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127 grupos de defensa de derechos instan a la liberación inmediata de Nabeel Rajab, tras ONU calificar su detención como arbitraria

París-Ginebra-Manama, 29 de agosto de 2018 – Por segunda vez desde 2013, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ha emitido una opinión sobre la legalidad de la detención de Nabeel Rajab según el derecho internacional de derechos humanos. En esta segunda opinión, el Grupo de Trabajo sostuvo que la detención no solo es arbitraria sino también discriminatoria. Los 127 grupos de derechos humanos signatarios acogen con satisfacción esta histórica opinión, hecha pública el 13 de agosto de 2018, en la que se reconoce el papel que desempeñan los defensores de derechos humanos en la sociedad y la necesidad de protegerlos. Instamos al Gobierno bahreiní a que libere de forma inmediata a Nabeel Rajab, de acuerdo a esta última demanda.  

Estado ecuatoriano será evaluado por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU

Comunicación INREDH 07/03/2017 Estado ecuatoriano será evaluado por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU   Ecuador será examinado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) este 8 y 9 de marzo  de 2017 en Ginebra – Suiza.  Es la primera vez que el Ecuador será evaluado por este Comité, por ello la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador – ASFADEC, el Consultorio Gratuito de la Universidad San Francisco de Quitoy la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos- INREDH consideran de suma importancia compartir con ustedes la actualización  sobre la situación de personasdesaparecidas en el país.

9 años de la masacre en Angostura

Nelson Atupaña y Jessica Matute / INREDH 02/03/2017  9 AÑOS DE LA MASACRE EN ANGOSTURA     Tras 9 años del bombardeo que ejecutó el Ejército colombiano a un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el territorio ecuatoriano, las familias de los cuatro estudiantes mexicanos fallecidos en esta acción y la sociedad ecuatoriana siguen sin respuestas; temen que el caso quede en la impunidad debido a que no hay voluntad política para sancionar a los responsables, tanto en Colombia como en el Ecuador.

Ecuador: Expertos de ONU condenan la ‘muerte legal’ de la Unión Nacional de Educadores

Naciones Unidas-Derechos Humanos 27/09/2016 Ecuador: Expertos de ONU condenan la ‘muerte legal’ de la Unión Nacional de Educadores   GINEBRA – Un grupo* de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condenaron hoy el uso de legislación nacional en Ecuador para disolver la Unión Nacional de Educadores (UNE), la asociación de educadores más importante del país. La UNE, fundada en 1950, fue disuelta debido a la aplicación del Decreto Ejecutivo N. 739 que regula la operación de las organizaciones sociales.

Declaración Conjunta acerca del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas América Latina

FIDH 20/09/2016 Declaración Conjunta acerca del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas América Latina   Defensoras y defensores de derechos humanos que participaron en el encuentro. Foto: Fidh   La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Red-DESC organizaron una consulta regional en América Latina para organizaciones de la sociedad civil (OSC),

INREDH exhorta al Estado ecuatoriano a garantizar los derechos humanos en Molleturo

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 09 Mayo 2018 18:16
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La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) expresa su profunda preocupación por los hechos ocurridos la madrugada de este miércoles 9 de mayo y la noche de ayer en la parroquia de Molleturo, ubicado en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, que desembocó en actos de represión en contra de sus habitantes.

 

Durante estos dos días, las comunidades pertenecientes a Molleturo tomaron acciones de hecho directas contra el proyecto minero Río Blanco para exigir la salida de la minera Ecuagoldmining establecida por la empresa china Junefield Resources S.A.

 

Esto, luego de que el proyecto minero Río Blanco en sus primeras fases fuera rechazado por las comunidades campesinas e indígenas de la zona por las afectaciones que generaría. Por ejemplo, la destrucción del páramo y la contaminación del suelo y de fuentes de agua que son indispensables en la dinámica vital de la comunidad.

 

Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y Acción Ecológica el Estado ecuatoriano no realizó la consulta previa, libre e informada, como también se omitió las decisiones de las comunidades sobre el uso de su territorio. Con esto, perjudicó la dinámica social y productiva de la comunidad, estrategias utilizadas por empresas mineras en otros proyectos extractivitas del país, siendo estas las causas originarias del conflicto.

 

Para INREDH, los hechos ocurridos hoy en Molleturo corresponden al olvido estatal y a la falta de consulta en las comunidades, tal como lo establece la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de pueblos indígenas, lo que generó que las personas hagan uso de su derecho legítimo a la resistencia consagrado en la Constitución de la República del Ecuador: “Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.Por lo cual, rechazamos los actos de represión de la fuerza pública y la criminalización de los defensores de derechos y exigimos como garantía política e institucional del respeto al derecho a la resistencia.

 

Frente, a esto exhortamos al presidente de la República, Lenín Moreno; a Javier Enderica, gobernador del Azuay, y a todas las autoridades pertinentes, a detener la represión y evitar el abuso de la fuerza pública en contra de los pobladores para evitar una escalada de violencia. También demandamos de los pobladores ejercer sus acciones en el marco de la no violencia activa.

 

Demandamos que se garantice la integridad, seguridad  y protección de los derechos de las y los habitantes de las comunidades de la parroquia Molleturo afectadas por el proyecto minero, y que se aplique inmediatamente las garantías de protección reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.