Actividades Destacadas

Más artículos

Pastor evangélico detenido por la desaparición de Juliana Campoverde se acoge al derecho al silencio

La mañana de este sábado, 13 de octubre del 2018, se realizó la reconstrucción de la ruta técnica de la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 212, en el sector de la Ajaví, en el sur de Quito.

Contradicciones en la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia en caso Francisco Cajigas

  El fiscal Jefferson Ibarra y Angie Pinta, pareja de Francisco Cajigas, en la audiencia de juzgamiento.   El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar suspendió hoy, 12 de octubre de 2018, por segunda ocasión la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrida en noviembre de 2015, en la ciudad de Ibarra. El caso se encuentra bajo escrutinio penal desde que se verificó que el cráneo de Francisco, muerto por un trauma cráneo encefálico, fue hallado en la ciudad de Esmeraldas bajo circunstancias poco claras. Los tres magistrados suspendieron la audiencia debido a la ausencia de dos testigos de los procesados Ángel N., médico legal del Centro Forense de Esmeraldas, y Leónidas F., auxiliar de medicina legal. La audiencia se instaló hoy a las 8:40 en la Sala 1 de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas. El fiscal Jefferson Ibarra presentó 4 pruebas testimoniales y 5 documentales. En la anterior audiencia llamó a 8 testigos. Por su parte, la defensa de los procesados presentó el testimonio de los tres implicados. El primero en hablar fue Leónidas F., de 28 años e ingeniero en Sistema Informático, que dijo no haber participado en el proceso de autopsia del cuerpo de Francisco, solo aseguró que el 1 de diciembre de 2015 recibió el mismo y al terminar su turno lo entregó a su compañero Sergio R., otro de los procesados.  Según Leónidas, el cuerpo del joven colombiano lo volvió a ver el 15 de diciembre de 2015, cuando estaba embalado y en fundas de color negro. Indicó no haber verificado si estaba completo el cuerpo previa a la entrega a sus familiares. El segundo interrogado fue el médico legal Ángel N., de 49 años.  Él señaló que realizó la autopsia del cuerpo con personal de medicina legal de Quito en el Centro Forense de Esmeraldas. Aseguró que el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición por lo cual ordenó lavarlo.  Tras de ello, Ángel junto a la otra médica legal Sandra A., resolvieron desprender la cabeza para realizar los análisis que permitieran verificar la identidad del occiso. Según el médico legal, tras realizar la autopsia, el cuerpo de Francisco quedó bajo custodia del disector de turno, Sergio R., de 67 años, encargado de lavar y formolizar el cuerpo que estaba completo. Sergio fue el tercero en rendir su testimonio en la audiencia. Él asegura que en sus 30 años de experiencia ha lavado los cuerpos con agua de llaves, fría, caliente o a presión.  Él enfatizó ante los magistrados que por órdenes del doctor Ángel N. guardó la cabeza y clavícula de Francisco en una gaveta del refrigerador, la mismo que no registraba una rotulación, pues quien tenía la cadena custodia y había ordenado los nuevos exámenes debía conocer de este particular. También, dijo que Leónidas sí participó en el  proceso de autopsia y que el embalaje del cuerpo lo realizó junto a él, ya que es imposible que una persona  lo haga solo.  Además, precisó que, si la familia quería ver el cuerpo de Francisco, Leonidas F. no debía impedirlo. Tras escuchar los testimonios de los tres procesados, y ante la solicitud de la abogada de la defensa, el Tribunal de Garantías Penales suspendió la audiencia para asegurar la comparecencia de los testigos faltantes.  Para el fiscal del caso, la suspensión atenta contra el principio de inmediación y celeridad procesal. Además, que constituye una forma de revictimización a la familia porque han esperado un resultado de la audiencia de juzgamiento desde noviembre del año anterior. Daniel Véjar, coordinador jurídico de Inredh, coincide con el criterio que Fiscalía tiene sobre el sufrimiento y revictimización a las víctimas.  “Este proceso de por sí ha representado una lesividad importante para la familia colombiana – dice Véjar-, que no solo incurre en gastos económicos, sino que la falta de respuesta del Estado ha provocado que el proceso por ejecución extrajudicial este estancado y que la familia sufra afectaciones psicológicas graves”. También, le llama la atención la conducta de los juzgadores en el direccionamiento de la audiencia porque incurren en prácticas inquisitivas en el sistema oral acusatorio vigente con el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se espera que la audiencia se reanude en las primeras semanas de noviembre, aunque al momento se desconoce el día y hora exactos.                    

