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La bala que mató a Andrés Padilla en Mascarilla

Por Mayra Caiza “Corra le han matado a Ricky” fue lo primero que escuchó Jaqueline Delgado cuando contestó su celular. La llamada era de su hermana quien vio a su sobrino Andrés Martín Padilla Delgado  en el hospital San Vicente, en la ciudad de Ibarra.

25 víctimas comparecerán en la audiencia de juzgamiento por tortura en Turi

11 pruebas documentales,  12 peritajes y 15 testimonios de las personas privadas de la libertad de los centros de  detención de Cuenca, Guayaquil, Latacunga, Riobamba, Portoviejo e Ibarra son varias de las pruebas anunciadas en la audiencia pública de juzgamiento por el delito de tortura en contra de 42 policías procesados por los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Se presentaron los alegatos en la audiencia de juzgamiento por el delito de tortura en Turi

Este martes 18 de septiembre de 2018,  inició a la audiencia de juzgamiento para conocer y resolver la situación jurídica de los 42 agentes de la Policía Nacional procesados por el delito de tortura ocurrido en el Centro de Rehabilitación Social Turi.

Audiencia de juzgamiento por el delito de tortura en la cárcel Turi

Este martes, 18 de septiembre de 2018, a las 08h30, en el Complejo Judicial del Azuay, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se desarrollará la audiencia oral y pública por el delito de tortura cometido el pasado 31 de mayo de 2016, por miembros de la policía en contra de más de 200 internos del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Organizaciones sociales, colectivos y comunidades suscriben carta de solidaridad por las y los afectados por Texaco

Varias personas y organizaciones, entre ellas la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh, buscan mediante una carta de solidaridad expresar su rechazo al fallo que dictó el tribunal a favor de la empresa transnacional Chevron y su afiliado Texaco el pasado 7 de septiembre.

La falta de respuesta a más de 700 solicitudes de acceso al agua fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 13 Junio 2018 16:07
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Una comitiva de la comunidad de San Pablo de Amalí, de la provincia de Bolívar; Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)denunció ayer, 12 de junio de 2018,ante la Defensoría del Pueblo, que la Secretaría del Agua (Senagua) no resuelve las centenares denuncias sobre el acceso al agua que reposa en su despacho.

Francisco Hurtado, adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, y Alexandra Cárdenas, directora de Derechos Colectivos de esta entidad, escucharon a los  habitantes de la comunidad su preocupación por el accionar de Senaguaal no garantizar su derecho al agua y priorizar el uso del líquido al proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ejecutado por la empresa Hidrotamabo S.A.

Manuel Trujillo, presidente de la comunidad, dijo que la Senagua no respeta el orden de prelación del uso del agua que establece la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua, en su artículo 86 que señala: “de conformidad con la disposición constitucional, el orden de prelación entre los diferentes destinos o funciones del agua es: consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria; caudal ecológico; y, actividades productivas”, es decir, que se debe priorizar el uso de agua para los campesinos y comuneros y luego para otras actividades.

Más de 15 mil personas de 140 comunidades de la cuenca Dulcepambase encuentran afectadas por esta situación.

También el dirigente, explicó que Hidrotambo desvió el río Dulcepamba ubicada en la provincia de Bolívar lo cual generó que en marzo 2015 genero el desbordamiento del caudal que causó la destrucción de 20 casas y la muerte de tres habitantes de la comunidad.

Frente a este hecho, David Reyes, de Acción Ecológica,  comentó que la empresa hasta ahora no construye el muro de contención para evitar que los hechos se repitan, por lo cual la comunidad se encuentra en un riesgo constante.

También en la cita que se desarrolló en la sede la Defensoría ubicada al norte de Quito se habló de la denuncia por el delito de suelo que se encuentra en la Fiscalía y del hostigamiento y procesos penales contra los líderes comunitarios y los voluntarios que apoyan a la comunidad.

Para Harold Burbano, asesor legal de Inredh, la Defensoría del Pueblo debe activar mecanismos que permita proteger a las personas defensores de derechos humanos.