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Caso Ayol: audiencia de juzgamiento por delito de tortura

Este miércoles 20 y jueves 21 de junio de 2018, a las 08:30, en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha se instalará la audiencia de juzgamiento por los hechos de tortura ocurridos en el caso de Ángelo Ayol, ex estudiante del Colegio Mejía que fue detenido ilegalmente y torturado por miembros de la Policía Nacional, mientras se desarrollaban las protestas sociales del 17 de septiembre de 2014, en la ciudad de Quito.

Inredh aclara que suspensión de actividad minera en Mirador no responde a la acción de protección sino a directrices del MAE

La suspensión temporal de la actividad minera del proyecto Mirador que se ejecuta en la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe, es por el incumplimiento de la licencia ambiental y por realizar actividades sin permisos respectivos de la autoridad ambiental y sectorial cometidos por la empresa minera Ecuacorriente S.A, así lo informó el pasado 15 de mayo de 2018, el Ministerio de Ambiente.

La falta de respuesta a más de 700 solicitudes de acceso al agua fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo

Una comitiva de la comunidad de San Pablo de Amalí, de la provincia de Bolívar; Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)denunció ayer, 12 de junio de 2018,ante la Defensoría del Pueblo, que la Secretaría del Agua (Senagua) no resuelve las centenares denuncias sobre el acceso al agua que reposa en su despacho.

Comuneros de San Pablo de Amalí se reunirán con la Defensoría del Pueblo para denunciar atropellos de la hidroeléctrica Hidrotambo S.A

Este martes, 12 de junio de 2018, a las 14:00, los moradores de la comunidad de San Pablo de Amalí, cantón Chillanes, provincia Bolívar; y los representantes de Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh) se reunirán con Francisco Hurtado, adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, para denunciar las vulneraciones de sus derechos cometidos por el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ejecutado por la empresa Hidrotamabo S.A. Manuel Trujillo, presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, dijo que en esta reunión abordarán cinco puntos: adjudicación del agua a la hidroeléctrica, problemas de tierras, muro de contención,  criminalización y hostigamiento a los defensores de derechos humanos. Actualmente existen más de 700 solicitudes de adjudicación del agua presentada por los comuneros sin respuesta y 12 personas están siendo procesadas por el supuesto delito de sabotaje y terrorismo ocurrido en el año 2012. La reunión se realizará en la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en la Av. de la Prensa N54-97 y Jorge Piedra, norte de Quito. 

Juez suspende audiencia y ordena se realice un peritaje antropológico en comunidad indígena

El lunes, 04 de junio de 2018, se llevó a cabo la Audiencia de Acción de Protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero, y la empresa minera Ecuacorriente S.A., por la falta de consulta previa frente a la ejecución del proyecto minero Miradory por los desalojos forzadosocurridos en el año 2015, en la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador- “CASCOMI”, asentada en la parroquiaTundayme, provincia de Zamora Chinchipe.Esta acción se la presentó ante la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la Parroquia Iñaquito, a cargo del juez de constitucional Carlos AlfonsoDávila.

Caso Francisco Cajigas: la búsqueda de justicia en un laberinto de impunidad

Categoría: Actualidad Creado: Viernes, 17 Noviembre 2017 15:26
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Comunicación INREDH 

17/11/2017

 

 Caso Francisco Cajigas: la  búsqueda de justicia en un laberinto de impunidad


 

Francisco Javier Cajigas Botina, joven colombiano de 33 años residía en un departamento junto a su esposa, su hija menor, el 17 de noviembre del 2015, a pocos metros de ella fue interceptado por tres policías entre las calles Flores y Salinas, en el centro de la ciudad de Ibarra, en el norte del país. Francisco fue acusado de haber roto un espejo retrovisor de un vehículo, frente a lo cual se formó un forcejeo con los tres agentes de la policía, hasta que una patrulla con otros dos oficiales  detuvieron al joven. Esta fue la última vez que se vio a Francisco con vida.

El 30 de noviembre del 2015, la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased) localizó el cadáver de Francisco Cajigas, cerca de la laguna de Yaguarcocha, en Imbabura. La noticia fue compartida por el ex ministro de Interior José Serrano quien confirmó a través de si cuenta de Twitter, la identidad de la víctima, también anunció que se haría una autopsia para iniciar una investigación.

Tras lo sucedido, se inició un proceso de investigación por parte de las autoridades ecuatorianas, sin embargo, cinco meses después, el 20 de mayo del 2016 la familia de Francisco Cajigas descubrió un hecho espantoso. En el cementerio de la ciudad de Pasto en Colombia, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el equipo de Medicina Legal de Nariño, el antropólogo de la ciudad de Bogotá, el fiscal Jefferson Ibarra – Ecuador, miembros de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y el representante del Ministerio del Interior- Ecuador informaron que el cuerpo de Francisco no estaba completo, le faltaba el cráneo. Pasó mas de un año y Fiscalía nunca pudo responder por qué la cabeza fue desprendida del cuerpo de Francisco, La familia Cajigas estaba indignada y furiosa, como lo cuenta Carlos Ruiz hermano de Francisco, cuando se enteró que el médico forense justificó la perdida del cráneo aduciendo que “se olvidaron el cráneo en un cajón del Centro de Investigaciones de Ciencias Forense de Esmeraldas”.

