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Relatora de pueblos indígenas de la ONU se reunirá con organizaciones de la sociedad civil

Victoria Tauli Corpuz, relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, se reunirá hoy, 20 de noviembre de 2018, a las 17:00, con organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza, en el paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, Toledo N22-80 (Plaza Brasilia).

Entre la ausencia y el abuso del poder: muerte de Francisco Cajigas

Por Alejandro Baño* Joven colombiano, de 33 años, residía en un departamento junto a su esposa y su hija menor. El 17 de noviembre de 2015 fue aprehendido por el organismo estatal que en sus dependencias lleva por lema “Servir y proteger”. Él fue desaparecido y encontrado muerto 13 días después, en un alto proceso de descomposición, en la laguna de Yaguarcocha, en la provincia de Imbabura. Así terminó la vida de Francisco Javier Cajigas Botina hace ya tres años, en un lamentable contexto de incertidumbre e injusticia que aún se percibe.

37 policías fueron condenados a 106 días de prisión por los hechos ocurridos en la cárcel Turi

106 días y 26 hora de prisión en el Centro de Rehabilitación Social Turi fue la condena que recibieron 37 de los 42 policías procesados por el delito de tortura ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad JC de este Centro.

Audiencia de acción de protección contra INREDH se reinstalará este jueves

Mañana, jueves 15 de noviembre del 2018, a las 14:00, en el Complejo Judicial Sur ubicado en Quitumbe, se reinstalará la audiencia de Acción de Protección que interpuso el pastor evangélico Patricio C., padre de Jonathan C., en contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)  y Covidefem por las publicaciones en redes sociales sobre Juliana Campoverde, joven desaparecida desde el 7 de julio de 2012.

Tribunal de Garantías Penales emitirá su resolución sobre el delito de tortura en Turi

Este 14 de noviembre de 2018, a las 15:30, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca emitirá su resolución sobre el delito de tortura cometido en contra de más de 200 personas privadas de la libertad del pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016.

La falta de respuesta a más de 700 solicitudes de acceso al agua fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 13 Junio 2018 16:07
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Una comitiva de la comunidad de San Pablo de Amalí, de la provincia de Bolívar; Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)denunció ayer, 12 de junio de 2018,ante la Defensoría del Pueblo, que la Secretaría del Agua (Senagua) no resuelve las centenares denuncias sobre el acceso al agua que reposa en su despacho.

Francisco Hurtado, adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, y Alexandra Cárdenas, directora de Derechos Colectivos de esta entidad, escucharon a los  habitantes de la comunidad su preocupación por el accionar de Senaguaal no garantizar su derecho al agua y priorizar el uso del líquido al proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ejecutado por la empresa Hidrotamabo S.A.

Manuel Trujillo, presidente de la comunidad, dijo que la Senagua no respeta el orden de prelación del uso del agua que establece la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua, en su artículo 86 que señala: “de conformidad con la disposición constitucional, el orden de prelación entre los diferentes destinos o funciones del agua es: consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria; caudal ecológico; y, actividades productivas”, es decir, que se debe priorizar el uso de agua para los campesinos y comuneros y luego para otras actividades.

Más de 15 mil personas de 140 comunidades de la cuenca Dulcepambase encuentran afectadas por esta situación.

También el dirigente, explicó que Hidrotambo desvió el río Dulcepamba ubicada en la provincia de Bolívar lo cual generó que en marzo 2015 genero el desbordamiento del caudal que causó la destrucción de 20 casas y la muerte de tres habitantes de la comunidad.

Frente a este hecho, David Reyes, de Acción Ecológica,  comentó que la empresa hasta ahora no construye el muro de contención para evitar que los hechos se repitan, por lo cual la comunidad se encuentra en un riesgo constante.

También en la cita que se desarrolló en la sede la Defensoría ubicada al norte de Quito se habló de la denuncia por el delito de suelo que se encuentra en la Fiscalía y del hostigamiento y procesos penales contra los líderes comunitarios y los voluntarios que apoyan a la comunidad.

Para Harold Burbano, asesor legal de Inredh, la Defensoría del Pueblo debe activar mecanismos que permita proteger a las personas defensores de derechos humanos.