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Juez Carlos Dávila negó acción de protección por desalojos ocurridos en Tundayme

Hoy, martes 15 de enero de 2019, el juez Carlos Dávila, negó la petición de acción de protección, a la Comunidad Indígena de Cascomi. El argumento: que no existe vulneraciones de derecho constitucional alguno y que este tema debe ser ventilado en la vía ordinaria.

INREDH presenta impugnación al candidato Herrería ante el Consejo de Participación

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), presentará formalmente la impugnación a la candidatura de Enrique Herrería a la Corte Constitucional este miércoles 16 de enero a las 9h00 ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Lizardo García 215 y José Tamayo).

Juez emitirá sentencia sobre la consulta previa y el derecho a la vida digna en proyecto Mirador

La Comunidad Indígena Cascomi con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Red Eclesial Pan Amazónica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) invitan a los medios de comunicación a la audiencia de resolución de la “Acción de protección por la vulneración del derecho a la consulta previa y a los desalojos ocurridos en Tundayme” que se desarrollará este martes, 15 de enero de 2019, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte (Villalengua y Amazonas).

Caso Angelo Ayol: `no se debe instrumentalizar el derecho a la defensa´

La Corte Provincial del Pichincha suspendió hoy, 10 de enero de 2019, la audiencia de apelación por el delito de tortura cometido por dos miembros de la Policía Nacional en contra de Ángelo Ayol, joven de 16 años y 11 meses, estudiante de cuarto curso del Colegio Mejía, ocurrido durante las protestas sociales del 17 de septiembre de 2014.

Perito del Consejo de la Judicatura corrobora que sí existe población indígena en Tundayme

Este miércoles, 09 de enero de 2019, el Juez Carlos Dávila reinstaló la audiencia de la acción de protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A. por violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada en la ejecución del proyecto minero Mirador, a las 15:30, en la sala 806 del Complejo Judicial Norte.

CIDH solicita información de juicio de Vinicio Alvarado contra Mónica Chuji

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 05 Julio 2018 10:54
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, comunicó a Mónica Chuji, ex secretaria de Comunicación en el gobierno de Rafael Correa, que este organismo requirió información al Estado ecuatoriano sobre las condiciones en las cuales se desarrolló el proceso jurídico en el que se la sentenció, en noviembre de 2011, por comentar que Vinicio Alvarado era uno de los nuevos ricos del país, ya que era beneficiario de jugosos negocios al manejar la publicidad gubernamental. 

Agotados los recursos jurídicos internos, en octubre del 2012, Mónica Chuji presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentando violaciones a la libertad de expresión, violación a las garantías judiciales, violación al derecho a la protección judicial, entre otras violaciones que fueron presentadas con suficiente argumentación ante la CIDH.

Luego de analizar los documentos remitidos, el pasado 15 de junio de 2018, la CIDH decidió solicitar al Estado ecuatoriano información sobre lo sucedido con el proceso en contra de Mónica Chuji. En la notificación, la CIDH recordó al Estado de Ecuador la posibilidad de llegar a una solución amistosa y evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana. Para Mónica Chuji, la posibilidad de una solución amistosa puede darse siempre que el gobierno actual reconozca que en el periodo anterior se usó la justicia para hostigar y perseguir a los opositores del gobierno como una política sistemática que afectó a decenas de activistas políticos, en especial a las bases del movimiento indígena y sus dirigencias.

Como se recordará, Mónica Chuji fue secretaria general de Comunicación durante los primeros seis meses del gobierno de Rafael Correa, tiempo en el cual se negó a firmar contratos de publicidad requeridos por Vinicio Alvarado, en ese entonces secretario general de la Administración, produciéndose así las primeras confrontaciones al interior del gobierno. Luego pasó a ser asambleísta constituyente en donde su defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de sus territorios la llevó a romper definitivamente con el gobierno de Correa y sus partidarios de Alianza País. Desde entonces, Mónica Chuji debió enfrentar una continua persecución y hostigamiento por parte de funcionarios públicos, políticos afines al gobierno y seguidores de Correa.

Proceso judicial

 El 6 de febrero de 2011, el periódico El Comercio publicó una entrevista realizada a Mónica Chuji por parte de Rubén Darío Buitrón, bajo el titular “Vinicio Alvarado es uno de los nuevos ricos del gobierno”. Como fue costumbre en la época, Vinicio Alvarado respondió con una querella en contra de Mónica Chuji por el delito de injurias. Este proceso se sumó a los seguidos en contra de Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Emilio Palacio y otros generadores de opinión pública, por lo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, manifestó su preocupación sobre las violaciones al derecho de libertad de expresión que se estaba viviendo en el Ecuador.

En la audiencia de juzgamiento, en noviembre del 2011, a la que asistió Rafael Correa como presidente de la República, Mónica Chuji fue condenada a once meses de prisión y un pago por daños y perjuicios por la cantidad de cien mil dólares. Una vez con la sentencia en contra de Chuji, Vinicio Alvarado presentó una acción de remisión con cual pretendía perdonar a Mónica Chuji por las supuestas injurias.

Mónica Chuji no aceptó la remisión porque consideró que eso significa aceptar una culpa por opinar y estaría otorgando poder al gobierno para que limite arbitrariamente el derecho a la libre expresión, por ello  decidió apelar en la segunda instancia del sistema judicial y agotar todas las instancias jurídicas nacionales a fin de demostrar su inocencia y, a la vez, demostrar cómo el gobierno de Rafael Correa usaba la justicia para perseguir a sus detractores y a quienes denunciaban los actos de corrupción de su gobierno. El sistema judicial nacional no le dio la oportunidad de defender su inocencia y se apegó a los deseos de Vinicio Alvarado por lo que, una vez agotados los recursos jurídicos internos, su caso se envió a la CIDH.

Comunicación INREDH

Más información:  02 2446970 / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.