Comunera que resiste a proyecto minero Cóndor – Mirador denuncia proceso de desalojo

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 12 Abril 2018 15:49

Rosa Elvira Sánchez, comunera de la parroquia Tundayme, donde opera el proyecto minero Cóndor Mirador, denunció públicamente que ha recibido una visita de los trabajadores de la empresa minera Ecuacorriente S.A, ubicada en el cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe.

Sánchez, de 70 años aproximadamente, asegura que el pasado viernes, 6 de abril de 2018, un funcionario que dijo ser parte de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y un guardia de seguridad de la empresa Ecuacorriente S.A. visitaron su casa.

 

El argumento fue que era una inspección; sin embargo, a Rosa Elvira Sánchez no le notificaron ni informaron el motivo de ella. También, los dos hombres recorrieron el lugar y tomaron fotos de la casa, sin informar la razón de su visita. También,  advirtieron que la siguiente semana continuarían con la inspección.  

Para Rosa Elvira Sánchez, estos son los primeros síntomas o avisos que la empresa da a los comuneros para informar que será desalojada de su hogar. Su argumento se basa en que  su hogar se encuentra en medio del campamento minero y el tajo de la mina del proyecto, por ende es una zona de riesgo y de utilidad para la empresa, este sitio esta ubicado en la parte alta del río Wawaim, caudal que está contaminado por el proyecto mega minero.   

Además, está situación se profundiza porque Sánchez hace unos meses recibió un fallo a favor de la empresa ECSA sobre el uso de la tierra.

Para Gabriela Flores, asesora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la política pública agresiva de privatización del territorio para actividades mineras y las normas aprobadas en los últimos años, como la servidumbre minera, ha promovido el despojo y desalojo de la gente en la zona. Esto a través de medidas jurídicas y de hostigamiento.  

Cabe recordar, que en la parroquia de Tundayme se ha vivido varios desalojos. Uno de ellos fue el 30 de septiembre de 2015, cuando la policía, agentes de seguridad de la empresa y funcionarios ingresaron con maquinaria pesada destruyeron las casas de 16 familias y las desplazaron de sus hogares. Este escenario se volvió a repetir tres meses después.