Actividades Destacadas

Más artículos

Caso Ayol: audiencia de juzgamiento por delito de tortura

Este miércoles 20 y jueves 21 de junio de 2018, a las 08:30, en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha se instalará la audiencia de juzgamiento por los hechos de tortura ocurridos en el caso de Ángelo Ayol, ex estudiante del Colegio Mejía que fue detenido ilegalmente y torturado por miembros de la Policía Nacional, mientras se desarrollaban las protestas sociales del 17 de septiembre de 2014, en la ciudad de Quito.

Inredh aclara que suspensión de actividad minera en Mirador no responde a la acción de protección sino a directrices del MAE

La suspensión temporal de la actividad minera del proyecto Mirador que se ejecuta en la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe, es por el incumplimiento de la licencia ambiental y por realizar actividades sin permisos respectivos de la autoridad ambiental y sectorial cometidos por la empresa minera Ecuacorriente S.A, así lo informó el pasado 15 de mayo de 2018, el Ministerio de Ambiente.

La falta de respuesta a más de 700 solicitudes de acceso al agua fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo

Una comitiva de la comunidad de San Pablo de Amalí, de la provincia de Bolívar; Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)denunció ayer, 12 de junio de 2018,ante la Defensoría del Pueblo, que la Secretaría del Agua (Senagua) no resuelve las centenares denuncias sobre el acceso al agua que reposa en su despacho.

Comuneros de San Pablo de Amalí se reunirán con la Defensoría del Pueblo para denunciar atropellos de la hidroeléctrica Hidrotambo S.A

Este martes, 12 de junio de 2018, a las 14:00, los moradores de la comunidad de San Pablo de Amalí, cantón Chillanes, provincia Bolívar; y los representantes de Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh) se reunirán con Francisco Hurtado, adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, para denunciar las vulneraciones de sus derechos cometidos por el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ejecutado por la empresa Hidrotamabo S.A. Manuel Trujillo, presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, dijo que en esta reunión abordarán cinco puntos: adjudicación del agua a la hidroeléctrica, problemas de tierras, muro de contención,  criminalización y hostigamiento a los defensores de derechos humanos. Actualmente existen más de 700 solicitudes de adjudicación del agua presentada por los comuneros sin respuesta y 12 personas están siendo procesadas por el supuesto delito de sabotaje y terrorismo ocurrido en el año 2012. La reunión se realizará en la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en la Av. de la Prensa N54-97 y Jorge Piedra, norte de Quito. 

Juez suspende audiencia y ordena se realice un peritaje antropológico en comunidad indígena

El lunes, 04 de junio de 2018, se llevó a cabo la Audiencia de Acción de Protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero, y la empresa minera Ecuacorriente S.A., por la falta de consulta previa frente a la ejecución del proyecto minero Miradory por los desalojos forzadosocurridos en el año 2015, en la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador- “CASCOMI”, asentada en la parroquiaTundayme, provincia de Zamora Chinchipe.Esta acción se la presentó ante la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la Parroquia Iñaquito, a cargo del juez de constitucional Carlos AlfonsoDávila.

Juez suspende audiencia y ordena se realice un peritaje antropológico en comunidad indígena

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 06 Junio 2018 16:53
Visto: 452

El lunes, 04 de junio de 2018, se llevó a cabo la Audiencia de Acción de Protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero, y la empresa minera Ecuacorriente S.A., por la falta de consulta previa frente a la ejecución del proyecto minero Miradory por los desalojos forzadosocurridos en el año 2015, en la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador- “CASCOMI”, asentada en la parroquiaTundayme, provincia de Zamora Chinchipe.Esta acción se la presentó ante la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la Parroquia Iñaquito, a cargo del juez de constitucional Carlos AlfonsoDávila.

