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Denuncian falta de judialización de casos de la Comisión de la Verdad e intento de cerrar fiscalías

Alrededor de 60 personas víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos ocurridos desde el gobierno de León Febres Cordero hasta el expresidente Rafael Correa realizaron hoy, 14 de marzo de 2019, un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para exigir la judialización de los 118 casos recogidos en el Informe de la Comisión Verdad publicado en el 2010.

Familiares y víctimas de graves violaciones de derechos humanos a nivel nacional llegan a Quito

El Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de los Derechos Humanos convoca a la sociedad y a los medios de comunicación al plantón “No más impunidad” que se realizará este jueves 14 de marzo del 2019, a las 9 de la mañana, en los exteriores de Fiscalía General del Estado, ubicada en la avenida Patria y 12 de Octubre.  

Pueblo Shuar Arutam presenta acción de protección contra empresa minera EXSA San Carlos – Panantza

El pueblo Shuar Arutam con el apoyo de la Fundación Tiam, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) presentaron el 8 de marzo del 2019, la acción de protección en contra de la implementación del proyecto minero San Carlos- Panantza; sin la realización de una consulta previa libre e informada irrespetando sus derechos colectivos.

Jueza dispone 15 días para incorporar peritaje en caso Juliana Campoverde

Hoy, 7 de marzo de 2019, la jueza de la Unidad Penal Yadira Proaño dio un plazo de 15 días a la Fiscalía para incluir el informe de peritaje de Criminalística solicitada por la defensa de Jonathan C. procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio de 2012, en el sur de Quito.

Audiencia por la desaparición de Juliana Campoverde se instalará este jueves

Mañana 07 de marzo del 2019, a las 10H00, la jueza Yadira Proaño instalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio sobre la desaparición de Juliana Campoverde que fue vista por última vez el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

La falta de respuesta a más de 700 solicitudes de acceso al agua fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 13 Junio 2018 16:07
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Una comitiva de la comunidad de San Pablo de Amalí, de la provincia de Bolívar; Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)denunció ayer, 12 de junio de 2018,ante la Defensoría del Pueblo, que la Secretaría del Agua (Senagua) no resuelve las centenares denuncias sobre el acceso al agua que reposa en su despacho.

Francisco Hurtado, adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, y Alexandra Cárdenas, directora de Derechos Colectivos de esta entidad, escucharon a los  habitantes de la comunidad su preocupación por el accionar de Senaguaal no garantizar su derecho al agua y priorizar el uso del líquido al proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ejecutado por la empresa Hidrotamabo S.A.

Manuel Trujillo, presidente de la comunidad, dijo que la Senagua no respeta el orden de prelación del uso del agua que establece la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua, en su artículo 86 que señala: “de conformidad con la disposición constitucional, el orden de prelación entre los diferentes destinos o funciones del agua es: consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria; caudal ecológico; y, actividades productivas”, es decir, que se debe priorizar el uso de agua para los campesinos y comuneros y luego para otras actividades.

Más de 15 mil personas de 140 comunidades de la cuenca Dulcepambase encuentran afectadas por esta situación.

También el dirigente, explicó que Hidrotambo desvió el río Dulcepamba ubicada en la provincia de Bolívar lo cual generó que en marzo 2015 genero el desbordamiento del caudal que causó la destrucción de 20 casas y la muerte de tres habitantes de la comunidad.

Frente a este hecho, David Reyes, de Acción Ecológica,  comentó que la empresa hasta ahora no construye el muro de contención para evitar que los hechos se repitan, por lo cual la comunidad se encuentra en un riesgo constante.

También en la cita que se desarrolló en la sede la Defensoría ubicada al norte de Quito se habló de la denuncia por el delito de suelo que se encuentra en la Fiscalía y del hostigamiento y procesos penales contra los líderes comunitarios y los voluntarios que apoyan a la comunidad.

Para Harold Burbano, asesor legal de Inredh, la Defensoría del Pueblo debe activar mecanismos que permita proteger a las personas defensores de derechos humanos.