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Denuncian falta de judialización de casos de la Comisión de la Verdad e intento de cerrar fiscalías

Alrededor de 60 personas víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos ocurridos desde el gobierno de León Febres Cordero hasta el expresidente Rafael Correa realizaron hoy, 14 de marzo de 2019, un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para exigir la judialización de los 118 casos recogidos en el Informe de la Comisión Verdad publicado en el 2010.

Familiares y víctimas de graves violaciones de derechos humanos a nivel nacional llegan a Quito

El Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de los Derechos Humanos convoca a la sociedad y a los medios de comunicación al plantón “No más impunidad” que se realizará este jueves 14 de marzo del 2019, a las 9 de la mañana, en los exteriores de Fiscalía General del Estado, ubicada en la avenida Patria y 12 de Octubre.  

Pueblo Shuar Arutam presenta acción de protección contra empresa minera EXSA San Carlos – Panantza

El pueblo Shuar Arutam con el apoyo de la Fundación Tiam, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) presentaron el 8 de marzo del 2019, la acción de protección en contra de la implementación del proyecto minero San Carlos- Panantza; sin la realización de una consulta previa libre e informada irrespetando sus derechos colectivos.

Jueza dispone 15 días para incorporar peritaje en caso Juliana Campoverde

Hoy, 7 de marzo de 2019, la jueza de la Unidad Penal Yadira Proaño dio un plazo de 15 días a la Fiscalía para incluir el informe de peritaje de Criminalística solicitada por la defensa de Jonathan C. procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio de 2012, en el sur de Quito.

Audiencia por la desaparición de Juliana Campoverde se instalará este jueves

Mañana 07 de marzo del 2019, a las 10H00, la jueza Yadira Proaño instalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio sobre la desaparición de Juliana Campoverde que fue vista por última vez el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Informe no más minería en la Cordillera del Cóndor - Ecuador

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 14 Diciembre 2017 11:53
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Comunicación 

14/12/2017

Informe no más minería en la Cordillera del Cóndor - Ecuador 

 

 

Gloria Chicaiza, Acción Ecológica; Harold Burbano, Inredh; William Uyaguari, Cascomi; Elsie Monge, Cedhu; Liliana Ramón, Cascomi; y Alicia Granda, Cedhu.

 

París, Quito,  14 de diciembre  de 2017.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) junto con sus organizaciones miembro en Ecuador, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y Acción Ecológica solicitan al nuevo gobierno ecuatoriano declarar la caducidad de las concesiones y anular las licencias, autorizaciones y permisos extendidos a los proyectos Panantza-San Carlos, Mirador y Fruta del Norte, ya que éstos han causado violaciones a los derechos humanos y del territorio de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como daños a la naturaleza. Nuestras organizaciones exigen que se haga cumplir la obligación de restaurar los ecosistemas y reparar integralmente a las personas y comunidades afectadas desde hace aproximadamente 20 años.

"Esperamos que el gobierno de Lenin Moreno cumpla el anuncio hecho al movimiento indígena el lunes 11 de diciembre de suspender la entrega de nuevas concesiones mineras y atienda de forma prioritaria las graves violaciones de derechos humanos y de la naturaleza en la Cordillera del Cóndor.”, señalaron las organizaciones.

La Cordillera del Cóndor tiene una de las concentraciones de biodiversidad más ricas del mundo y allí habitan sociedades amazónicas, entre ellas la nacionalidad Shuar que constituye el grupo amazónico más numeroso de Ecuador. En esos territorios se han instalado los proyectos mineros Panantza-San Carlos y Mirador propiedad del consorcio Chino CRCC-Tongguan Investement Company con casi 50000 mil hectáreas concesionadas y el proyecto Fruta del Norte de propiedad de la empresa sueco canadiense Lundin Gold Corp con 75000 hectáreas concesionadas.

Estos proyectos de extracción de recursos no renovables fueron autorizados y mantenidos  incumpliendo el derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada y a pesar de que el Mandato Minero No. 6 de 2008 debió llevar a la extinción de las concesiones sobre las que se desarrollan estos  proyectos.

Durante la última década organizaciones no gubernamentales han documentado el impacto  de la expansión e intervención minera a gran escala en la Cordillera del Cóndor en los derechos humanos y en la naturaleza, a través de los trabajos que han sido compilados en un Informe que se publica el día de hoy: “Vulneración de derechos humanos y de la naturaleza en la Cordillera del Cóndor”.

En este informe las organizaciones solicitan la extinción de los proyectos mineros a causa del acaparamiento de la tierra irregular e ilegal de las empresas y los graves impactos que han tenido sobre la naturaleza, ríos, bosques y suelos. Esto afecta a la vez a las poblaciones locales, lesionando su soberanía alimentaria y salud; sus actividades ocupacionales -agricultura, ganadería, recolección y pesca-, sus prácticas culturales, todo lo cual sostiene su identidad y tejido socio-organizativo.

Estas vulneraciones se traducen en un acumulado de violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada (incluyendo la tierra/territorio), a la alimentación, al agua, a la salud, a la cultura,  la educación, al trabajo, a la seguridad de las personas, a la seguridad de un hogar, a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad de circulación, a la autodeterminación de los pueblos, entre otros.

A lo anterior se suma la represión y criminalización constante a través de la interposición de denuncias y juicios desde el Estado y empresas, en contra de dirigentes, líderes y demás personas que se han organizado para la defensa de sus comunidades y territorios, especialmente en zonas de influencia de los proyectos mineros Mirador y Panantza-San Carlos. Las organizaciones solicitan al gobierno continuar con la suspensión de los procesos judiciales, iniciados en julio de este año, y que se garantice un entorno favorable para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Ecuador.

Finalmente, las recomendaciones del informe vienen en complemento al proceso actual de negociación de un instrumento internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, para que dicho proceso sea acompañado, tanto en los países de origen de las empresas como en Ecuador, por el fortalecimiento de los marcos jurídicos nacionales para garantizar la protección de los derechos humanos y los y los defensores que trabajan en el contexto de operación de empresas extractivas.