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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

Organizaciones exigen juicio por crimen de lesa humanidad a Donald Trump por separaciones forzadas de padres e hijos inmigrantes

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 26 Junio 2018 15:53
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Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, observamos con mucha preocupación la implementación en Estados Unidos de una política migratoria llamada “tolerancia cero” que separa de manera brutal los padres y madres de sus hijos e hijas, cualquiera sea la edad de los menores.

Las investigaciones realizadas durante la segunda guerra mundial en Gran Bretaña y después en muchos otros países, como durante el terrorismo de Estado en la Latinoamérica sobre los efectos psicosociales de las separaciones forzadas de padres/madres e hijas/os mostraron las graves secuelas que pueden tener esos desprendimientos en la salud física y mental de las/os niñas/os pequeños.

Cuando la confianza básica del ser humano es atacada, el peligro es que esta confianza, fundamental para el desarrollo emocional e intelectual de la niñez, sea destrozada de por vida, con fenómenos de hospitalismo, problemas de comportamiento, de atención, problemas de maduración, tendencias a la ansiedad, depresión… Los bebés y pequeños seres humanos que han sido separados de sus padres y madres han sufrido una violencia extrema, configura una tortura interminable por el dolor psíquico sin fin que produce este tipo de separaciones y que tiene que ver con un trauma extremo por el carácter insoportable de la situación.

Hasta la fecha, los funcionarios de inmigración de EE.UU han separado a más de 2.300 niñas y niños migrantes, según fuentes del gobierno de Estados Unidos, de sus padres y madres desde que la administración de Trump inició una política de "tolerancia cero" y comenzó a detener a los adultos para su enjuiciamiento penal. De acuerdo a informaciones publicadas en los últimos días en el sur de Texas, niñas y niños viven enjaulados y hacinados, hasta 20 menores en una jaula. Actualmente, un refugio de migrantes en Texas es demandado por presuntamente inyectar a la fuerza drogas antipsicóticas a los menores. El daño de destrozar conscientemente vidas humanas está hecho.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, afirmó el lunes 18 de junio que el Gobierno no pedirá "disculpas". Para nosotros no se trata de pedir disculpas, sino de reparar el daño causado a las niñas y niños encarcelados y a sus familias, respetando los derechos humanos.

En consecuencia: 1. Exigimos a los Estados Unidos de América y a los gobiernos de los países de donde proceden los niños y niñas, que se pongan en marcha acciones urgentes para que sean reintegrados a sus familias en forma inmediata con pleno respeto a la Convención de los Derechos del Niño y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

2. Exigimos que el presidente de EEUU sea investigado y enjuiciado y que el gobierno de ese país asuma la reparación y la rehabilitación de los daños causados en los/as niños/as y las familias migrantes.

3. Cómo velantes de las garantías y de respeto a la dignidad humana demandamos que las familias de migrantes sean recibidas en lugares adecuados y reciban la atención necesaria a la recuperación del daño sufrido.

4. Instamos al gobierno de Estados Unidos a recibir a las/os migrantes en debida forma y no como delincuentes. Migrar es un derecho, desde que existe la humanidad. Ningún Estado moderno puede contravenir el derecho a migrar del ser humano.

5. Nos pronunciamos en contra de los médicos que colaboran en los experimentos médicos sobre niños aplicándoles toda clase de medicamentos antipsicóticos para calmarlos y exigimos que sean condenados y excluidos del orden médico.

6. Por último, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con las familias afectadas por esta política migratoria.

 

Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos:

- Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.

- Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.

- Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.

- Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.

- Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.

- Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.

- Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.

- Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.

- Centro de atención Psicosocial (CAPS), Perú.

- Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.

- Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.

- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala. -

Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú

- Centro de Apoyo Psicosocial, (CAPS), Colombia