a los parámetros de debida diligencia, y sancionar a todos los responsables de los hechos, que no se limita a autores materiales y cómplices, sino a todos quienes, por acción u omisión, contribuyeron a que se cometieran estas graves violaciones de derechos, cumpliendo así con los estándares internacionales para la investigación y sanción del delito.

 

Solo una investigación seria, diligente y expedita permitirá conocer a la sociedad ecuatoriana la verdad de lo sucedido, restituyendo la tranquilidad y confianza de que estamos realmente protegidos por el Estado cuando somos víctimas de violaciones a nuestros derechos. La impunidad solo propicia la repetición crónica de los hechos y la indefensión de las víctimas.

 

Como organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la promoción y defensa de los derechos humanos, nos mantendremos vigilantes del cumplimiento de las obligaciones estatales y que el Caso del Turi y otros no queden en la impunidad.

 

ATENCEDENTES DEL CASO

 

La sentencia de habeas corpus en el Caso Turi

 

Los hechos de tortura, tratos cureles, inhumanos y degradantes que sufrieron las personas privadas de libertad fueron objeto de una sentencia de habeas corpus emitida a favor de 13 internos, que se atrevieron a  solicitar protección para su integridad. En esta sentencia, de fecha 30 de septiembre de 2016, se estableció que las personas privadas de libertad fueron víctimas de “(…) acciones del todo injustificadas que devinieron en trato cruel, e inhumano con actos en contra de la integridad física y psíquica de los legitimados activos (…) “y se establecieron seis medidas de reparación integral[1].

 

No obstante, la sola evidencia o reconocimiento de la existencia de aquellos hechos no basta para satisfacer una adecuada reparación y garantizar que actos similares no vuelvan a ocurrir. Es, además, indispensable y necesario, evitar a toda costa la impunidad de estos y otros hechos similares que menoscaban la dignidad e integridad humana.

 

Si bien esta sentencia establece un precedente positivo, no compartimos con la afirmación del juez constitucional  de que los sucedido en el Turi fueron “hechos aislados” de ciertos policías, cuando en la instrucción fiscal se encuentra involucrados más de 40 agentes del orden.

 

En ese sentido, vemos con preocupación que de las medidas de reparación dictadas en el habeas corpus, se han venido ejecutando con dificultad aquellas que estaban a cargo de las carteras de Estado. A pesar de que se ha dado cumplimiento con los traslados de los internos y las disculpas públicas de los policías, hasta la fecha de este comunicado, el Ministerio de Salud se ha excusado  de cumplir con el tratamiento psicológico de todos los internos afectados por supuesta falta de información; no existe constancia de cuales garantías de no repetición ha adoptado el Ministerio de Justicia y del Interior para que no vuelvan a ocurrir hechos similares; y aún estamos a la espera de información sobre la forma cómo se ejecutará este próximo 31 de mayo las charlas en todos los centro penitenciarios sobre “ Derechos Humanos frente a todas las personas privadas de Libertad”.

 

El caso Turi preocupó a la ONU

 

Ante la magnitud de lo acontecido, estos hechos también generaron preocupación en el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que en el examen periódico al Ecuador  llevado a cabo en noviembre de 2016, señaló que el Estado debe remitir información completa sobre el resultado de las investigaciones de los abusos en el Turi.

 

En conclusión, esperamos que tanto la sentencia del habeas corpus, la recomendación del Comité contra la Tortura, como la investigación penal que está llevando la Fiscalía en Cuenca, permita adoptar al Estado ecuatoriano, de forma urgente e inmediata, medidas eficaces y efectivas para  prevenir, investigar y sancionar la  tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, en especial cuando se trata de población vulnerable como son los privados de libertad.