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Caso Ayol: audiencia de juzgamiento por delito de tortura

Este miércoles 20 y jueves 21 de junio de 2018, a las 08:30, en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha se instalará la audiencia de juzgamiento por los hechos de tortura ocurridos en el caso de Ángelo Ayol, ex estudiante del Colegio Mejía que fue detenido ilegalmente y torturado por miembros de la Policía Nacional, mientras se desarrollaban las protestas sociales del 17 de septiembre de 2014, en la ciudad de Quito.

Inredh aclara que suspensión de actividad minera en Mirador no responde a la acción de protección sino a directrices del MAE

La suspensión temporal de la actividad minera del proyecto Mirador que se ejecuta en la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe, es por el incumplimiento de la licencia ambiental y por realizar actividades sin permisos respectivos de la autoridad ambiental y sectorial cometidos por la empresa minera Ecuacorriente S.A, así lo informó el pasado 15 de mayo de 2018, el Ministerio de Ambiente.

La falta de respuesta a más de 700 solicitudes de acceso al agua fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo

Una comitiva de la comunidad de San Pablo de Amalí, de la provincia de Bolívar; Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)denunció ayer, 12 de junio de 2018,ante la Defensoría del Pueblo, que la Secretaría del Agua (Senagua) no resuelve las centenares denuncias sobre el acceso al agua que reposa en su despacho.

Comuneros de San Pablo de Amalí se reunirán con la Defensoría del Pueblo para denunciar atropellos de la hidroeléctrica Hidrotambo S.A

Este martes, 12 de junio de 2018, a las 14:00, los moradores de la comunidad de San Pablo de Amalí, cantón Chillanes, provincia Bolívar; y los representantes de Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh) se reunirán con Francisco Hurtado, adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, para denunciar las vulneraciones de sus derechos cometidos por el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ejecutado por la empresa Hidrotamabo S.A. Manuel Trujillo, presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, dijo que en esta reunión abordarán cinco puntos: adjudicación del agua a la hidroeléctrica, problemas de tierras, muro de contención,  criminalización y hostigamiento a los defensores de derechos humanos. Actualmente existen más de 700 solicitudes de adjudicación del agua presentada por los comuneros sin respuesta y 12 personas están siendo procesadas por el supuesto delito de sabotaje y terrorismo ocurrido en el año 2012. La reunión se realizará en la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en la Av. de la Prensa N54-97 y Jorge Piedra, norte de Quito. 

Juez suspende audiencia y ordena se realice un peritaje antropológico en comunidad indígena

El lunes, 04 de junio de 2018, se llevó a cabo la Audiencia de Acción de Protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero, y la empresa minera Ecuacorriente S.A., por la falta de consulta previa frente a la ejecución del proyecto minero Miradory por los desalojos forzadosocurridos en el año 2015, en la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador- “CASCOMI”, asentada en la parroquiaTundayme, provincia de Zamora Chinchipe.Esta acción se la presentó ante la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la Parroquia Iñaquito, a cargo del juez de constitucional Carlos AlfonsoDávila.

Recordando Angostura: una década de impunidad

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 01 Marzo 2018 13:05
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María Gabriela Andrade / Asistente legal Inredh

01/03/2018

Recordando Angostura: una década de impunidad

 

 

Este primero de marzo de 2018, se cumplen 10 años del bombardeo al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la localidad de Angostura, Sucumbíos. Ese día, la guerrilla fue atacada por el Estado de Colombia en territorio ecuatoriano. Murieron Édgar Devia alias 'Raúl Reyes', segundo comandante de las FARC; Franklin Aisalla, ciudadano ecuatoriano; Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez, los cuatro últimos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y 18 guerrilleros.

Se pensaba que todas las personas que estaban en el campamento habían muerto. Sin embargo, Lucía Morett, no. Ella, compañera de los 4 estudiantes, sobrevivió al igual que dos ciudadanas colombianas que observaron cómo los militares del país vecino entraron al campamento y revisaron los cuerpos, algunos con vida que fueron ejecutados extrajudicialmente.

