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Relatora de pueblos indígenas de la ONU se reunirá con organizaciones de la sociedad civil

Victoria Tauli Corpuz, relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, se reunirá hoy, 20 de noviembre de 2018, a las 17:00, con organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza, en el paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, Toledo N22-80 (Plaza Brasilia).

Entre la ausencia y el abuso del poder: muerte de Francisco Cajigas

Por Alejandro Baño* Joven colombiano, de 33 años, residía en un departamento junto a su esposa y su hija menor. El 17 de noviembre de 2015 fue aprehendido por el organismo estatal que en sus dependencias lleva por lema “Servir y proteger”. Él fue desaparecido y encontrado muerto 13 días después, en un alto proceso de descomposición, en la laguna de Yaguarcocha, en la provincia de Imbabura. Así terminó la vida de Francisco Javier Cajigas Botina hace ya tres años, en un lamentable contexto de incertidumbre e injusticia que aún se percibe.

37 policías fueron condenados a 106 días de prisión por los hechos ocurridos en la cárcel Turi

106 días y 26 hora de prisión en el Centro de Rehabilitación Social Turi fue la condena que recibieron 37 de los 42 policías procesados por el delito de tortura ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad JC de este Centro.

Audiencia de acción de protección contra INREDH se reinstalará este jueves

Mañana, jueves 15 de noviembre del 2018, a las 14:00, en el Complejo Judicial Sur ubicado en Quitumbe, se reinstalará la audiencia de Acción de Protección que interpuso el pastor evangélico Patricio C., padre de Jonathan C., en contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)  y Covidefem por las publicaciones en redes sociales sobre Juliana Campoverde, joven desaparecida desde el 7 de julio de 2012.

Tribunal de Garantías Penales emitirá su resolución sobre el delito de tortura en Turi

Este 14 de noviembre de 2018, a las 15:30, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca emitirá su resolución sobre el delito de tortura cometido en contra de más de 200 personas privadas de la libertad del pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016.

Inredh aclara que suspensión de actividad minera en Mirador no responde a la acción de protección sino a directrices del MAE

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 13 Junio 2018 18:20
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La suspensión temporal de la actividad minera del proyecto Mirador que se ejecuta en la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe, es por el incumplimiento de la licencia ambiental y por realizar actividades sin permisos respectivos de la autoridad ambiental y sectorial cometidos por la empresa minera Ecuacorriente S.A, así lo informó el pasado 15 de mayo de 2018, el Ministerio de Ambiente.

Es decir, que no responde a la resolución del juez Carlos Alfonso Dávila que ordenó la anterior semana, 6 de junio de 2018, realizar un peritaje antropológico a la comunidad para constatar la existencia de población indígena en la zona de Tundayme. Esto antes de emitir su resolución, por lo tanto la suspensión temporal del proyecto Mirador no es responsabilidad de las organizaciones que presentamos la acción constitucional, sino más bien del accionar de la misma empresa minera que incumplió los acuerdos ambientales.

La acción de protección presentada por la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador- “CASCOMI”, asentada en Tundayme, busca reparar de forma integral a las familias indígenas y campesinas que fueron desalojadas arbitrariamente en septiembre y diciembre de 2015.

“La pretensión de la acción no fue la suspensión del proyecto – dice Gabriela Flores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), más bien es que la gente sea reparada y reubicada en lugares similares a los que fueron desalojados”.

Además, la acción muestra que el otorgamiento de la concesión minera es ilegal porque violenta el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas como lo establece la Constitución.

En este sentido, las declaraciones infundadas por los miembros de la empresa minera en la parroquia de Tundayme sobre la presunta responsabilidad de la suspensión minera solo ratifican que la minería en el país no se la lleva de forma responsable, ya que incumple los acuerdos ambientales y rompe el tejido social de la comunidad. 

Responsabilizamos a los representantes de la empresa de Ecuacorriente S.A sobre el conflicto interno que se puede generar en la zona por la desinformación que están generando funcionarios de esta empresa minera.