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Convenio con empresas mineras genera enfrentamientos en población shuar y no cumple con el derecho a la consulta previa

Tras la firma del convenio de cooperación entre la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y la empresa Explorcobres (EXSA), operadora del proyecto minero Panantza San Carlos, en la provincia de Morona Santiago, se ha generado varios incidentes entre los líderes y las comunidades del sector.

25 años de proceso judicial para condenar a Chevron por los crímenes ambientales en la Amazonía ecuatoriana

Hoy, 11 de julio del 2018, a las 10 de la mañana,  la Unión de Afectados por la Petrolera Chevron (Udapt), anunció mediante rueda de prensa, la sentencia de la Corte Constitucional a favor de las víctimas por la contaminación ocasionada por la empresa petrolera Texaco, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, al norte de la Amazonía ecuatoriana.

ARCOM amenaza con desalojar para continuar con el proyecto minero Mirador

Rosa Elvira Sánchez, comunera de Tundayme que defiende su territorio, denunció hoy, 10 de julio 2018, que funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en compañía de representantes de la Secretaría de la Gestión de la Política y de la empresa minera Ecuacorriente S.A. visitaron su casa para informarle que será desalojada de su territorio.

Fiscalía recorrió los últimos pasos de Juliana Campoverde, previo a desaparecer

La unidad de Violencia de Genero N° 3 realizó el sábado, 7 de julio de 2018, la ruta técnica de Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, al cumplirse 6 años  de su desaparición, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Carta abierta en conmemoración a los 6 años de la desaparición de Juliana Campoverde

Desde el 07 de julio de 2012 que desaparecieron a mi hija Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, en el sur de Quito, ha sido la oscuridad más intensa que ha vivido mi familia.

La falta de respuesta a más de 700 solicitudes de acceso al agua fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 13 Junio 2018 16:07
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Una comitiva de la comunidad de San Pablo de Amalí, de la provincia de Bolívar; Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)denunció ayer, 12 de junio de 2018,ante la Defensoría del Pueblo, que la Secretaría del Agua (Senagua) no resuelve las centenares denuncias sobre el acceso al agua que reposa en su despacho.

Francisco Hurtado, adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, y Alexandra Cárdenas, directora de Derechos Colectivos de esta entidad, escucharon a los  habitantes de la comunidad su preocupación por el accionar de Senaguaal no garantizar su derecho al agua y priorizar el uso del líquido al proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ejecutado por la empresa Hidrotamabo S.A.

Manuel Trujillo, presidente de la comunidad, dijo que la Senagua no respeta el orden de prelación del uso del agua que establece la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua, en su artículo 86 que señala: “de conformidad con la disposición constitucional, el orden de prelación entre los diferentes destinos o funciones del agua es: consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria; caudal ecológico; y, actividades productivas”, es decir, que se debe priorizar el uso de agua para los campesinos y comuneros y luego para otras actividades.

Más de 15 mil personas de 140 comunidades de la cuenca Dulcepambase encuentran afectadas por esta situación.

También el dirigente, explicó que Hidrotambo desvió el río Dulcepamba ubicada en la provincia de Bolívar lo cual generó que en marzo 2015 genero el desbordamiento del caudal que causó la destrucción de 20 casas y la muerte de tres habitantes de la comunidad.

Frente a este hecho, David Reyes, de Acción Ecológica,  comentó que la empresa hasta ahora no construye el muro de contención para evitar que los hechos se repitan, por lo cual la comunidad se encuentra en un riesgo constante.

También en la cita que se desarrolló en la sede la Defensoría ubicada al norte de Quito se habló de la denuncia por el delito de suelo que se encuentra en la Fiscalía y del hostigamiento y procesos penales contra los líderes comunitarios y los voluntarios que apoyan a la comunidad.

Para Harold Burbano, asesor legal de Inredh, la Defensoría del Pueblo debe activar mecanismos que permita proteger a las personas defensores de derechos humanos.