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Convenio con empresas mineras genera enfrentamientos en población shuar y no cumple con el derecho a la consulta previa

Tras la firma del convenio de cooperación entre la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y la empresa Explorcobres (EXSA), operadora del proyecto minero Panantza San Carlos, en la provincia de Morona Santiago, se ha generado varios incidentes entre los líderes y las comunidades del sector.

25 años de proceso judicial para condenar a Chevron por los crímenes ambientales en la Amazonía ecuatoriana

Hoy, 11 de julio del 2018, a las 10 de la mañana,  la Unión de Afectados por la Petrolera Chevron (Udapt), anunció mediante rueda de prensa, la sentencia de la Corte Constitucional a favor de las víctimas por la contaminación ocasionada por la empresa petrolera Texaco, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, al norte de la Amazonía ecuatoriana.

ARCOM amenaza con desalojar para continuar con el proyecto minero Mirador

Rosa Elvira Sánchez, comunera de Tundayme que defiende su territorio, denunció hoy, 10 de julio 2018, que funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en compañía de representantes de la Secretaría de la Gestión de la Política y de la empresa minera Ecuacorriente S.A. visitaron su casa para informarle que será desalojada de su territorio.

Fiscalía recorrió los últimos pasos de Juliana Campoverde, previo a desaparecer

La unidad de Violencia de Genero N° 3 realizó el sábado, 7 de julio de 2018, la ruta técnica de Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, al cumplirse 6 años  de su desaparición, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Carta abierta en conmemoración a los 6 años de la desaparición de Juliana Campoverde

Desde el 07 de julio de 2012 que desaparecieron a mi hija Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, en el sur de Quito, ha sido la oscuridad más intensa que ha vivido mi familia.

Organizaciones exigen juicio por crimen de lesa humanidad a Donald Trump por separaciones forzadas de padres e hijos inmigrantes

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 26 Junio 2018 15:53
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Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, observamos con mucha preocupación la implementación en Estados Unidos de una política migratoria llamada “tolerancia cero” que separa de manera brutal los padres y madres de sus hijos e hijas, cualquiera sea la edad de los menores.

Las investigaciones realizadas durante la segunda guerra mundial en Gran Bretaña y después en muchos otros países, como durante el terrorismo de Estado en la Latinoamérica sobre los efectos psicosociales de las separaciones forzadas de padres/madres e hijas/os mostraron las graves secuelas que pueden tener esos desprendimientos en la salud física y mental de las/os niñas/os pequeños.

Cuando la confianza básica del ser humano es atacada, el peligro es que esta confianza, fundamental para el desarrollo emocional e intelectual de la niñez, sea destrozada de por vida, con fenómenos de hospitalismo, problemas de comportamiento, de atención, problemas de maduración, tendencias a la ansiedad, depresión… Los bebés y pequeños seres humanos que han sido separados de sus padres y madres han sufrido una violencia extrema, configura una tortura interminable por el dolor psíquico sin fin que produce este tipo de separaciones y que tiene que ver con un trauma extremo por el carácter insoportable de la situación.

Hasta la fecha, los funcionarios de inmigración de EE.UU han separado a más de 2.300 niñas y niños migrantes, según fuentes del gobierno de Estados Unidos, de sus padres y madres desde que la administración de Trump inició una política de "tolerancia cero" y comenzó a detener a los adultos para su enjuiciamiento penal. De acuerdo a informaciones publicadas en los últimos días en el sur de Texas, niñas y niños viven enjaulados y hacinados, hasta 20 menores en una jaula. Actualmente, un refugio de migrantes en Texas es demandado por presuntamente inyectar a la fuerza drogas antipsicóticas a los menores. El daño de destrozar conscientemente vidas humanas está hecho.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, afirmó el lunes 18 de junio que el Gobierno no pedirá "disculpas". Para nosotros no se trata de pedir disculpas, sino de reparar el daño causado a las niñas y niños encarcelados y a sus familias, respetando los derechos humanos.

En consecuencia: 1. Exigimos a los Estados Unidos de América y a los gobiernos de los países de donde proceden los niños y niñas, que se pongan en marcha acciones urgentes para que sean reintegrados a sus familias en forma inmediata con pleno respeto a la Convención de los Derechos del Niño y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

2. Exigimos que el presidente de EEUU sea investigado y enjuiciado y que el gobierno de ese país asuma la reparación y la rehabilitación de los daños causados en los/as niños/as y las familias migrantes.

3. Cómo velantes de las garantías y de respeto a la dignidad humana demandamos que las familias de migrantes sean recibidas en lugares adecuados y reciban la atención necesaria a la recuperación del daño sufrido.

4. Instamos al gobierno de Estados Unidos a recibir a las/os migrantes en debida forma y no como delincuentes. Migrar es un derecho, desde que existe la humanidad. Ningún Estado moderno puede contravenir el derecho a migrar del ser humano.

5. Nos pronunciamos en contra de los médicos que colaboran en los experimentos médicos sobre niños aplicándoles toda clase de medicamentos antipsicóticos para calmarlos y exigimos que sean condenados y excluidos del orden médico.

6. Por último, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con las familias afectadas por esta política migratoria.

 

Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos:

- Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.

- Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.

- Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.

- Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.

- Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.

- Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.

- Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.

- Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.

- Centro de atención Psicosocial (CAPS), Perú.

- Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.

- Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.

- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala. -

Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú

- Centro de Apoyo Psicosocial, (CAPS), Colombia