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Desaparición temporal: siete horas de agresión policial

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Organizaciones de derechos humanos se pronuncian sobre la investigación penal en el caso del Turi

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 13 Abril 2017 09:55
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Comunicación INREDH

13/04/2017

Organizaciones de derechos humanos se pronuncian sobre la investigación penal en el caso del Turi

 

 

 

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE) y la Asociación de Derechos Humanos del Azuay (ADHA) nos pronunciamos ante la opinión pública sobre el proceso penal que se impulsa por los hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes acontecidos el 31 de mayo de 2016 en el Pabellón Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social del Turi.

En aquella fecha, cerca de 80 miembros de la Policía, pertenecientes a la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), ingresaron al mencionado centro para realizar un supuesto operativo policial de  requisa, y sometieron a las personas privadas de  libertad, durante aproximadamente tres horas, a actos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

 

Las personas privadas de libertad fueron acostados boca abajo y una vez sometidos, los agentes del orden caminaron sobre sus espaldas, los desnudaron en público, los patearon, golpearon con toletes, fueron vejados, recibieron insultos, amenazas y descargas eléctricas. Videos y fotos que circularon en distintos medios de comunicación tradicionales y en redes sociales constataron el testimonio de las víctimas y evidenció la violenta e injustificada conducta de los agentes policiales. Estos hechos se encuentran prohibidos por la Constitución de la República y tratados internacionales ratificados por el Estado.

 

Al momento se encuentra en curso la investigación penal a manos del Fiscal 2do de Garantías y Personas de Cuenca, Adrán Arpi Brito, quien inició la instrucción fiscal en enero de este año. La reconstrucción de los hechos que debió realizarse este lunes 10 de abril fue suspendida y se espera que se señale nueva fecha y hora para llevarla a cabo.

 

El Estado ecuatoriano, a través de sus órganos competentes, tiene la obligación de investigar acorde a los parámetros de debida diligencia, y sancionar a todos los responsables de los hechos, que no se limita a autores materiales y cómplices, sino a todos quienes, por acción u omisión, contribuyeron a que se cometieran estas graves violaciones de derechos, cumpliendo así con los estándares internacionales para la investigación y sanción del delito.

 

Solo una investigación seria, diligente y expedita permitirá conocer a la sociedad ecuatoriana la verdad de lo sucedido, restituyendo la tranquilidad y confianza de que estamos realmente protegidos por el Estado cuando somos víctimas de violaciones a nuestros derechos. La impunidad solo propicia la repetición crónica de los hechos y la indefensión de las víctimas.

 

Como organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la promoción y defensa de los derechos humanos, nos mantendremos vigilantes del cumplimiento de las obligaciones estatales y que el Caso del Turi y otros no queden en la impunidad.

 

ATENCEDENTES DEL CASO

 

La sentencia de habeas corpus en el Caso Turi

 

Los hechos de tortura, tratos cureles, inhumanos y degradantes que sufrieron las personas privadas de libertad fueron objeto de una sentencia de habeas corpus emitida a favor de 13 internos, que se atrevieron a  solicitar protección para su integridad. En esta sentencia, de fecha 30 de septiembre de 2016, se estableció que las personas privadas de libertad fueron víctimas de “(…) acciones del todo injustificadas que devinieron en trato cruel, e inhumano con actos en contra de la integridad física y psíquica de los legitimados activos (…) “y se establecieron seis medidas de reparación integral[1].

 

No obstante, la sola evidencia o reconocimiento de la existencia de aquellos hechos no basta para satisfacer una adecuada reparación y garantizar que actos similares no vuelvan a ocurrir. Es, además, indispensable y necesario, evitar a toda costa la impunidad de estos y otros hechos similares que menoscaban la dignidad e integridad humana.

 

Si bien esta sentencia establece un precedente positivo, no compartimos con la afirmación del juez constitucional  de que los sucedido en el Turi fueron “hechos aislados” de ciertos policías, cuando en la instrucción fiscal se encuentra involucrados más de 40 agentes del orden.

 

En ese sentido, vemos con preocupación que de las medidas de reparación dictadas en el habeas corpus, se han venido ejecutando con dificultad aquellas que estaban a cargo de las carteras de Estado. A pesar de que se ha dado cumplimiento con los traslados de los internos y las disculpas públicas de los policías, hasta la fecha de este comunicado, el Ministerio de Salud se ha excusado  de cumplir con el tratamiento psicológico de todos los internos afectados por supuesta falta de información; no existe constancia de cuales garantías de no repetición ha adoptado el Ministerio de Justicia y del Interior para que no vuelvan a ocurrir hechos similares; y aún estamos a la espera de información sobre la forma cómo se ejecutará este próximo 31 de mayo las charlas en todos los centro penitenciarios sobre “ Derechos Humanos frente a todas las personas privadas de Libertad”.

 

El caso Turi preocupó a la ONU

 

Ante la magnitud de lo acontecido, estos hechos también generaron preocupación en el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que en el examen periódico al Ecuador  llevado a cabo en noviembre de 2016, señaló que el Estado debe remitir información completa sobre el resultado de las investigaciones de los abusos en el Turi.

 

En conclusión, esperamos que tanto la sentencia del habeas corpus, la recomendación del Comité contra la Tortura, como la investigación penal que está llevando la Fiscalía en Cuenca, permita adoptar al Estado ecuatoriano, de forma urgente e inmediata, medidas eficaces y efectivas para  prevenir, investigar y sancionar la  tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, en especial cuando se trata de población vulnerable como son los privados de libertad.