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Denuncian falta de judialización de casos de la Comisión de la Verdad e intento de cerrar fiscalías

Alrededor de 60 personas víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos ocurridos desde el gobierno de León Febres Cordero hasta el expresidente Rafael Correa realizaron hoy, 14 de marzo de 2019, un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para exigir la judialización de los 118 casos recogidos en el Informe de la Comisión Verdad publicado en el 2010.

Familiares y víctimas de graves violaciones de derechos humanos a nivel nacional llegan a Quito

El Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de los Derechos Humanos convoca a la sociedad y a los medios de comunicación al plantón “No más impunidad” que se realizará este jueves 14 de marzo del 2019, a las 9 de la mañana, en los exteriores de Fiscalía General del Estado, ubicada en la avenida Patria y 12 de Octubre.  

Pueblo Shuar Arutam presenta acción de protección contra empresa minera EXSA San Carlos – Panantza

El pueblo Shuar Arutam con el apoyo de la Fundación Tiam, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) presentaron el 8 de marzo del 2019, la acción de protección en contra de la implementación del proyecto minero San Carlos- Panantza; sin la realización de una consulta previa libre e informada irrespetando sus derechos colectivos.

Jueza dispone 15 días para incorporar peritaje en caso Juliana Campoverde

Hoy, 7 de marzo de 2019, la jueza de la Unidad Penal Yadira Proaño dio un plazo de 15 días a la Fiscalía para incluir el informe de peritaje de Criminalística solicitada por la defensa de Jonathan C. procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio de 2012, en el sur de Quito.

Audiencia por la desaparición de Juliana Campoverde se instalará este jueves

Mañana 07 de marzo del 2019, a las 10H00, la jueza Yadira Proaño instalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio sobre la desaparición de Juliana Campoverde que fue vista por última vez el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Acción de protección: un camino para reparar a las familias desalojadas de Tundayme

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 31 Enero 2018 13:22
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Comunicación INREDH

31/01/2018

Acción de protección: un camino para reparar a las familias desalojadas de Tundayme

 

La mañana de hoy, miércoles 31 de enero de 2018, a las 09:00, la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), la Red Eclesial PanAmazónica  (REPAM)  y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron una Acción de Protección solicitando la reparación integral de las 36 familias campesinas e indígenas desalojadas en Tundayme en el año 2014 y 2015, como resultado de la concesión minera otorgada a favor de la empresa Ecuacorriente S.A, en la provincia de Zamora Chinchipe.

 

 

Esta acción, presentada ante la Sala de Sorteos del Complejo Judicial Norte, recayó en las manos del juez Carlos Alfonso Dávila Ortega de la Unidad Judicial de Trabajo. el magistrado luego de aceptar el trámite tiene cinco días para notificar hora y fecha de la audiencia.

 

La acción fue planteada en contra el Estado, en las instituciones del Ministerio de Minería, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente y Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), así como contra la empresa minera Ecuacorrientes S.A.

 

La acción visibiliza dos de las principales violaciones de las que han sido víctimas los proponentes: primero, la falta de consulta previa y segundo, la violación al derecho a la vivienda digna.   

 

Según el Art. 57 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT de la que el Ecuador es parte,los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a que se les consulte de forma previa, libre, oportuna e informada acerca de cualquier plan de explotación de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

 

Para Gabriela Flores, asesora legal de Inredh, la realización de esta consulta es obligatoria según los instrumentos internacionales; sin embargo, en el presente caso, la comunidad de Cascomi  nunca fue consultada acerca de la concesión en cuestión, a pesar de afectar su territorio de forma directa.  Ello constituye una violación a sus derechos constitucionales".  

 

 

Según Francis Andrade, de la Repam, esta acción de protección se alinea con el mandato de apoyo a lucha de la comunidad amazónica a nivel regional en la reivindicación de sus derechos.  

 

 

Esta acción de protección pretende que se haga justicia con las 36 familias afectadas, logrando que el Estado asuma su responsabilidad en las violaciones de estos derechos y repare de forma integral los daños físicos y psicológicos causados, incluyendo la reubicación de las familias desalojadas en territorios que cumpla con características similares del territorio del cual fueron desalojados, la adopción de medidas de rehabilitación y de reactivación económica en favor de la comunidad, las disculpas públicas, entre otros.

 

En la presentación de la acción de protección estuvieron presentes, el presidente de la comunidad de Cascomi, Luis Sánchez, que denunció las afectaciones ambientales como la contaminación del río, los desalojos que sufrieron desde 2014 y los daños psicológicos que implica sufrir un desalojo.

 

 

También acompañó, el vicepresidente de la Conaie, Cesar Tixilema, quien comentó sobre los efectos de la minería y las grave violaciones a estas comunidades y que hasta la fecha no son reubicadas de manera digna.

 

 

 

Para el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez, quien apoya la acción de protección, es necesario que exista una orden de proteger los derechos de los pueblos, el medio ambiente y la vida.

 

 

Las organizaciones que presentaron esta acción quedan atentas a las demás acciones que sean necesarias para que las 32 familias desalojadas puedan gozar nuevamente de los derechos que les fueron conculcados y vivir de manera digna, sin contaminaciones por cualquier actividad extractiva.

 

Leer Acción de Protección presentada