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Denuncian falta de judialización de casos de la Comisión de la Verdad e intento de cerrar fiscalías

Alrededor de 60 personas víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos ocurridos desde el gobierno de León Febres Cordero hasta el expresidente Rafael Correa realizaron hoy, 14 de marzo de 2019, un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para exigir la judialización de los 118 casos recogidos en el Informe de la Comisión Verdad publicado en el 2010.

Familiares y víctimas de graves violaciones de derechos humanos a nivel nacional llegan a Quito

El Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de los Derechos Humanos convoca a la sociedad y a los medios de comunicación al plantón “No más impunidad” que se realizará este jueves 14 de marzo del 2019, a las 9 de la mañana, en los exteriores de Fiscalía General del Estado, ubicada en la avenida Patria y 12 de Octubre.  

Pueblo Shuar Arutam presenta acción de protección contra empresa minera EXSA San Carlos – Panantza

El pueblo Shuar Arutam con el apoyo de la Fundación Tiam, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) presentaron el 8 de marzo del 2019, la acción de protección en contra de la implementación del proyecto minero San Carlos- Panantza; sin la realización de una consulta previa libre e informada irrespetando sus derechos colectivos.

Jueza dispone 15 días para incorporar peritaje en caso Juliana Campoverde

Hoy, 7 de marzo de 2019, la jueza de la Unidad Penal Yadira Proaño dio un plazo de 15 días a la Fiscalía para incluir el informe de peritaje de Criminalística solicitada por la defensa de Jonathan C. procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio de 2012, en el sur de Quito.

Audiencia por la desaparición de Juliana Campoverde se instalará este jueves

Mañana 07 de marzo del 2019, a las 10H00, la jueza Yadira Proaño instalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio sobre la desaparición de Juliana Campoverde que fue vista por última vez el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Organizaciones sociales denuncian estrategia de Chevron para influir dentro de la justicia ecuatoriana

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 03 Julio 2018 15:20
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La mañana de este martes, 3 de julio del 2018, se realizó una rueda de prensa en la sede de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT), en la ciudad de Quito, para difundir la posición de las organizaciones sociales frente a los intentos de Chevron por `sobornar y presionar los jueces de la Corte Constitucional’ .

Para David Suarez, de la organización Ecuador Decide, el caso Chevron es defendido por sus víctimas y el gobierno ecuatoriano no puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre este caso. “No tienen ninguna potestad sobre él, este caso fue impulsado por las víctimas y nunca tuvo intervención estatal. Además, están pasando por alto los derechos de las personas accionantes”. 

Por otro lado, Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, recordó que esta organización ha acompañado el caso desde el principio y ha recogido documentación a lo largo de los años por lo que ha visto de cerca las consecuencias que persisten hasta el día de hoy. Por ejemplo, la contaminación efectuada por la petrolera Chevron Texaco en la provincia de Sucumbíos y Orellana  que afecta a las nacionalidades siona, siekopai, kofanes, kichwas, shuar, waorani y colonos de la zona.

El 3 de noviembre de 1993,  75 personas presentaron una demanda contra la petrolera Texaco en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusándola de haber contaminado el ambiente lo que afectó la salud de la gente durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. El 14 febrero del 2011, el juez de la Corte Provincial de Sucumbíos emitió la sentencia en primera instancia que señala a la empresa petrolera Chevron como responsable del daño ambiental causado en las provincias amazónicas. En esta sentencia se especificó que la empresa debe pagar 19 mil millones de dólares a los afectados para implementar un plan de recuperación, limpieza de vías, un plan económico y sanitario.   

Pablo Fajardo, histórico abogado de UDAPT, quien ha llevado la demanda contra Chevron desde los años noventa, señaló que mientras la sentencia no este escrita Chevron puede utilizar todas sus herramientas y armas para cambiar la sentencia a una favorable para la multinacional. “Esto sucedió en Argentina cuando Chevron invirtió más de 200 millones de dólares y ahora la empresa y el gobierno argentino son aliados”. También, Fajardo explicó que los ecos de este acuerdo o arreglo se dieron en el marco de la visita de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, al Ecuador y la firma de un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC).

Por esta situación, los accionantes se encuentran preocupados. William Lucitante, coordinador ejecutivo de UDAPT, expresó que sienten la presión de Chevron sobre el gobierno ecuatoriano. Así mismo, Donald Moncayo, subcoordinador de esta organización,  comentó que recibieron una llamada donde le comunicaron que en esta semana la Corte Constitucional fallará a favor de Chevron. Frente a esto, llamó a las organizaciones sociales, medios de comunicación y público en general  a estar alertas para que el caso no quede en la impunidad.

Ante la posible falta de independencia judicial, Luis Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), rechazó que Chevron intente influenciar a los jueces de la Corte Constitucional, por lo cual hizo un llamado a los jueces para mantener la protección de las víctimas de la contaminación por encima de los intereses de la multinacional.