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Juez Carlos Dávila negó acción de protección por desalojos ocurridos en Tundayme

Hoy, martes 15 de enero de 2019, el juez Carlos Dávila, negó la petición de acción de protección, a la Comunidad Indígena de Cascomi. El argumento: que no existe vulneraciones de derecho constitucional alguno y que este tema debe ser ventilado en la vía ordinaria.

INREDH presenta impugnación al candidato Herrería ante el Consejo de Participación

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), presentará formalmente la impugnación a la candidatura de Enrique Herrería a la Corte Constitucional este miércoles 16 de enero a las 9h00 ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Lizardo García 215 y José Tamayo).

Juez emitirá sentencia sobre la consulta previa y el derecho a la vida digna en proyecto Mirador

La Comunidad Indígena Cascomi con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Red Eclesial Pan Amazónica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) invitan a los medios de comunicación a la audiencia de resolución de la “Acción de protección por la vulneración del derecho a la consulta previa y a los desalojos ocurridos en Tundayme” que se desarrollará este martes, 15 de enero de 2019, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte (Villalengua y Amazonas).

Caso Angelo Ayol: `no se debe instrumentalizar el derecho a la defensa´

La Corte Provincial del Pichincha suspendió hoy, 10 de enero de 2019, la audiencia de apelación por el delito de tortura cometido por dos miembros de la Policía Nacional en contra de Ángelo Ayol, joven de 16 años y 11 meses, estudiante de cuarto curso del Colegio Mejía, ocurrido durante las protestas sociales del 17 de septiembre de 2014.

Perito del Consejo de la Judicatura corrobora que sí existe población indígena en Tundayme

Este miércoles, 09 de enero de 2019, el Juez Carlos Dávila reinstaló la audiencia de la acción de protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A. por violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada en la ejecución del proyecto minero Mirador, a las 15:30, en la sala 806 del Complejo Judicial Norte.

Organizaciones sociales denuncian estrategia de Chevron para influir dentro de la justicia ecuatoriana

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 03 Julio 2018 15:20
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La mañana de este martes, 3 de julio del 2018, se realizó una rueda de prensa en la sede de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT), en la ciudad de Quito, para difundir la posición de las organizaciones sociales frente a los intentos de Chevron por `sobornar y presionar los jueces de la Corte Constitucional’ .

Para David Suarez, de la organización Ecuador Decide, el caso Chevron es defendido por sus víctimas y el gobierno ecuatoriano no puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre este caso. “No tienen ninguna potestad sobre él, este caso fue impulsado por las víctimas y nunca tuvo intervención estatal. Además, están pasando por alto los derechos de las personas accionantes”. 

Por otro lado, Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, recordó que esta organización ha acompañado el caso desde el principio y ha recogido documentación a lo largo de los años por lo que ha visto de cerca las consecuencias que persisten hasta el día de hoy. Por ejemplo, la contaminación efectuada por la petrolera Chevron Texaco en la provincia de Sucumbíos y Orellana  que afecta a las nacionalidades siona, siekopai, kofanes, kichwas, shuar, waorani y colonos de la zona.

El 3 de noviembre de 1993,  75 personas presentaron una demanda contra la petrolera Texaco en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusándola de haber contaminado el ambiente lo que afectó la salud de la gente durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. El 14 febrero del 2011, el juez de la Corte Provincial de Sucumbíos emitió la sentencia en primera instancia que señala a la empresa petrolera Chevron como responsable del daño ambiental causado en las provincias amazónicas. En esta sentencia se especificó que la empresa debe pagar 19 mil millones de dólares a los afectados para implementar un plan de recuperación, limpieza de vías, un plan económico y sanitario.   

Pablo Fajardo, histórico abogado de UDAPT, quien ha llevado la demanda contra Chevron desde los años noventa, señaló que mientras la sentencia no este escrita Chevron puede utilizar todas sus herramientas y armas para cambiar la sentencia a una favorable para la multinacional. “Esto sucedió en Argentina cuando Chevron invirtió más de 200 millones de dólares y ahora la empresa y el gobierno argentino son aliados”. También, Fajardo explicó que los ecos de este acuerdo o arreglo se dieron en el marco de la visita de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, al Ecuador y la firma de un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC).

Por esta situación, los accionantes se encuentran preocupados. William Lucitante, coordinador ejecutivo de UDAPT, expresó que sienten la presión de Chevron sobre el gobierno ecuatoriano. Así mismo, Donald Moncayo, subcoordinador de esta organización,  comentó que recibieron una llamada donde le comunicaron que en esta semana la Corte Constitucional fallará a favor de Chevron. Frente a esto, llamó a las organizaciones sociales, medios de comunicación y público en general  a estar alertas para que el caso no quede en la impunidad.

Ante la posible falta de independencia judicial, Luis Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), rechazó que Chevron intente influenciar a los jueces de la Corte Constitucional, por lo cual hizo un llamado a los jueces para mantener la protección de las víctimas de la contaminación por encima de los intereses de la multinacional.