Distinto escenario vivió Lucía que fue localizada por militares ecuatorianos y trasladada al Hospital Eugenio Espejo, en la ciudad de Quito, para ser atendida por sus heridas en su cuerpo.

Lucía cuenta que muchas de las personas que se encontraron en el campamento, no pertenecían a las FARC, sino que eran estudiantes que realizaban investigaciones como parte de una actividad extracurricular que consistía en participar en un Congreso Internacional de Estudiantes de Sociología en Ecuador. Así, en Angostura estaban personas de varias nacionalidades como la ecuatoriana, colombiana, mexicana, entre otras.

El bombardeo ocurrió como producto del Servicio de Inteligencia de Colombia que determinó, que Raúl Reyes se encontraba presente en un campamento situado en la provincia de Sucumbíos. Al mismo tiempo, se pensaba que en el evento académico iba a intervenir integrantes de las FARC. De esta manera, se preparó el Operativo Fénix, que tenía como objetivo bombardear el campamento.

Por la muerte de los cuatro estudiantes, sus familiares empezaron a exigir respuestas sobre lo sucedido y denunciaron los hechos tanto en Colombia como en Ecuador. Mientras, el Estado de Ecuador inició un proceso en contra de  Lucía Morett por el supuesto delito de  terrorismo organizado que hasta ahora se encuentra abierto; esto, la obligó a solicitar refugio en otro país. Actualmente, vive con el estatuto de refugiada esperando justicia.

 

Crisis diplomática y la judicialización del caso

Por la intromisión en territorio de Ecuador, el Estado ecuatoriano rompió relaciones con Colombia en 2008 y realizó una petición interestatal en su contra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, solicitando una respuesta por la violación del derecho a la vida del ciudadano Franklin Aisalla, ciudadano ecuatoriano. Cabe mencionar, que esta ha sido la única petición de tal carácter que ha prosperado en su etapa de admisibilidad ante la CIDH, aunque se haya resuelto a través de acuerdo amistoso en el año 2014.

Pero no solo el Estado ecuatoriano acudió a organismos internacionales, los familiares de los cuatro estudiantes mexicanos también lo hicieron. En el año 2008, sus familiares junto a Inredh denunciaron al Estado de Ecuador, Colombia y México, por el delito de asesinato. Respecto de México lo hace a través de asistencia consular, de forma estratégica con el fin de que se juzgue de manera eficaz. En Ecuador el proceso prospera, al punto de tener orden de captura de Juan Manuel Santos, a quien no se le extraditará evidentemente, por su inmunidad y porque en Ecuador no es posible juzgar en ausencia. Sin embargo, nada obsta para que la orden siga vigente, aunque la efectividad judicial se encuentre mermada por intereses políticos; en Colombia no pasa nada, en México, peor.

 

En 2014, INREDH formula una petición ante la CIDH, por los cuatro jóvenes mexicanos, en contra de Ecuador, México y Colombia, misma que se encuentra en etapa de admisibilidad. En este mismo año, se da paso a una negociación política entre los Estados de Ecuador y Colombia, en la que entran ambos temas: el caso Angostura y el caso sobre Fumigaciones. De esta manera, surgen acuerdos amistosos amparados por la Corte Internacional de Justicia, tanto por fumigaciones en la frontera, como por el caso de Franklin Aisalla ante la CIDH.

 

De esta manera, INREDH ha constituido un nexo importante entre los varios escenarios y los diversos actores del caso en cuestión. Hoy en día, se sigue buscando justicia: los plantones realizados los primeros días de cada mes del año en las afueras de la Embajada de Colombia, en Ciudad de México, demuestran la insatisfacción de los resultados del actuar de la justicia. El Ecuador sigue incumpliendo sus obligaciones de reparar a las víctimas relacionadas a los cuatro jóvenes mexicanos, en virtud de la teoría del control efectivo establecida por el Derecho Internacional Humanitario; control que se presume lo tenía el Estado ecuatoriano.