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Denuncian falta de judialización de casos de la Comisión de la Verdad e intento de cerrar fiscalías

Alrededor de 60 personas víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos ocurridos desde el gobierno de León Febres Cordero hasta el expresidente Rafael Correa realizaron hoy, 14 de marzo de 2019, un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para exigir la judialización de los 118 casos recogidos en el Informe de la Comisión Verdad publicado en el 2010.

Familiares y víctimas de graves violaciones de derechos humanos a nivel nacional llegan a Quito

El Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de los Derechos Humanos convoca a la sociedad y a los medios de comunicación al plantón “No más impunidad” que se realizará este jueves 14 de marzo del 2019, a las 9 de la mañana, en los exteriores de Fiscalía General del Estado, ubicada en la avenida Patria y 12 de Octubre.  

Pueblo Shuar Arutam presenta acción de protección contra empresa minera EXSA San Carlos – Panantza

El pueblo Shuar Arutam con el apoyo de la Fundación Tiam, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) presentaron el 8 de marzo del 2019, la acción de protección en contra de la implementación del proyecto minero San Carlos- Panantza; sin la realización de una consulta previa libre e informada irrespetando sus derechos colectivos.

Jueza dispone 15 días para incorporar peritaje en caso Juliana Campoverde

Hoy, 7 de marzo de 2019, la jueza de la Unidad Penal Yadira Proaño dio un plazo de 15 días a la Fiscalía para incluir el informe de peritaje de Criminalística solicitada por la defensa de Jonathan C. procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio de 2012, en el sur de Quito.

Audiencia por la desaparición de Juliana Campoverde se instalará este jueves

Mañana 07 de marzo del 2019, a las 10H00, la jueza Yadira Proaño instalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio sobre la desaparición de Juliana Campoverde que fue vista por última vez el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Inredh aclara que suspensión de actividad minera en Mirador no responde a la acción de protección sino a directrices del MAE

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 13 Junio 2018 18:20
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La suspensión temporal de la actividad minera del proyecto Mirador que se ejecuta en la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe, es por el incumplimiento de la licencia ambiental y por realizar actividades sin permisos respectivos de la autoridad ambiental y sectorial cometidos por la empresa minera Ecuacorriente S.A, así lo informó el pasado 15 de mayo de 2018, el Ministerio de Ambiente.

Es decir, que no responde a la resolución del juez Carlos Alfonso Dávila que ordenó la anterior semana, 6 de junio de 2018, realizar un peritaje antropológico a la comunidad para constatar la existencia de población indígena en la zona de Tundayme. Esto antes de emitir su resolución, por lo tanto la suspensión temporal del proyecto Mirador no es responsabilidad de las organizaciones que presentamos la acción constitucional, sino más bien del accionar de la misma empresa minera que incumplió los acuerdos ambientales.

La acción de protección presentada por la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador- “CASCOMI”, asentada en Tundayme, busca reparar de forma integral a las familias indígenas y campesinas que fueron desalojadas arbitrariamente en septiembre y diciembre de 2015.

“La pretensión de la acción no fue la suspensión del proyecto – dice Gabriela Flores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), más bien es que la gente sea reparada y reubicada en lugares similares a los que fueron desalojados”.

Además, la acción muestra que el otorgamiento de la concesión minera es ilegal porque violenta el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas como lo establece la Constitución.

En este sentido, las declaraciones infundadas por los miembros de la empresa minera en la parroquia de Tundayme sobre la presunta responsabilidad de la suspensión minera solo ratifican que la minería en el país no se la lleva de forma responsable, ya que incumple los acuerdos ambientales y rompe el tejido social de la comunidad. 

Responsabilizamos a los representantes de la empresa de Ecuacorriente S.A sobre el conflicto interno que se puede generar en la zona por la desinformación que están generando funcionarios de esta empresa minera.