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60 jóvenes participaron en la Escuela de Líderes y Lideresas del Ecuador

Durante 17 días, jovenes de diferentes organizaciones y colectivos sociales de estudiantes, campesinos, indígenas, mujeres, afros y Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex (Glbti) asistieron a la Escuela de Formación de Líderes y Lideresas del Ecuador que se desarrolló en la parroquia de La Merced, provincia de Pichincha.

Organizaciones de DD.HH. exigen justicia a Corte Nacional por tortura a GLBTI

Desde la existencia de los inhumanos actos venidos de una inmensa crueldad bélica de 1948 y basándose en la promesa consensuada de la humanidad de no repetir la acción y omisión de aquellas atrocidades, la sociedad se ha visto obligada a crear mecanismos y remedios en contra de la tortura. Sin embargo, este consenso que tuvo como resultado los primeros catálogos de derechos de la modernidad y los primeros grandes acuerdos internacionales de derechos humanos, ha sido turbado en distintos y reiterados episodios de la historia. Y, desgraciadamente, lo sigue siendo.

Caso fumigaciones: delegados del cordón fronterizo no fueron atendidos por la Embajada de Colombia

  Hoy, 14 de agosto de 2018, a las 09:00, diez representantes de las comunidades de la nacionalidad Awá, la organización Pluri étnica Pacahamama y la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón fronterizo de Sucumbíos, Esmeralda y Carchi (Forcofecec), quienes viajaron siete horas desde San Lorenzo Esmeraldas hasta Quito, no fueron atendidos ante la embajada de Colombia en Quito.   La visita de los 10 representantes en Quito, no tuvo buenas noticias como ellos lo hubieran esperado, fueron atendidos de manera informal en los pasillos de la embajada de Colombia por parte del personal de dicha institución, mencionando que ahora no pueden atenderlos por temas de agenda. Se espera que para los próximos días se tenga una respuesta ante esta reunión.   El objetivo de esta reunión era presentar ante la embajada una propuesta que consta de nueve puntos, que incluyen el control del territorio, planes sociales, migración, conservación ambiental, entre otros aspectos.   Cabe recalcar que el presidente, Lenin Moreno, promulgó mediante decreto ejecutivo 437 la política de defensa, seguridad y desarrollo para la frontera, pero aún no se ve ninguna respuesta. Comento Víctor Hugo Guerrero, uno de los representantes de la organización Pluri étnica Pacahamama.   Leer plan de los 9 puntos Leer propuesta para el desarrollo integral de los grupos plurietnicos de la Frontera Norte del Ecuador

Caso Fumigaciones: delegados del cordón fronterizo visitarán la Embajada de Colombia

 Este martes 14 de agosto de 2018, a las 09:00, diez representantes de las comunidades de la nacionalidad Awá, la organización Pluri étnica Pacahamama y la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón fronterizo de Sucumbíos, Esmeralda y Carchi (Forcofecec) se reunirán en la embajada de Colombia, ubicada en Catalina Aldaz N 34-131 y Portugal, al norte de Quito. El objetivo: presentar un plan de trabajo que dé respuesta a las afectaciones y el pago de las indemnizaciones a 30.000 personas, víctimas de las fumigaciones ocurridas en las 4 provincias fronterizas. Se espera que mañana, los delegados se puedan reunir con el representante de la embajada colombiana para abordar los temas de contaminación ambiental y coordinar una audiencia. Contacto de prensa: Víctor Hugo Quiñonez / 0981445510 Jessica Matute / 0998287754

Defensoría del Pueblo pide que se respete el derecho a la defensa de la comunidad Cascomi en la audiencia de protección por actividad minera

Francisco Hurtado, defensor adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, dijo  ayer 8 de agosto de 2018, mediante una rueda de prensa que se respete el derecho a la defensa de los habitantes de Tundayme, lugar donde se ejecuta el proyecto minero Mirador, provincia de Zamora Chinchipe.  

INREDH exhorta al Estado ecuatoriano a garantizar los derechos humanos en Molleturo

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 09 Mayo 2018 18:16
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La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) expresa su profunda preocupación por los hechos ocurridos la madrugada de este miércoles 9 de mayo y la noche de ayer en la parroquia de Molleturo, ubicado en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, que desembocó en actos de represión en contra de sus habitantes.

 

Durante estos dos días, las comunidades pertenecientes a Molleturo tomaron acciones de hecho directas contra el proyecto minero Río Blanco para exigir la salida de la minera Ecuagoldmining establecida por la empresa china Junefield Resources S.A.

 

Esto, luego de que el proyecto minero Río Blanco en sus primeras fases fuera rechazado por las comunidades campesinas e indígenas de la zona por las afectaciones que generaría. Por ejemplo, la destrucción del páramo y la contaminación del suelo y de fuentes de agua que son indispensables en la dinámica vital de la comunidad.

 

Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y Acción Ecológica el Estado ecuatoriano no realizó la consulta previa, libre e informada, como también se omitió las decisiones de las comunidades sobre el uso de su territorio. Con esto, perjudicó la dinámica social y productiva de la comunidad, estrategias utilizadas por empresas mineras en otros proyectos extractivitas del país, siendo estas las causas originarias del conflicto.

 

Para INREDH, los hechos ocurridos hoy en Molleturo corresponden al olvido estatal y a la falta de consulta en las comunidades, tal como lo establece la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de pueblos indígenas, lo que generó que las personas hagan uso de su derecho legítimo a la resistencia consagrado en la Constitución de la República del Ecuador: “Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.Por lo cual, rechazamos los actos de represión de la fuerza pública y la criminalización de los defensores de derechos y exigimos como garantía política e institucional del respeto al derecho a la resistencia.

 

Frente, a esto exhortamos al presidente de la República, Lenín Moreno; a Javier Enderica, gobernador del Azuay, y a todas las autoridades pertinentes, a detener la represión y evitar el abuso de la fuerza pública en contra de los pobladores para evitar una escalada de violencia. También demandamos de los pobladores ejercer sus acciones en el marco de la no violencia activa.

 

Demandamos que se garantice la integridad, seguridad  y protección de los derechos de las y los habitantes de las comunidades de la parroquia Molleturo afectadas por el proyecto minero, y que se aplique inmediatamente las garantías de protección reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.