Actividades Destacadas

Más artículos

Juez Carlos Dávila negó acción de protección por desalojos ocurridos en Tundayme

Hoy, martes 15 de enero de 2019, el juez Carlos Dávila, negó la petición de acción de protección, a la Comunidad Indígena de Cascomi. El argumento: que no existe vulneraciones de derecho constitucional alguno y que este tema debe ser ventilado en la vía ordinaria.

INREDH presenta impugnación al candidato Herrería ante el Consejo de Participación

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), presentará formalmente la impugnación a la candidatura de Enrique Herrería a la Corte Constitucional este miércoles 16 de enero a las 9h00 ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Lizardo García 215 y José Tamayo).

Juez emitirá sentencia sobre la consulta previa y el derecho a la vida digna en proyecto Mirador

La Comunidad Indígena Cascomi con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Red Eclesial Pan Amazónica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) invitan a los medios de comunicación a la audiencia de resolución de la “Acción de protección por la vulneración del derecho a la consulta previa y a los desalojos ocurridos en Tundayme” que se desarrollará este martes, 15 de enero de 2019, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte (Villalengua y Amazonas).

Caso Angelo Ayol: `no se debe instrumentalizar el derecho a la defensa´

La Corte Provincial del Pichincha suspendió hoy, 10 de enero de 2019, la audiencia de apelación por el delito de tortura cometido por dos miembros de la Policía Nacional en contra de Ángelo Ayol, joven de 16 años y 11 meses, estudiante de cuarto curso del Colegio Mejía, ocurrido durante las protestas sociales del 17 de septiembre de 2014.

Perito del Consejo de la Judicatura corrobora que sí existe población indígena en Tundayme

Este miércoles, 09 de enero de 2019, el Juez Carlos Dávila reinstaló la audiencia de la acción de protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A. por violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada en la ejecución del proyecto minero Mirador, a las 15:30, en la sala 806 del Complejo Judicial Norte.

Inredh aclara que suspensión de actividad minera en Mirador no responde a la acción de protección sino a directrices del MAE

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 13 Junio 2018 18:20
Visto: 666

La suspensión temporal de la actividad minera del proyecto Mirador que se ejecuta en la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe, es por el incumplimiento de la licencia ambiental y por realizar actividades sin permisos respectivos de la autoridad ambiental y sectorial cometidos por la empresa minera Ecuacorriente S.A, así lo informó el pasado 15 de mayo de 2018, el Ministerio de Ambiente.

Es decir, que no responde a la resolución del juez Carlos Alfonso Dávila que ordenó la anterior semana, 6 de junio de 2018, realizar un peritaje antropológico a la comunidad para constatar la existencia de población indígena en la zona de Tundayme. Esto antes de emitir su resolución, por lo tanto la suspensión temporal del proyecto Mirador no es responsabilidad de las organizaciones que presentamos la acción constitucional, sino más bien del accionar de la misma empresa minera que incumplió los acuerdos ambientales.

La acción de protección presentada por la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador- “CASCOMI”, asentada en Tundayme, busca reparar de forma integral a las familias indígenas y campesinas que fueron desalojadas arbitrariamente en septiembre y diciembre de 2015.

“La pretensión de la acción no fue la suspensión del proyecto – dice Gabriela Flores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), más bien es que la gente sea reparada y reubicada en lugares similares a los que fueron desalojados”.

Además, la acción muestra que el otorgamiento de la concesión minera es ilegal porque violenta el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas como lo establece la Constitución.

En este sentido, las declaraciones infundadas por los miembros de la empresa minera en la parroquia de Tundayme sobre la presunta responsabilidad de la suspensión minera solo ratifican que la minería en el país no se la lleva de forma responsable, ya que incumple los acuerdos ambientales y rompe el tejido social de la comunidad. 

Responsabilizamos a los representantes de la empresa de Ecuacorriente S.A sobre el conflicto interno que se puede generar en la zona por la desinformación que están generando funcionarios de esta empresa minera.