La Audiencia se instaló a las 08:30 y tuvo una duración aproximada de ocho horas, en que todas las partes tuvieron la oportunidad de exponer ante el juez sus argumentos. Por parte de la comunidad “CASCOMI”, en calidad de accionante, estuvo presentela Red Eclesial Panamazónica  (REPAM), en la persona de su abogada Francis Andrade, y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), a través de sus abogados Gabriela Flores y Harold Burbano. Ellos iniciaron su intervención estableciendo que la acción de protección presentada el 31 de enero de 2018, constituye un mecanismo de defensa y un requerimiento de reparación individual y comunitaria,en beneficio de todos los miembros de la comunidad de CASCOMI, por los daños sufridos como resultado de los hechos impugnados.

Los abogados de la parte accionante incluyeron en la audiencia cinco testimonios de miembros de la comunidad indígena de “CASCOMI” y dos expertas que realizaron estudios de campo en dicha comunidad. Estas pruebas, así como los videos, fotografías y documentos que se presentaron, fueron muy útiles para evidenciar los daños ocasionados por la fuerza pública, instituciones del Estado y la empresa minera Ecuacorriente en dicho territorio indígena, por la falta de consulta y consentimiento previo, libre e informado y por los desalojos forzados causados sobre 32 familias de la zona.

Los 5 primeros testigos explicaron ante el juez, detalle a detalle, como se dieron los dos desalojos en el año 2015: de forma violenta e invasiva, sin ninguna notificación ni convocatoria a audiencia previa, sin otorgarles tiempo para retirar sus pertenencias, y sin considerar la presencia de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Uno de los testimonios presentados, fue el de la señora Rosario Sánchez quien indicó: ”no nos dieron tiempo de sacar nada, llegaron a las 5:30 de la mañana la fuerza pública y personal de la empresa a desalojarnos, les pedí que esperen que llegue mi esposo, pero ellos no me hicieron caso, entraron a la fuerza a destruir todas mis cosas, despues llegó mi hijo, a él lo golpearon como a delincuente, solo por decirles que no se lleven las cosas. Jamás hubo tal reubicación como menciona el Estado y la empresa. Nos quedamos en la calle después de eso”.

Por su parte, el Ministerio de Minería, Ministerio de Ambiente, Procuraduría, La Agencia de Regulación y ControlMinero - Arcom y el abogado de la empresa minera Ecuacorriente,pidieron al juez que se deseche la Acción de Protección por considerarla improcedente y porque, según alegaron, las tierras en cuestión no se configuran como territorios ancestrales ni los accionantes como indígenas. Indicaron que los desalojos respondieron a procesos de servidumbre minera previamente establecidos y que sí se realizaron socializaciones acerca del proyecto minero Mirador en la zona. Por lo tanto, argumentaron que no hubo ninguna violación a los derechos humanos de los miembros de la Comunidad CASCOMI.

Después de escuchar a las partes, el juez Carlos Alfonso Dávila solicitó que se oficie al Registrador de la Propiedad del Cantón el Pangui, parroquia Tundayme, solicitando una copia certificada de la escritura pública de propiedad colectiva de CASCOMI y a la Secretaria Nacional de la Gestión de la Política, requiriendo el otorgamiento de una copia del certificado de personería jurídica de la comunidad “CASCOMI”; además,se ordenó que se realice un peritaje antropológico a la comunidad accionante. Por tal motivo, suspendió la audiencia de Acción de Protección hasta que las copias certificadas sean remitidas y los peritajes se realicen, y su decisión quedó pendiente.

Gabriela Flores, asesora de Inredh, indicó que este caso-junto con el del Proyecto Río Blanco tramitado en la provincia de Azuay-pueden convertirse en precedentes históricos de resoluciones a favor de la protección de los derechos colectivos de las comunidades indígenas. ”El Ecuador está frente a la oportunidad de replantear la política extractivista de minería a mediana y gran escala, en pro de los derechos de las personas y en cumplimiento de las obligaciones internacionales soberanamente adquiridas en la materia. No podemos ni debemos desaprovecharla”, indicó.      

Las organizaciones que acompañaron, estuvieron presentes durante las ocho horas que duró la audiencia yla presenciaron con mucha expectativa. Esperan que se actúe a favor de los derechos colectivos de las familias desalojadas y no a favor de las empresas transnacionales.