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Caso Ayol: audiencia de juzgamiento por delito de tortura

Este miércoles 20 y jueves 21 de junio de 2018, a las 08:30, en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha se instalará la audiencia de juzgamiento por los hechos de tortura ocurridos en el caso de Ángelo Ayol, ex estudiante del Colegio Mejía que fue detenido ilegalmente y torturado por miembros de la Policía Nacional, mientras se desarrollaban las protestas sociales del 17 de septiembre de 2014, en la ciudad de Quito.

Inredh aclara que suspensión de actividad minera en Mirador no responde a la acción de protección sino a directrices del MAE

La suspensión temporal de la actividad minera del proyecto Mirador que se ejecuta en la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe, es por el incumplimiento de la licencia ambiental y por realizar actividades sin permisos respectivos de la autoridad ambiental y sectorial cometidos por la empresa minera Ecuacorriente S.A, así lo informó el pasado 15 de mayo de 2018, el Ministerio de Ambiente.

La falta de respuesta a más de 700 solicitudes de acceso al agua fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo

Una comitiva de la comunidad de San Pablo de Amalí, de la provincia de Bolívar; Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)denunció ayer, 12 de junio de 2018,ante la Defensoría del Pueblo, que la Secretaría del Agua (Senagua) no resuelve las centenares denuncias sobre el acceso al agua que reposa en su despacho.

Comuneros de San Pablo de Amalí se reunirán con la Defensoría del Pueblo para denunciar atropellos de la hidroeléctrica Hidrotambo S.A

Este martes, 12 de junio de 2018, a las 14:00, los moradores de la comunidad de San Pablo de Amalí, cantón Chillanes, provincia Bolívar; y los representantes de Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh) se reunirán con Francisco Hurtado, adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, para denunciar las vulneraciones de sus derechos cometidos por el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ejecutado por la empresa Hidrotamabo S.A. Manuel Trujillo, presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, dijo que en esta reunión abordarán cinco puntos: adjudicación del agua a la hidroeléctrica, problemas de tierras, muro de contención,  criminalización y hostigamiento a los defensores de derechos humanos. Actualmente existen más de 700 solicitudes de adjudicación del agua presentada por los comuneros sin respuesta y 12 personas están siendo procesadas por el supuesto delito de sabotaje y terrorismo ocurrido en el año 2012. La reunión se realizará en la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en la Av. de la Prensa N54-97 y Jorge Piedra, norte de Quito. 

Juez suspende audiencia y ordena se realice un peritaje antropológico en comunidad indígena

El lunes, 04 de junio de 2018, se llevó a cabo la Audiencia de Acción de Protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero, y la empresa minera Ecuacorriente S.A., por la falta de consulta previa frente a la ejecución del proyecto minero Miradory por los desalojos forzadosocurridos en el año 2015, en la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador- “CASCOMI”, asentada en la parroquiaTundayme, provincia de Zamora Chinchipe.Esta acción se la presentó ante la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la Parroquia Iñaquito, a cargo del juez de constitucional Carlos AlfonsoDávila.

Nacionalidad Chachi denuncia presencia de grupos armados en la frontera

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 31 Mayo 2018 12:35
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La nacionalidad Chachi, ubicada en la provincia de Esmeraldas cercana a la frontera con Colombia, se encuentra atemorizada debido a la presencia de  grupos armados en su territorio.

En la comunidad Agua Blanco, parroquia Telembi, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas,se observó como un helicóptero sobrevolaba la comunidad indígena y de esta descendieron seis personas que después se internaron en la selva. Algo parecido ocurrió en la comunidad Pambilar, parroquia Santo Domingo de Onzole, cantón Eloy Alfaro, donde apareció un señor desconocido por la comunidad que solicitó cruzar el río, entonces el campesino que estaba con la Canoa aceptó llevarlo; sin embargo,luego salieronmás personas vestidas de color oscuro, botas de caucho y portando cargas grandesdonde presumiblemente llevabanalimentos. Así lo asegura Felix Añapa Quiñonez, presidente de la Federación Chachi.

También, en la comunidad Hoja Blanca de la parroquia San Francisco de Onzole, cantón Eloy Alfaro, desde hace 30 días, sus habitantes han observadola presencia de personas extrañas a la comunidad, que ingresan y salen de la selva a tempranas horas  de la mañana.

Este escenario no es reciente, pero se ha visto con mayor frecuencia desde febrero de 2018, cuando ocurriendo los atentados explosivos en la provincia. Frente a esto, el Estado ecuatoriano ha iniciado una intensa seguridad militar lo que generamiedo e inseguridad a la comunidad, ya que no se la mantiene informada y la violencia afecta la armonía de las personas que viven en la zona de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, dice Quiñonez.

“Con esta situación, la gente de la comunidad no quiere salir de sus casas por temor a encontrarse con estas personas extrañas lo que ha causado un desgaste en el tema agrícola”.

Otro de los problemas latentes es la presencia de empresas mineras dentro del territorio Chachi, lo que ha generado la contaminación del río Tululbí, fuente principal de agua para el consumo humano para toda la población que vive a lo largo de este río.

Ante estos hechos la comunidad Chachi demanda los siguientes puntos:

  • Si el Estado no interviene de manera urgente en estas zonas de alto riesgo lo que producirá después son los desplazamientos forzados.
  • Se considera importante el proteger la frontera norte mediante la fuerza pública, sin embargo solicitan de manera urgente niveles mínimos de coordinación e información con las nacionalidades Chachi.
  • Los patrullajes y operativos que se están desarrollandoen la zonamerecen ser bien informados y coordinados en conjunto con la comunidad para evitar la inseguridad, miedo y desplazamiento de las personas.
  • Solicitan la presencia Estatal y organismos de derechos humanos de forma urgente para realizar un informe sobre la situación y como viven estas comunidades. Ya que la información no es muy transparente.
  • Socializar esta problemática en la comunidadpara que se establezca y garantice mecanismos de protección frente a la grave situación de violencia, secuestro y desplazamiento en estas zonas