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Pastor evangélico detenido por la desaparición de Juliana Campoverde se acoge al derecho al silencio

La mañana de este sábado, 13 de octubre del 2018, se realizó la reconstrucción de la ruta técnica de la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 212, en el sector de la Ajaví, en el sur de Quito.

Contradicciones en la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia en caso Francisco Cajigas

  El fiscal Jefferson Ibarra y Angie Pinta, pareja de Francisco Cajigas, en la audiencia de juzgamiento.   El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar suspendió hoy, 12 de octubre de 2018, por segunda ocasión la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrida en noviembre de 2015, en la ciudad de Ibarra. El caso se encuentra bajo escrutinio penal desde que se verificó que el cráneo de Francisco, muerto por un trauma cráneo encefálico, fue hallado en la ciudad de Esmeraldas bajo circunstancias poco claras. Los tres magistrados suspendieron la audiencia debido a la ausencia de dos testigos de los procesados Ángel N., médico legal del Centro Forense de Esmeraldas, y Leónidas F., auxiliar de medicina legal. La audiencia se instaló hoy a las 8:40 en la Sala 1 de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas. El fiscal Jefferson Ibarra presentó 4 pruebas testimoniales y 5 documentales. En la anterior audiencia llamó a 8 testigos. Por su parte, la defensa de los procesados presentó el testimonio de los tres implicados. El primero en hablar fue Leónidas F., de 28 años e ingeniero en Sistema Informático, que dijo no haber participado en el proceso de autopsia del cuerpo de Francisco, solo aseguró que el 1 de diciembre de 2015 recibió el mismo y al terminar su turno lo entregó a su compañero Sergio R., otro de los procesados.  Según Leónidas, el cuerpo del joven colombiano lo volvió a ver el 15 de diciembre de 2015, cuando estaba embalado y en fundas de color negro. Indicó no haber verificado si estaba completo el cuerpo previa a la entrega a sus familiares. El segundo interrogado fue el médico legal Ángel N., de 49 años.  Él señaló que realizó la autopsia del cuerpo con personal de medicina legal de Quito en el Centro Forense de Esmeraldas. Aseguró que el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición por lo cual ordenó lavarlo.  Tras de ello, Ángel junto a la otra médica legal Sandra A., resolvieron desprender la cabeza para realizar los análisis que permitieran verificar la identidad del occiso. Según el médico legal, tras realizar la autopsia, el cuerpo de Francisco quedó bajo custodia del disector de turno, Sergio R., de 67 años, encargado de lavar y formolizar el cuerpo que estaba completo. Sergio fue el tercero en rendir su testimonio en la audiencia. Él asegura que en sus 30 años de experiencia ha lavado los cuerpos con agua de llaves, fría, caliente o a presión.  Él enfatizó ante los magistrados que por órdenes del doctor Ángel N. guardó la cabeza y clavícula de Francisco en una gaveta del refrigerador, la mismo que no registraba una rotulación, pues quien tenía la cadena custodia y había ordenado los nuevos exámenes debía conocer de este particular. También, dijo que Leónidas sí participó en el  proceso de autopsia y que el embalaje del cuerpo lo realizó junto a él, ya que es imposible que una persona  lo haga solo.  Además, precisó que, si la familia quería ver el cuerpo de Francisco, Leonidas F. no debía impedirlo. Tras escuchar los testimonios de los tres procesados, y ante la solicitud de la abogada de la defensa, el Tribunal de Garantías Penales suspendió la audiencia para asegurar la comparecencia de los testigos faltantes.  Para el fiscal del caso, la suspensión atenta contra el principio de inmediación y celeridad procesal. Además, que constituye una forma de revictimización a la familia porque han esperado un resultado de la audiencia de juzgamiento desde noviembre del año anterior. Daniel Véjar, coordinador jurídico de Inredh, coincide con el criterio que Fiscalía tiene sobre el sufrimiento y revictimización a las víctimas.  “Este proceso de por sí ha representado una lesividad importante para la familia colombiana – dice Véjar-, que no solo incurre en gastos económicos, sino que la falta de respuesta del Estado ha provocado que el proceso por ejecución extrajudicial este estancado y que la familia sufra afectaciones psicológicas graves”. También, le llama la atención la conducta de los juzgadores en el direccionamiento de la audiencia porque incurren en prácticas inquisitivas en el sistema oral acusatorio vigente con el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se espera que la audiencia se reanude en las primeras semanas de noviembre, aunque al momento se desconoce el día y hora exactos.                    

Audiencia de juzgamiento por alteración de evidencia en el cráneo de Francisco Cajigas se reinstala

Este 12 de octubre de 2018, a las 08:30, se reanudará la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano de 33 años víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Iglesia Cuadrangular no actuará en el caso de la desaparición de Juliana, pese a que el pastor titular es miembro de la institución

Elizabeth Rodríguez y Absalón Campoverde, padres de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida el 7 de julio de 2012, en la ciudad de Quito, se reunieron ayer, 9 de octubre de 2018, con los miembros de la junta directiva de la Iglesia Cuadrangular, en la ciudad de Guayaquil.

Ocho dirigentes de la comunidad La Toglla van a audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación

Este viernes, 05 de octubre de 2018, a las 9:00, en la Unidad Judicial Penal del Cantón Rumiñahui se desarrollará la audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación en contra de Darío Javier Iza Palaquinga y siete habitantes de la Comunidad Ancestral La Toglla debido a la demanda presentada por Clinio Edmundo Perugachi, asegurando que dichos implicados han ingresado y lo han despojado de su legítimo terrero, en 2016.

