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Convenio con empresas mineras genera enfrentamientos en población shuar y no cumple con el derecho a la consulta previa

Tras la firma del convenio de cooperación entre la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y la empresa Explorcobres (EXSA), operadora del proyecto minero Panantza San Carlos, en la provincia de Morona Santiago, se ha generado varios incidentes entre los líderes y las comunidades del sector.

25 años de proceso judicial para condenar a Chevron por los crímenes ambientales en la Amazonía ecuatoriana

Hoy, 11 de julio del 2018, a las 10 de la mañana,  la Unión de Afectados por la Petrolera Chevron (Udapt), anunció mediante rueda de prensa, la sentencia de la Corte Constitucional a favor de las víctimas por la contaminación ocasionada por la empresa petrolera Texaco, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, al norte de la Amazonía ecuatoriana.

ARCOM amenaza con desalojar para continuar con el proyecto minero Mirador

Rosa Elvira Sánchez, comunera de Tundayme que defiende su territorio, denunció hoy, 10 de julio 2018, que funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en compañía de representantes de la Secretaría de la Gestión de la Política y de la empresa minera Ecuacorriente S.A. visitaron su casa para informarle que será desalojada de su territorio.

Fiscalía recorrió los últimos pasos de Juliana Campoverde, previo a desaparecer

La unidad de Violencia de Genero N° 3 realizó el sábado, 7 de julio de 2018, la ruta técnica de Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, al cumplirse 6 años  de su desaparición, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Carta abierta en conmemoración a los 6 años de la desaparición de Juliana Campoverde

Desde el 07 de julio de 2012 que desaparecieron a mi hija Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, en el sur de Quito, ha sido la oscuridad más intensa que ha vivido mi familia.

18 de 43 testigos han declarado en audiencia de juzgamiento por el delito de tortura a un ex estudiante del Colegio Mejía

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 21 Junio 2018 10:56
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Cuarenta y tres personas, entre peritos, policías, familiares y amigos implicados en el caso de tortura cometido por los policías Vicente F. y David A. en contra del ex estudiante del Colegio Mejía, Ángelo Ayol, fueron llamados a declarar en la audiencia de juzgamiento que inició ayer, 20 de junio de 2018.

Este miércoles se llevó acabo el primer día de la audiencia de juzgamiento en la Sala de Garantías Penales de Pichincha, ubicado en el Complejo Judicial Norte. El tribunal conformado por los jueces Milton Maroto Sánchez, María Suarez Tapia y Edmundo Samaniego Luna instalaron la audiencia a las 08:45. 

El magistrado Maroto que presidió la audiencia otorgó la palabra al representante de la Fiscalía y dispuso 5 minutos de tiempo para la intervención de los abogados recurrentes.

El fiscal del caso David Bermeo, fue el primero en intervenir e informó que contará con la presencia de testigos y peritos que dan un total de 20 personas llamadas a declarar sobre los hechos ocurridos el pasado 17 de septiembre de 2014, cuando Ángelo fue detenido ilegalmente y torturado en el contexto de las manifestaciones estudiantiles.  

Uno a uno de los testigos y peritos por parte de la Fiscalía pasaron al estrado. Cada uno narró lo sucedido durante las manifestaciones. Las dos primeras personas en testificar fueron los padres de la víctima: Alicia Barros y Bolívar Ayol, quienes relataron al juez que ese día, después de 4 horas, encontraron a su hijo menor de edad Ángelo, golpeado de pies a cabeza sin saber el por qué. Los agentes del Estada jamás les informaron la razón de los golpes ni le mostraron el parte policial sobre su detención.

Luego, del testimonio de la familia Ayol, los policías responsables de los operativos de esa noche testificaron. Las preguntas en el interrogatorio fueron: “la noche del 17 de septiembre quién ordenó o quién era el jefe a cargo de la Unidad Policial donde Ángelo fue recluido y torturado”, “¿Por qué si estaban a cargo de precautelar la seguridad pública, los policías estaban encapuchados y golpearon a los estudiantes?”. La respuesta fue que durante el operativo se llevó pistolas, municiones, alimentadora, gas, una radio, el chaleco y esposas. Y que durante las manifestaciones nunca hubo la detención de un menor de edad.

Otros de los testigos llamados a declarar fueron 3 médicos, quienes comentaron al juez que ese 17 de septiembre en horas de la noche sí recibieron en el Hospital Eugenio Espejo a Ángelo, en ese tiempo menor de edad, en un estado crítico. Uno de los médicos mencionó que en su diagnóstico reportó un politraumatismo y traumatismo cráneo encefálico.  

Después de 8 horas de audiencia, el fiscal David Bermeo, solicitó a los jueces la suspensión de la diligencia por la ausencia de dos testigos. El Tribunal aceptó el pedido e reinstalará la audiencia hoy, jueves 21 de junio, a las 08:30.

Hoy se espera que los abogados de la acusación particular y la defensa presenten sus pruebas y presenten sus testigos.

Para los padres de Ángelo Ayol se ha demostrado que hubo un delito de grave violación a la integridad personal de su hijo. “Hubo tortura y el juez no debe permitir que este hecho quede en la impunidad ni para mi hijo ni otras personas que también han sido violentadas”.

Por su parte Harold Burbano, abogado de la familia y asesor jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la audiencia va por buen camino y es necesario dejar un precedente con este caso de tortura cometido por agentes policiales.