Fue hasta septiembre del 2017 que la familia de Francisco Cajigas recibió el cráneo por parte de la Fiscalía ecuatoriana, el cráneo inmediatamente fue trasladado a la ciudad de Bogotá para una prueba de ADN, los expertos de la ciudad de Bogotá contactaron a Esmeralda Enrique, cuñada de la victima para informar que la prueba de ADN es imposible de realizar, debido a que  el cráneo fue lavado con un químico fuerte que alteró su composición (el cráneo podría destruirse por la toma de muestras de ADN o pruebas periciales). Los expertos forenses de Bogotá sugirieron que se realice una prueba morfológica con el cuerpo para determinar su corrobación.

La Familia Botina  actualmente sigue dos procesos uno por el delito de alteración de evidencia contra tres funcionarios del Centro Forense de Esmeraldas; el médico legista y sus dos auxiliares, además de seguir el proceso penal de investigación por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Francisco.

Dentro del proceso de alteración de evidencia los familiares de Francisco se encuentran a la espera del oficio que notifique la audiencia de preparatoria y evaluatoria de juicio contra el médico legista y sus dos auxiliares. Esmeralda Enríquez cuñada de la victima identificó a esta persona y aseguró que “Fue el mismo quien no permitió que veamos el cuerpo de Francisco”.

Por otro lado, en el proceso por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, la familia espera el informe pericial de Colombia por la cooperación internacional que fue solicitado a Fiscalía, para ello se necesita el informe pericial de la muerte de Francisco y del objeto que lo golpeó y ocasionó la muerte, mismo procedimiento que se ve truncado por el Estado del cráneo.

Esmeralda Enríquez pide al Estado celeridad en el proceso para que se llegue a la verdad y se castigue a los culpables de los dos procesos desaparición forzada y alteración del cráneo. “Consideramos que estando ya identificados los culpables en cada uno de los delitos es justo que se los procese y paguen por su culpa, sin exponer más a la comunidad. Por qué son miembros de entidades del Estado que ponen en riesgo la vida de otros colombianos y estamos convencidos que el caso de Francisco tiene mucho que ver con la xenofobia por el concepto que nos tienen los colombianos en Ecuador”.

Carlos Ruiz, hermano de Francisco Cajigas, expresa “Han pasado dos años de lo sucedido con mi hermano, es tan doloroso para nosotros que en dos años, dos años de lucha, de incertidumbre, de zozobra, de un dolor que si bien a veces se aliviana, nunca se va a borrar. Resulta irónico que es más doloroso todavía lo que sucedió después, puesto que no entendemos por qué le hicieron eso y no entendemos cómo los policías que están involucrados, los verdaderos asesinos están libres… es preocupante y doloroso para nosotros, para la sociedad y el  Estado. Nos hemos decepcionados de muchas cosas de los mismos procesos lentos, ineficaces, los procesos se dilatan por cualquier situación”.

“La  muerte de mi hermano es más dolorosa aún porque a mi hermano lo hemos enterrado una y otra vez... aparte que lo manipularon con el objetivo de ocultar evidencias, queremos que se encuentren a los culpables, así sean médicos forenses, funcionarios públicos, hasta los mismos policías;  a pesar de todas las cosas malas que han sucedido, También hemos encontrado personas que han sufrido lo mismo y siguen en la lucha tenemos la convicción de que tarde o temprano se haga la verdadera justicia”

Daniel Véjar, abogado de la Fundación Inredh, imputa que el Estado tome con seriedad la investigación y la consecuente judicialización de estos hechos, ya que constituyen una clara grave violación de derechos humanos. El jurista exige que la investigación se respalde en instrumentos internacionales, ya que se debe recordar que el Estado ecuatoriano ya ha sido responsable por graves violaciones de derechos humanos como lo es el caso Zambrano-Vélez o Vázquez-Duran contra Ecuador, exigimos este respaldo  tanto en los procesos de Esmeraldas por la manipulación de evidencias, como el desaparición forzada en Ibarra

Francisco fue el tercero de cuatro hermanos. Nació el 11 de junio de 1982, en la ciudad de Pasto, en Colombia, Cajigas dejó a dos niños menores en la orfandad, hasta el día de hoy la familia Cajigas se encuentra en una suerte de dolor tortuoso cada vez que enfrentan diligencias de los procesos a la espera que se de celeridad al caso y sus diligencias que involucran acciones de los dos países.