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Convenio con empresas mineras genera enfrentamientos en población shuar y no cumple con el derecho a la consulta previa

Tras la firma del convenio de cooperación entre la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y la empresa Explorcobres (EXSA), operadora del proyecto minero Panantza San Carlos, en la provincia de Morona Santiago, se ha generado varios incidentes entre los líderes y las comunidades del sector.

25 años de proceso judicial para condenar a Chevron por los crímenes ambientales en la Amazonía ecuatoriana

Hoy, 11 de julio del 2018, a las 10 de la mañana,  la Unión de Afectados por la Petrolera Chevron (Udapt), anunció mediante rueda de prensa, la sentencia de la Corte Constitucional a favor de las víctimas por la contaminación ocasionada por la empresa petrolera Texaco, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, al norte de la Amazonía ecuatoriana.

ARCOM amenaza con desalojar para continuar con el proyecto minero Mirador

Rosa Elvira Sánchez, comunera de Tundayme que defiende su territorio, denunció hoy, 10 de julio 2018, que funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en compañía de representantes de la Secretaría de la Gestión de la Política y de la empresa minera Ecuacorriente S.A. visitaron su casa para informarle que será desalojada de su territorio.

Fiscalía recorrió los últimos pasos de Juliana Campoverde, previo a desaparecer

La unidad de Violencia de Genero N° 3 realizó el sábado, 7 de julio de 2018, la ruta técnica de Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, al cumplirse 6 años  de su desaparición, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Carta abierta en conmemoración a los 6 años de la desaparición de Juliana Campoverde

Desde el 07 de julio de 2012 que desaparecieron a mi hija Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, en el sur de Quito, ha sido la oscuridad más intensa que ha vivido mi familia.

Mural en  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras cumplirse los 10 años de bombardeo en Angostura. 

Corte Provincial de Sucumbíos dispone la captura de los procesados por el bombardeo en Angostura

Escrito por Luis Ángel
Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 04 Abril 2018 09:37
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La Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos conformada por Segundo Alcívar Rojas Castillo, Lilia Marlene Ortiz Vásquez y Luis Ramón Álvarez Arellano inadmitió  el trámite de solicitud de declarar la nulidad del proceso Nº. 21241-2011-0141

a favor Freddy Padilla de León, Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Mario Montoya Uribe, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros  y Camilo Ernesto Álvarez Ochoa, procesados por el delito de asesinato de los 4 estudiantes mexicanos, ocurrido  el 1 de marzo de 2008, en el bombardeo en Angostura, cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos. Así lo informó  hoy, 04 de abril de 2018, Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Además, los jueces notificaron en su resolución que “se presenten voluntariamente o a su vez, se proceda a su ubicación, localización y captura de los procesados para que se realice la audiencia de juzgamiento, como bien sabido es por los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos (...)". Téngase en cuenta que la resolución dictada por Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, se encuentra ejecutoriada conforme consta de la razón sentada por la Secretaria Relatora Dra. Maruja Criollo Reyes”.

Aquel 1 de marzo, el ejército colombiano bombardeó un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) localizado en el territorio ecuatoriano, sector Angostura. Diez bombas racimo GBU-12-Paveway, de 500 libras, fueron lanzadas, desde aviones de las fuerzas colombianas, con cooperación de EE.UU., devastando el campamento donde un grupo de estudiantes y guerrilleros pernoctaban.

De este hecho, 25 personas fallecieron entre ellos Édgar Devia alias 'Raúl Reyes', segundo comandante de las FARC; Franklin Aisalla, ciudadano ecuatoriano; Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez. Los cuatro últimos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quienes se encontraban en lugar de los hechos por asuntos académicos, debido a que sus temas de investigación era de los grupos sociales, insurgentes, entre otros.

Para Luis Ángel Saavdera, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), esta notificación es una respuesta política a los 10 años que se cumple del bombardeo en Angostura para que las organizaciones de familiares en México y la de derechos humanos, se queden conforme; sin embargo, nos genera varias inquietudes,  “cómo hacemos para que los procesados que están en Colombia y que son altos funcionarios vengan a comparecer al Ecuador”.

Actualmente, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, general retirado de la Policía Nacional de Colombia, es actual vicepresidente de Colombia y negociador plenipotenciario del gobierno en las negociaciones de paz con las FARC.

Freddy Padilla (ex militar), se desempeña como miembro de la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos en los diálogos de paz que se llevan a cabo con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional). 

Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional de Colombia y se lo acusa por Human Rights Watch de los asesinatos de decenas de civiles en el caso de los llamados "Falsos Positivos".

Los otros procesados son Guillermo Barrera Hurtado, excomandante de la Armada almirante; Camilo Ernesto Álvarez Ochoa, teniente Coronel; y Jorge Ballesteros, ex senador.  De estos últimos tres se desconoce sus actividades actuales.

Además, cabe mencionar que presidente actual Juan Manuel Santos, también era uno de los procesados; no obstante, la Fiscalía lo sacó de caso argumentando que goza de inmunidad jurisdiccional de acuerdo a los diferentes convenios internacionales por los cuales los Jefes de Estado no pueden ser juzgados por otros Estados, enfatizando que es por esta razón que se abstiene de acusar y no por falta de elementos de cargo.

Para Nelson Atupaña, asesor legal de Inredh, este no debería ser tratado como un asesinato, sino como un delito de lesa humanidad, condenado por tratados internacionales y contemplado en la legislación ecuatoriana, ya que el Estado colombiano violó el derecho a la libre circulación, integridad y vida de los 4 estudiantes mexicanos. “El bombardeo en Angostura fue una ejecución extrajudicial, los estudiantes no tenían la capacidad de defenderse”.