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Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

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Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

Organizaciones sociales exigen al Estado ecuatoriano acudir a la audiencia de mujeres ante la CIDH

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 07 Febrero 2018 13:56
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Comunicación INREDH 

07/02/2018

Organizaciones sociales exigen al Estado ecuatoriano acudir a la audiencia de mujeres ante la CIDH


 

Este miércoles, 7 de febrero de 2018,  cuatro organizaciones de derechos humanos y de mujeres exhortaron al Estado ecuatoriano a participar en la audiencia temática “Situación de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador” que se desarrollará el próximo 28 de febrero en Bogotá, en el período de sesiones 167 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ana Vera, directora de Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos  (Surkuna), indicó en su intervención que “estas audiencias son importantes y son vinculantes, pero es necesario que el Estado esté presente, para que conozca la problemática y pueda comprometerse en qué va hacer para tomar medidas que garanticen que las mujeres accedamos de forma efectiva a la justicia”.

Con ella coincide, Gabriela Flores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que asegura que es fundamental la presencia del Estado ecuatoriano, sin embargo, señala que en los últimos 5 años el Estado se ha negado asistir a  las audiencias temáticas de la Comisión. “Al estar en nuevo régimen –dice Flores – instamos a que el gobierno asista y escuche a las mujeres para que nos dé otra respuesta que no sea el silencio”.

La problemática a abordarse en la audiencia se refiere a los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia en Ecuador en casos de desapariciones, violencia sexual, mujeres LGBTI y femicidio;  así como la criminalización de mujeres por aborto y parto.

Del universo de desapariciones en Ecuador,  el 67% corresponde a mujeres entre 11 a 22 años de edad, en la provincias de Guayas, Pichincha, Azuay, Los Ríos, Manabí y El Oro. Para Gabriela Flores, asesora Legal de Inredh, pese a que estos datos son alarmantes, el Estado ecuatoriano no ha realizado un análisis estadístico integral y eficiente que permita atacar y prevenir el cometimiento de estos hechos.

Más aún, enfatiza la jurista, que no existe normativa que regule la respuesta estatal frente a las desapariciones involuntarias y, por ello, son tratadas como un acto administrativo, es decir, que se las investiga de la misma forma que la pérdida de un vehículo o  un revenido químico.

Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde desaparecida el 7 de julio de 2012, dice que por su caso han pasado 12 fiscales retardando las investigaciones. Además, denuncia que desde el inicio hubo errores en el proceso. “No se recogió las versiones de amigas, familiares y de los sospechosos, no se investigaron números de teléfonos, ni se hizo cruce de llamadas – dice Elizabeth-. Dejaron pasar 2 años y medio para realizar la reconstrucción de los hechos”.

Igual situación vivió Yadira Labanda, quien buscó incansablemente a su hija Angie Carrillo desaparecida desde el 2014. 27 meses después encontró las osamentas de su hija, enterradas a dos cuadras del domicilio de su ex novio. Ella cuenta que, durante todo el proceso ella lo señaló como el responsable de los hechos, sin embargo, Fiscalía no hizo caso a la familia de investigarlo desde el inicio. El caso fue tratado como femicidio pero luego se cambió la figura penal.

En el país, cada 55 horas una mujer es asesinada, así lo registra el Colectivo Geografía Critica.  Para Miriam Ernest, miembro de la Coalición Nacional de Mujeres, las mujeres entre 18 y 20 años son las más propensas a convertirse en víctimas de este delito.

Ernest, dice que es importante la reciente Ley aprobada para erradicar la violencia contra las mujeres, pero señala que con frecuencia las leyes se quedan en el papel y no se cumplen, por eso ella exhorta al Estado a que implemente de forma efectiva esta ley.

Otras de las problemáticas que asechan a las mujeres son la violencia sexual y la judialización del aborto. Según Vera, 6 de cada de 10 violaciones en el país corresponde a niñas, niños y adolescentes y  el 90% ocurre en el círculo familiar, lo cual dificulta la denuncia. Este escenario, según la jurista, es empeorado por el cuestionamiento constante a los testimonios dados por las víctimas quienes, además, son obligados a rendir sus versiones más de dos veces. “Los estándares internacionales dicen que el testimonio de la víctima es fundamental, pero en Ecuador se cuestiona a la víctima. Hay procesos de revictimización”.

Por su parte Cayetana Salao, de Taller de Comunicación Mujer, dijo que las mujeres lesbianas son víctimas de las clínicas de deshomosexualización en Ecuador, en donde se les imponen terapias correctivas victimizantes, con la anuencia de la familia. “El Estado ha intervenido 7 clínicas donde se práctica el delito de odio contra mujeres lesbiana – dijo Salao-, pero por este delito nos hay personas sancionadas”.

Las mujeres trans también han sido víctimas de prácticas correctivas, de maltratos, torturas e, incluso, asesinatos. Además, han sido discriminadas y  violentadas históricamente. “En la década de los 90 las mujeres trans fueron asesinadas y torturadas – dice la abogada Gabriela Flores - , sin embargo, el Estado no ha hecho nada para repararlas”.

Estás situaciones serán expuestas en la audiencia temática donde los comisionados podrán escuchar a la víctimas y a sus abogados. Se espera que el Estado acuda a la audiencia que se efectuará este 28 de febrero, desde las 9:00 a 10:00 en Bogotá.

Escucha aquí: el conversatorio con medios 

 

Cayetana Salao, Taller de Comunicación Mujer; Yadira Labanda y Elizabeth Rodríguez.