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Pastor evangélico detenido por la desaparición de Juliana Campoverde se acoge al derecho al silencio

La mañana de este sábado, 13 de octubre del 2018, se realizó la reconstrucción de la ruta técnica de la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 212, en el sector de la Ajaví, en el sur de Quito.

Contradicciones en la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia en caso Francisco Cajigas

  El fiscal Jefferson Ibarra y Angie Pinta, pareja de Francisco Cajigas, en la audiencia de juzgamiento.   El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar suspendió hoy, 12 de octubre de 2018, por segunda ocasión la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrida en noviembre de 2015, en la ciudad de Ibarra. El caso se encuentra bajo escrutinio penal desde que se verificó que el cráneo de Francisco, muerto por un trauma cráneo encefálico, fue hallado en la ciudad de Esmeraldas bajo circunstancias poco claras. Los tres magistrados suspendieron la audiencia debido a la ausencia de dos testigos de los procesados Ángel N., médico legal del Centro Forense de Esmeraldas, y Leónidas F., auxiliar de medicina legal. La audiencia se instaló hoy a las 8:40 en la Sala 1 de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas. El fiscal Jefferson Ibarra presentó 4 pruebas testimoniales y 5 documentales. En la anterior audiencia llamó a 8 testigos. Por su parte, la defensa de los procesados presentó el testimonio de los tres implicados. El primero en hablar fue Leónidas F., de 28 años e ingeniero en Sistema Informático, que dijo no haber participado en el proceso de autopsia del cuerpo de Francisco, solo aseguró que el 1 de diciembre de 2015 recibió el mismo y al terminar su turno lo entregó a su compañero Sergio R., otro de los procesados.  Según Leónidas, el cuerpo del joven colombiano lo volvió a ver el 15 de diciembre de 2015, cuando estaba embalado y en fundas de color negro. Indicó no haber verificado si estaba completo el cuerpo previa a la entrega a sus familiares. El segundo interrogado fue el médico legal Ángel N., de 49 años.  Él señaló que realizó la autopsia del cuerpo con personal de medicina legal de Quito en el Centro Forense de Esmeraldas. Aseguró que el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición por lo cual ordenó lavarlo.  Tras de ello, Ángel junto a la otra médica legal Sandra A., resolvieron desprender la cabeza para realizar los análisis que permitieran verificar la identidad del occiso. Según el médico legal, tras realizar la autopsia, el cuerpo de Francisco quedó bajo custodia del disector de turno, Sergio R., de 67 años, encargado de lavar y formolizar el cuerpo que estaba completo. Sergio fue el tercero en rendir su testimonio en la audiencia. Él asegura que en sus 30 años de experiencia ha lavado los cuerpos con agua de llaves, fría, caliente o a presión.  Él enfatizó ante los magistrados que por órdenes del doctor Ángel N. guardó la cabeza y clavícula de Francisco en una gaveta del refrigerador, la mismo que no registraba una rotulación, pues quien tenía la cadena custodia y había ordenado los nuevos exámenes debía conocer de este particular. También, dijo que Leónidas sí participó en el  proceso de autopsia y que el embalaje del cuerpo lo realizó junto a él, ya que es imposible que una persona  lo haga solo.  Además, precisó que, si la familia quería ver el cuerpo de Francisco, Leonidas F. no debía impedirlo. Tras escuchar los testimonios de los tres procesados, y ante la solicitud de la abogada de la defensa, el Tribunal de Garantías Penales suspendió la audiencia para asegurar la comparecencia de los testigos faltantes.  Para el fiscal del caso, la suspensión atenta contra el principio de inmediación y celeridad procesal. Además, que constituye una forma de revictimización a la familia porque han esperado un resultado de la audiencia de juzgamiento desde noviembre del año anterior. Daniel Véjar, coordinador jurídico de Inredh, coincide con el criterio que Fiscalía tiene sobre el sufrimiento y revictimización a las víctimas.  “Este proceso de por sí ha representado una lesividad importante para la familia colombiana – dice Véjar-, que no solo incurre en gastos económicos, sino que la falta de respuesta del Estado ha provocado que el proceso por ejecución extrajudicial este estancado y que la familia sufra afectaciones psicológicas graves”. También, le llama la atención la conducta de los juzgadores en el direccionamiento de la audiencia porque incurren en prácticas inquisitivas en el sistema oral acusatorio vigente con el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se espera que la audiencia se reanude en las primeras semanas de noviembre, aunque al momento se desconoce el día y hora exactos.                    

Audiencia de juzgamiento por alteración de evidencia en el cráneo de Francisco Cajigas se reinstala

Este 12 de octubre de 2018, a las 08:30, se reanudará la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano de 33 años víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Iglesia Cuadrangular no actuará en el caso de la desaparición de Juliana, pese a que el pastor titular es miembro de la institución

Elizabeth Rodríguez y Absalón Campoverde, padres de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida el 7 de julio de 2012, en la ciudad de Quito, se reunieron ayer, 9 de octubre de 2018, con los miembros de la junta directiva de la Iglesia Cuadrangular, en la ciudad de Guayaquil.

Ocho dirigentes de la comunidad La Toglla van a audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación

Este viernes, 05 de octubre de 2018, a las 9:00, en la Unidad Judicial Penal del Cantón Rumiñahui se desarrollará la audiencia de juzgamiento por el delito de usurpación en contra de Darío Javier Iza Palaquinga y siete habitantes de la Comunidad Ancestral La Toglla debido a la demanda presentada por Clinio Edmundo Perugachi, asegurando que dichos implicados han ingresado y lo han despojado de su legítimo terrero, en 2016.

