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Convenio con empresas mineras genera enfrentamientos en población shuar y no cumple con el derecho a la consulta previa

Tras la firma del convenio de cooperación entre la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y la empresa Explorcobres (EXSA), operadora del proyecto minero Panantza San Carlos, en la provincia de Morona Santiago, se ha generado varios incidentes entre los líderes y las comunidades del sector.

25 años de proceso judicial para condenar a Chevron por los crímenes ambientales en la Amazonía ecuatoriana

Hoy, 11 de julio del 2018, a las 10 de la mañana,  la Unión de Afectados por la Petrolera Chevron (Udapt), anunció mediante rueda de prensa, la sentencia de la Corte Constitucional a favor de las víctimas por la contaminación ocasionada por la empresa petrolera Texaco, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, al norte de la Amazonía ecuatoriana.

ARCOM amenaza con desalojar para continuar con el proyecto minero Mirador

Rosa Elvira Sánchez, comunera de Tundayme que defiende su territorio, denunció hoy, 10 de julio 2018, que funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en compañía de representantes de la Secretaría de la Gestión de la Política y de la empresa minera Ecuacorriente S.A. visitaron su casa para informarle que será desalojada de su territorio.

Fiscalía recorrió los últimos pasos de Juliana Campoverde, previo a desaparecer

La unidad de Violencia de Genero N° 3 realizó el sábado, 7 de julio de 2018, la ruta técnica de Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, al cumplirse 6 años  de su desaparición, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Carta abierta en conmemoración a los 6 años de la desaparición de Juliana Campoverde

Desde el 07 de julio de 2012 que desaparecieron a mi hija Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, en el sur de Quito, ha sido la oscuridad más intensa que ha vivido mi familia.

Organizaciones entregan insumos al Consejo de Participación Ciudadana para evaluar a tres instituciones del Estado

Escrito por Luis Ángel
Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 29 Marzo 2018 15:45
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Esta tarde, 29 de marzo de 2018, Luis Ángel Saavedra, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh); Telmo Pacheco, de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidos en Ecuador (Asfadec); y Clara Merino, del Comité de Víctimas de graves violaciones de derechos humanos,

se reunieron con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).

Saavedra, habló de la necesidad de evaluar al Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y Corte Constitucional por su accionar en los últimos años. Dijo, que la Defensoría es una institución básica para la protección y promoción de los derechos humanos; sin embargo; ha realizado acciones contra la misma sociedad civil. Por ejemplo, la Acción de Protección en contra de Diario La Hora o la Acción de Protección para impedir la circulación del libro "Una tragedia ocultada", que relata los hechos de la masacre entre indígenas amazónicos. Además, precisó que la Defensoría no ha activado el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, por ejemplo en la cárcel Turi, en Cuenca. 

 

Por su parte, Merino habló sobre los casos que registra la Comisión de la Verdad y señaló que la Ley de Víctimas promovida por esta entidad es una burla para los familiares, ya que no tomó en cuenta sus observaciones. También, precisó que el tipo de reparación inmaterial que ofrece la Defensoría es como el derecho que tiene cualquier ciudadano y no como una víctima de graves violaciones de derechos humanos.

 

De derecha a izquierda, Clara Merino, Luis Saavedra y Telmo Pacheco. 

 

Otra, de las organizaciones que presenta queja contra esta entidad es Asfadec, que dijo que el defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira propició e impulso la creación de otra organización paralela. Además, informó que existe ausencia de vigilancia del debido proceso en varios casos de personas desaparecidas.

 

Para Merino y Pacheco, el sistema judicial debe ser evaluado y no solo las dos entidades mencionadas, sino también la Fiscalía por el tema de la investigación y judialización de los casos.  

 

Respecto, al Consejo de la Judicatura, Saavedra precisó que esta entidad debe dar cuenta no solo de las acusaciones de tráfico de influencias, presión a los jueces para que emitan resoluciones favorables al gobierno, intercambio de correos que dan cuenta de la dependencia que tenía este Consejo con el gobierno, sino también para evaluar el proceso sistemático de persecución y hostigamiento a las autoridades indígenas y sus sistemas de justicia ancestral.

 

Saavedra entregó durante la reunión el informe “La justicia indígena en San Pedro de Cañar, un video que registra el accionar del defensor del Pueblo y una misiva. Los demás elementos de prueba se presentarán durante las mesas de trabajo que se realizarán en los próximos días.

Carta: aquí