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INREDH celebró sus 25 años de defensa de derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza

El 28 de septiembre de 1993 se inscribe INREDH (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos) como una organización jurídica. Desde entonces han pasado 25 años y seis generaciones de jóvenes profesionales han dejado una huella que no puede ser borrada. Cada generación ha llevado casos de suma importancia para la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza. Cada generación abrió un camino y permitió que INREDH siga vivo, joven e innovándose permanentemente.   Galería de fotos: aquí   

27 militares son llamados para la reconstrucción de los hechos por la ejecución extrajudicial de Freddy Taish

La Fiscalía de Gualaquiza realizará este viernes, 7 de diciembre de 2018, a las 09:30, la reconstrucción de los hechos por el delito de terrorismo con muerte ocurrido el 7 de noviembre de 2013 en el sector Tutus, orilla derecha del río Zamora, comunidad Shiram Entza, parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza.

El caso de Juliana Campoverde será procesado por secuestro extorsivo con resultado de muerte

La jueza de la Unidad Penal Yolanda Portilla aceptó hoy la reformulación de cargos en contra el pastor evangélico Jonathan C. procesado por la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 2012.

Relatora de la ONU pide que se respete los derechos de los pueblos indígenas y no se criminalice su justicia

La Relatora Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz,  ofreció hoy 29 de noviembre del 2018, una rueda de prensa con el fin de instar al gobierno ecuatoriano a tomar medidas reales para la construcción de una sociedad plurinacional y multicultural prevista en la Constitución. Esto en el marco de su visita al Ecuador que concluyó hoy tras 11 días de recorrer el país.

Audiencia de reformulación de cargos por la desaparición de Juliana Campoverde

La jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito,  Yolanda Portilla Ruiz, convocó a la audiencia de reformulación de cargos en contra de Jonathan C., pastor procesado por el delito de secuestro extorsivo cometido en contra de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida desde el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Organizaciones entregan insumos al Consejo de Participación Ciudadana para evaluar a tres instituciones del Estado

Escrito por Luis Ángel
Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 29 Marzo 2018 15:45
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Esta tarde, 29 de marzo de 2018, Luis Ángel Saavedra, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh); Telmo Pacheco, de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidos en Ecuador (Asfadec); y Clara Merino, del Comité de Víctimas de graves violaciones de derechos humanos,

se reunieron con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).

Saavedra, habló de la necesidad de evaluar al Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y Corte Constitucional por su accionar en los últimos años. Dijo, que la Defensoría es una institución básica para la protección y promoción de los derechos humanos; sin embargo; ha realizado acciones contra la misma sociedad civil. Por ejemplo, la Acción de Protección en contra de Diario La Hora o la Acción de Protección para impedir la circulación del libro "Una tragedia ocultada", que relata los hechos de la masacre entre indígenas amazónicos. Además, precisó que la Defensoría no ha activado el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, por ejemplo en la cárcel Turi, en Cuenca. 

 

Por su parte, Merino habló sobre los casos que registra la Comisión de la Verdad y señaló que la Ley de Víctimas promovida por esta entidad es una burla para los familiares, ya que no tomó en cuenta sus observaciones. También, precisó que el tipo de reparación inmaterial que ofrece la Defensoría es como el derecho que tiene cualquier ciudadano y no como una víctima de graves violaciones de derechos humanos.

 

De derecha a izquierda, Clara Merino, Luis Saavedra y Telmo Pacheco. 

 

Otra, de las organizaciones que presenta queja contra esta entidad es Asfadec, que dijo que el defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira propició e impulso la creación de otra organización paralela. Además, informó que existe ausencia de vigilancia del debido proceso en varios casos de personas desaparecidas.

 

Para Merino y Pacheco, el sistema judicial debe ser evaluado y no solo las dos entidades mencionadas, sino también la Fiscalía por el tema de la investigación y judialización de los casos.  

 

Respecto, al Consejo de la Judicatura, Saavedra precisó que esta entidad debe dar cuenta no solo de las acusaciones de tráfico de influencias, presión a los jueces para que emitan resoluciones favorables al gobierno, intercambio de correos que dan cuenta de la dependencia que tenía este Consejo con el gobierno, sino también para evaluar el proceso sistemático de persecución y hostigamiento a las autoridades indígenas y sus sistemas de justicia ancestral.

 

Saavedra entregó durante la reunión el informe “La justicia indígena en San Pedro de Cañar, un video que registra el accionar del defensor del Pueblo y una misiva. Los demás elementos de prueba se presentarán durante las mesas de trabajo que se realizarán en los próximos días.

Carta: aquí