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Conversatorio “Criminalización y Derechos Humanos, 10 años de resistencia”

Fecha: Miércoles 23 de mayo de 2018 Hora: 13h00 Lugar: Sala Manuela Sáenz  El Colectivo de DDHH “Kinty Ñan”, el Programa Andino de Derechos Humanos y el Programa de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, invitan al Conversatorio “Criminalización y Derechos Humanos, 10 años de resistencia”.

Sistema penitenciario ecuatoriano del siglo XXI: guetos de tortura, asesinatos, aislamiento y olvido

Análisis de Mónica Vera Puebla*   El modelo penitenciario que se construyó en Ecuador en el año 2011 y se lo implementó en el 2013, quería supuestamente instaurar una tendencia garantista de derechos. Sin embargo, la prioridad principal fue la construcción de edificaciones con una mirada de panóptico con la intención de disminuir los índices de hacinamiento y peligrosidad con la que se vivía en los anteriores centros de privación de libertad, ubicados en las principales ciudades del país.

La nacionalidad Chachi y los efectos del Plan Colombia 10 años después

  La nacionalidad Chachi, con un aproximado de 14.200 indígenas, se encuentra ubicada en las zonas selváticas de los cantones Eloy Alfaro, San Lorenzo, Muisne, Rioverde, Esmeraldas y Quinindé de la provincia de Esmeraldas al norte de Ecuador.

Frente a los graves hechos ocurridos en la Parroquia de Molleturo en Ecuador

Las organizaciones que adherimos esta comunicación expresamos nuestra profunda preocupación por lo que está sucediendo en las comunidades de Río Blanco y Cochapamba ubicadas en la parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay, al sur del Ecuador. Desde la tarde del 8 de mayo una serie de hechos violentos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, hombres, mujeres y niños defensores de la tierra y agua.

Violación de derechos humanos en el CDP de Quito y la cárcel Turi

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunciaron hoy, 15 de mayo de 2018, mediante una rueda de prensa  la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios del país.

Frente a los graves hechos ocurridos en la Parroquia de Molleturo en Ecuador

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 16 Mayo 2018 10:48
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Las organizaciones que adherimos esta comunicación expresamos nuestra profunda preocupación por lo que está sucediendo en las comunidades de Río Blanco y Cochapamba ubicadas en la parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay, al sur del Ecuador. Desde la tarde del 8 de mayo una serie de hechos violentos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, hombres, mujeres y niños defensores de la tierra y agua.


El proyecto minero Río Blanco, operado por la empresa Ecuagoldmining S.A., filial de la china Junefield Resources S.A., afecta aproximadamente 5000 habitantes en la zona del páramo del Macizo del Cajas que fue declarado Reserva de la Biosfera de la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); además parte de la concesión minera está dentro del Parque Nacional Cajas, lo cual es una violación de la voluntad popular expresada en la última consulta popular, que prohíbe actividades mineras en áreas protegidas. 

Desde hace varios años las comunidades de la zona denuncian la afectación del agua por los impactos de la actividad que está en fase de explotación, piden la salida de la empresa y la reversión de la concesión. Esta concesión hace parte de aquellas extintas por el Mandato Minero de 2008, que además ha generado división y conflictos socio ambientales entre los pobladores y con la empresa minera. 

La implementación de proyectos mineros en el territorio ecuatoriano ha significado graves violaciones de derechos colectivos, humanos y de la naturaleza. El Estado ecuatoriano no está cumpliendo su rol de garante de estos derechos y ha permitido que la empresa realice sus actividades en contra de la voluntad de la población, violando su derecho a la autodeterminación, consulta previa y ambiental. 

En este contexto, las comunidades de la parroquia Molleturo en el marco del ejercicio de su derecho constitucional a la resistencia realizaron medidas de hecho para presionar la salida de la empresa minera de su territorio. Como respuesta, el Estado ha dispuesto la intervención de la fuerza pública, que incluyen a grupos de fuerzas especiales (UMO), para reprimir la protesta social. Además, miembros de la seguridad privada y los propios trabajadores de la empresa minera han ejercido actos de violencia en contra de los pobladores y de quienes han intentado ingresar en la zona. 

Como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado y empresa, decenas de personas están siendo perseguidas, se ha provocado allanamientos de casas, detenciones arbitrarias, existen varias personas heridas y detenidas. Las vías de acceso fueron bloqueadas por los trabajadores de la empresa, lo cual impidió conocer lo sucedido en la zona y visibilizar los hechos de violencia que se generaron en contra de los pobladores.

El 9 de mayo, Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari (Confederación Kichwa del Ecuador)M; Mario Fárez y Víctor Hernández, dirigentes de la FOA (Federación de Organizaciones Indígenas y campesinas del Ecuador), fueron secuestrados por trabajadores de la empresa minera Ecuagoldinmining S.A. Junefield. Los tres dirigentes fueron retenidos en el automóvil en el que se trasladaban a la zona del proyecto Río Blanco, los agresores rompieron los neumáticos y amenazaron con prender fuego al vehículo con ellos dentro. Los tres secuestrados fueron agredidos e incomunicados desde las 07h30 hasta las 14h30 que fueron liberados. 

Rechazamos todo tipo de violencia puesto que la violencia no resuelve los problemas, por el contrario, los agudiza. Hacemos un llamado a todos los actores involucrados a buscar una solución pacífica a esta grave situación.

Exigimos a las autoridades del Estado ecuatoriano garantizar la vida e integridad de los moradores de la parroquia Molleturo, detener la represión contra los comuneros y comuneras que son defensores y defensoras del territorio, desbloquear las vías de acceso a la parroquia de Molleturo para garantizar la entrada segura a personal de atención a la salud y ayuda humanitaria (vituallas y alimentos), romper el cerco de aislamiento de las comunidades y garantizar la entrada de medios de comunicación en la zona para cubrir lo sucedido. 

Pedimos a las autoridades competentes no usar la fuerza pública para perseguir, reprimir y agredir a los habitantes de la zona, al contrario que cumplan con su rol de proteger y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Nos adherimos a la exigencia de las comunidades que piden salida de la empresa minera y la reversión de la concesión para cumplir con lo dispuesto por el Mandato Minero y consulta popular.

Solicitamos a las autoridades locales y a las organizaciones de la Iglesia intermediar en el conflicto para evitar una mayor escalada de violencia en la zona. 

Como organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza y parte de la comunidad internacional, nos comprometemos a estar atentos y vigilantes de lo que suceda en la zona, a difundir la información que se genere desde las organizaciones locales y solidarizarnos con lo que están viviendo los defensores y defensoras en la parroquia de Molleturo en el Sur de Ecuador.

Pedimos su adhesión solidaria y difusión.

ACCIÓN ECOLÓGICA     

APRODEH - Perú

ASOCIACIÓN DE LIDERES ÁNGEL SHINGRE   
        
CEDENMA 

CEDHU

CEDIB - Bolivia

DECOIN

EDLC - Estados Unidos

KANAKA 

MINEWATCH - Canadá

OCMAL - América Latina

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS SOCIO AMBIENTALES (América Latina)

YASUNIDOS 


Más información y adhesiones:
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