Audiencia de juzgamiento por alteración de evidencia en el cráneo de Francisco Cajigas se reinstala

Este 12 de octubre de 2018, a las 08:30, se reanudará la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano de 33 años víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Iglesia Cuadrangular no actuará en el caso de la desaparición de Juliana, pese a que el pastor titular es miembro de la institución

Elizabeth Rodríguez y Absalón Campoverde, padres de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida el 7 de julio de 2012, en la ciudad de Quito, se reunieron ayer, 9 de octubre de 2018, con los miembros de la junta directiva de la Iglesia Cuadrangular, en la ciudad de Guayaquil.

Ocho dirigentes de la comunidad La Toglla van a audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación

Este viernes, 05 de octubre de 2018, a las 9:00, en la Unidad Judicial Penal del Cantón Rumiñahui se desarrollará la audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación en contra de Darío Javier Iza Palaquinga y siete habitantes de la Comunidad Ancestral La Toglla debido a la demanda presentada por Clinio Edmundo Perugachi, asegurando que dichos implicados han ingresado y lo han despojado de su legítimo terrero, en 2016.

INREDH exhorta al Estado ecuatoriano a garantizar los derechos humanos en Molleturo

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 09 Mayo 2018 18:16
Visto: 710

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) expresa su profunda preocupación por los hechos ocurridos la madrugada de este miércoles 9 de mayo y la noche de ayer en la parroquia de Molleturo, ubicado en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, que desembocó en actos de represión en contra de sus habitantes.

 

Durante estos dos días, las comunidades pertenecientes a Molleturo tomaron acciones de hecho directas contra el proyecto minero Río Blanco para exigir la salida de la minera Ecuagoldmining establecida por la empresa china Junefield Resources S.A.

 

Esto, luego de que el proyecto minero Río Blanco en sus primeras fases fuera rechazado por las comunidades campesinas e indígenas de la zona por las afectaciones que generaría. Por ejemplo, la destrucción del páramo y la contaminación del suelo y de fuentes de agua que son indispensables en la dinámica vital de la comunidad.

 

Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y Acción Ecológica el Estado ecuatoriano no realizó la consulta previa, libre e informada, como también se omitió las decisiones de las comunidades sobre el uso de su territorio. Con esto, perjudicó la dinámica social y productiva de la comunidad, estrategias utilizadas por empresas mineras en otros proyectos extractivitas del país, siendo estas las causas originarias del conflicto.

 

Para INREDH, los hechos ocurridos hoy en Molleturo corresponden al olvido estatal y a la falta de consulta en las comunidades, tal como lo establece la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de pueblos indígenas, lo que generó que las personas hagan uso de su derecho legítimo a la resistencia consagrado en la Constitución de la República del Ecuador: “Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.Por lo cual, rechazamos los actos de represión de la fuerza pública y la criminalización de los defensores de derechos y exigimos como garantía política e institucional del respeto al derecho a la resistencia.

 

Frente, a esto exhortamos al presidente de la República, Lenín Moreno; a Javier Enderica, gobernador del Azuay, y a todas las autoridades pertinentes, a detener la represión y evitar el abuso de la fuerza pública en contra de los pobladores para evitar una escalada de violencia. También demandamos de los pobladores ejercer sus acciones en el marco de la no violencia activa.

 

Demandamos que se garantice la integridad, seguridad  y protección de los derechos de las y los habitantes de las comunidades de la parroquia Molleturo afectadas por el proyecto minero, y que se aplique inmediatamente las garantías de protección reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.