Actividades Destacadas

Más artículos

Juez Carlos Dávila negó acción de protección por desalojos ocurridos en Tundayme

Hoy, martes 15 de enero de 2019, el juez Carlos Dávila, negó la petición de acción de protección, a la Comunidad Indígena de Cascomi. El argumento: que no existe vulneraciones de derecho constitucional alguno y que este tema debe ser ventilado en la vía ordinaria.

INREDH presenta impugnación al candidato Herrería ante el Consejo de Participación

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), presentará formalmente la impugnación a la candidatura de Enrique Herrería a la Corte Constitucional este miércoles 16 de enero a las 9h00 ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Lizardo García 215 y José Tamayo).

Juez emitirá sentencia sobre la consulta previa y el derecho a la vida digna en proyecto Mirador

La Comunidad Indígena Cascomi con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Red Eclesial Pan Amazónica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) invitan a los medios de comunicación a la audiencia de resolución de la “Acción de protección por la vulneración del derecho a la consulta previa y a los desalojos ocurridos en Tundayme” que se desarrollará este martes, 15 de enero de 2019, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte (Villalengua y Amazonas).

Caso Angelo Ayol: `no se debe instrumentalizar el derecho a la defensa´

La Corte Provincial del Pichincha suspendió hoy, 10 de enero de 2019, la audiencia de apelación por el delito de tortura cometido por dos miembros de la Policía Nacional en contra de Ángelo Ayol, joven de 16 años y 11 meses, estudiante de cuarto curso del Colegio Mejía, ocurrido durante las protestas sociales del 17 de septiembre de 2014.

Perito del Consejo de la Judicatura corrobora que sí existe población indígena en Tundayme

Este miércoles, 09 de enero de 2019, el Juez Carlos Dávila reinstaló la audiencia de la acción de protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A. por violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada en la ejecución del proyecto minero Mirador, a las 15:30, en la sala 806 del Complejo Judicial Norte.

La falta de respuesta a más de 700 solicitudes de acceso al agua fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 13 Junio 2018 16:07
Visto: 512

Una comitiva de la comunidad de San Pablo de Amalí, de la provincia de Bolívar; Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)denunció ayer, 12 de junio de 2018,ante la Defensoría del Pueblo, que la Secretaría del Agua (Senagua) no resuelve las centenares denuncias sobre el acceso al agua que reposa en su despacho.

Francisco Hurtado, adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, y Alexandra Cárdenas, directora de Derechos Colectivos de esta entidad, escucharon a los  habitantes de la comunidad su preocupación por el accionar de Senaguaal no garantizar su derecho al agua y priorizar el uso del líquido al proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ejecutado por la empresa Hidrotamabo S.A.

Manuel Trujillo, presidente de la comunidad, dijo que la Senagua no respeta el orden de prelación del uso del agua que establece la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua, en su artículo 86 que señala: “de conformidad con la disposición constitucional, el orden de prelación entre los diferentes destinos o funciones del agua es: consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria; caudal ecológico; y, actividades productivas”, es decir, que se debe priorizar el uso de agua para los campesinos y comuneros y luego para otras actividades.

Más de 15 mil personas de 140 comunidades de la cuenca Dulcepambase encuentran afectadas por esta situación.

También el dirigente, explicó que Hidrotambo desvió el río Dulcepamba ubicada en la provincia de Bolívar lo cual generó que en marzo 2015 genero el desbordamiento del caudal que causó la destrucción de 20 casas y la muerte de tres habitantes de la comunidad.

Frente a este hecho, David Reyes, de Acción Ecológica,  comentó que la empresa hasta ahora no construye el muro de contención para evitar que los hechos se repitan, por lo cual la comunidad se encuentra en un riesgo constante.

También en la cita que se desarrolló en la sede la Defensoría ubicada al norte de Quito se habló de la denuncia por el delito de suelo que se encuentra en la Fiscalía y del hostigamiento y procesos penales contra los líderes comunitarios y los voluntarios que apoyan a la comunidad.

Para Harold Burbano, asesor legal de Inredh, la Defensoría del Pueblo debe activar mecanismos que permita proteger a las personas defensores de derechos humanos.