Violación de derechos humanos en el CDP de Quito y la cárcel Turi

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 15 Mayo 2018 12:39
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La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunciaron hoy, 15 de mayo de 2018, mediante una rueda de prensa  la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios del país.

Elsie Monge, directora ejecutiva de la Cedhu, dijo que Víctor Q. de 57 años de edad, por adeudar pensiones alimenticias fue detenido y recluido en el Centro de Detención Provisional (CDP) de la ciudad de Quito, en enero 2018. “Víctor sufría de  hipertensión arterial y fue recluido sin sus medicamentos, pese a que su familia insistía en que no podía vivir sin su medicina diaria”.

Los guías no permitieron que la familia entregue los medicamentos hasta que Víctor sufrió un infarto y lo llevaron a Emergencias del Hospital Pablo Arturo Suarez, pero no sobrevivió. El 4 de febrero de 2018 falleció por un infarto agudo al miocardio.

Frente a este hecho, Cedhu e Inredh señalaron que estos casos se dan con cierta frecuencia y que demuestran la falta de humanidad de los funcionarios públicos del sistema penitenciario. Además, evidencia que el trato cruel, inhumano y degradante en las cárceles está al orden del día.

Para Daniel Véjar, asesor legal de Inredh, uno de los ejemplos más difundidos, es el caso de la cárcel del Turi en Cuenca donde más de 200 internos del pabellón de Medina Seguridad JC, en el año 2016, fueron víctimas de torturas cometidas por agentes de la Policía Nacional. “Han transcurrido dos años y el caso se mantiene en la impunidad lo que genera que los atropellos continúen”.

A pesar que, desde el año 2016 se dieron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes reconocidos como tal en sentencias constitucionales, la situación se agrava con el descubrimiento de una red de extorsión con participación de internos y administrativos del Turi.

Por este caso se abrió una investigación por el delito de extorsión a mediados del año 2017, lo que dejó en evidencia las prácticas de tortura dentro de la cárcel Turi.  En el expediente fiscal hay varios relatos sobre la tortura y agresiones extremas. "... Me agredían entre 15 personas, eso se llama camionetazo (...) Me golpeaban con tubos, me trizaron el pie, el antebrazo, en promedio me agredirían unas 30 veces... ", se lee en el expediente.

"...He venido viviendo una pesadilla, me han apuñalado en los glúteos, el pulmón. En las noches me metían en la ducha de agua fría. Me torturaban (...) pasaban los cables por medio de unas ventanas de una celda que había al lado, me ponían los pies uno en un balde de agua, el otro en otro balde de agua y los cables en los pulgares... ", relata uno de los privados de libertad que dio su testimonio al perito médico forense diciendo.

Sobre este caso, se instaló el 7 de septiembre de 2017 en la ciudad de Cuenca, la audiencia de dictamen fiscal por el delito de extorsión en contra de 24 personas, entre ellas el exdirector de la cárcel y los excoordinadores, pues en varias versiones que constan en el proceso se indica que tuvieron conocimiento de lo sucedido. La particularidad de este proceso es que uno de los procesados (ex director del Centro Paúl Tobar, es primo de José Serrano, quien durante 10 años ostentó altos cargos en materia de seguridad pública y penitenciaria para ser presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador hasta el 9 de marzo del año en curso.

Durante los últimos 6 meses se han reportado 9 asesinatos dentro de la Cárcel de Turi. Sobre estos hechos se han expuesto varias hipótesis como sobredosis (muerte de David Isaías Machuca), suicidios (muerte de Fabián Nero) o riñas como el asesinato de Stalin Guaraca Cedillo alias Garfield que, como se muestran en fotos remitidas desde la misma cárcel, fue asesinado esposado y con signos de tortura, presumiéndose una ejecución extrajudicial y en el marco de un operativo de control con las mismas características que el ocurrido en mayo de 2016.

Para Pamela Chiriboga, de Inredh, estas 9 muertes registradas corresponden a un sub registro obtenido de forma extraoficial, ya que como organizaciones de derechos humanos se nos han cerrado las puertas para obtener la información directa de las autoridades. Esto situación se agrava también más por el miedo de las personas privadas de la libertad y las familias a denunciar los casos por temor a las represalias y hostigamiento.

Para CEDHU e INREDH las consecuencias de las deplorables condiciones carcelarias, la falta de atención médica y de una alimentación adecuada combinada con el maltrato y otras vulneraciones de derechos fundamentales crea un clima de violencia en los centros penitenciarios que no están orientados a la rehabilitación social de las personas.

Frente a esto, demandamos que se investigue las negligencias en los procedimientos administrativos que llevaron a la muerte de Víctor  y se sancione a los responsables con la finalidad de que estas prácticas no continúen.

Además, denunciamos que los hechos cometidos en las cárceles como son los asesinatos, tortura, agresiones físicas, extorsión no son solo responsabilidad exclusiva de los autores materiales, trátese de policías, personal penitenciario o los mismos privados de la libertad, sino que dicha responsabilidad recae en el Estado, ya que es garante de los derechos de los PPL conforme lo ha sostenido reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado como garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad debe adoptar acciones concretas para garantizar sus derechos, tales como adecuar las condiciones de detención de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, asegurar la seguridad interna y atención médica de los centros de detención, así como garantizar sus derechos humanos.

El pasado, 6 de abril de 2018, organizaciones de derechos humanos y academicos presentaron una medida cautelar en la CIDH para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.

 

Quito. Hermana Elsie Monge y Daniél Véjar en rueda de prensa.