Frente a los graves hechos ocurridos en la Parroquia de Molleturo en Ecuador

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 16 Mayo 2018 10:48
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Las organizaciones que adherimos esta comunicación expresamos nuestra profunda preocupación por lo que está sucediendo en las comunidades de Río Blanco y Cochapamba ubicadas en la parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay, al sur del Ecuador. Desde la tarde del 8 de mayo una serie de hechos violentos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, hombres, mujeres y niños defensores de la tierra y agua.


El proyecto minero Río Blanco, operado por la empresa Ecuagoldmining S.A., filial de la china Junefield Resources S.A., afecta aproximadamente 5000 habitantes en la zona del páramo del Macizo del Cajas que fue declarado Reserva de la Biosfera de la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); además parte de la concesión minera está dentro del Parque Nacional Cajas, lo cual es una violación de la voluntad popular expresada en la última consulta popular, que prohíbe actividades mineras en áreas protegidas. 

Desde hace varios años las comunidades de la zona denuncian la afectación del agua por los impactos de la actividad que está en fase de explotación, piden la salida de la empresa y la reversión de la concesión. Esta concesión hace parte de aquellas extintas por el Mandato Minero de 2008, que además ha generado división y conflictos socio ambientales entre los pobladores y con la empresa minera. 

La implementación de proyectos mineros en el territorio ecuatoriano ha significado graves violaciones de derechos colectivos, humanos y de la naturaleza. El Estado ecuatoriano no está cumpliendo su rol de garante de estos derechos y ha permitido que la empresa realice sus actividades en contra de la voluntad de la población, violando su derecho a la autodeterminación, consulta previa y ambiental. 

En este contexto, las comunidades de la parroquia Molleturo en el marco del ejercicio de su derecho constitucional a la resistencia realizaron medidas de hecho para presionar la salida de la empresa minera de su territorio. Como respuesta, el Estado ha dispuesto la intervención de la fuerza pública, que incluyen a grupos de fuerzas especiales (UMO), para reprimir la protesta social. Además, miembros de la seguridad privada y los propios trabajadores de la empresa minera han ejercido actos de violencia en contra de los pobladores y de quienes han intentado ingresar en la zona. 

Como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado y empresa, decenas de personas están siendo perseguidas, se ha provocado allanamientos de casas, detenciones arbitrarias, existen varias personas heridas y detenidas. Las vías de acceso fueron bloqueadas por los trabajadores de la empresa, lo cual impidió conocer lo sucedido en la zona y visibilizar los hechos de violencia que se generaron en contra de los pobladores.

El 9 de mayo, Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari (Confederación Kichwa del Ecuador)M; Mario Fárez y Víctor Hernández, dirigentes de la FOA (Federación de Organizaciones Indígenas y campesinas del Ecuador), fueron secuestrados por trabajadores de la empresa minera Ecuagoldinmining S.A. Junefield. Los tres dirigentes fueron retenidos en el automóvil en el que se trasladaban a la zona del proyecto Río Blanco, los agresores rompieron los neumáticos y amenazaron con prender fuego al vehículo con ellos dentro. Los tres secuestrados fueron agredidos e incomunicados desde las 07h30 hasta las 14h30 que fueron liberados. 

Rechazamos todo tipo de violencia puesto que la violencia no resuelve los problemas, por el contrario, los agudiza. Hacemos un llamado a todos los actores involucrados a buscar una solución pacífica a esta grave situación.

Exigimos a las autoridades del Estado ecuatoriano garantizar la vida e integridad de los moradores de la parroquia Molleturo, detener la represión contra los comuneros y comuneras que son defensores y defensoras del territorio, desbloquear las vías de acceso a la parroquia de Molleturo para garantizar la entrada segura a personal de atención a la salud y ayuda humanitaria (vituallas y alimentos), romper el cerco de aislamiento de las comunidades y garantizar la entrada de medios de comunicación en la zona para cubrir lo sucedido. 

Pedimos a las autoridades competentes no usar la fuerza pública para perseguir, reprimir y agredir a los habitantes de la zona, al contrario que cumplan con su rol de proteger y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Nos adherimos a la exigencia de las comunidades que piden salida de la empresa minera y la reversión de la concesión para cumplir con lo dispuesto por el Mandato Minero y consulta popular.

Solicitamos a las autoridades locales y a las organizaciones de la Iglesia intermediar en el conflicto para evitar una mayor escalada de violencia en la zona. 

Como organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza y parte de la comunidad internacional, nos comprometemos a estar atentos y vigilantes de lo que suceda en la zona, a difundir la información que se genere desde las organizaciones locales y solidarizarnos con lo que están viviendo los defensores y defensoras en la parroquia de Molleturo en el Sur de Ecuador.

Pedimos su adhesión solidaria y difusión.

ACCIÓN ECOLÓGICA     

APRODEH - Perú

ASOCIACIÓN DE LIDERES ÁNGEL SHINGRE   
        
CEDENMA 

CEDHU

CEDIB - Bolivia

DECOIN

EDLC - Estados Unidos

KANAKA 

MINEWATCH - Canadá

OCMAL - América Latina

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS SOCIO AMBIENTALES (América Latina)

YASUNIDOS 


Más información y adhesiones:
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