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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

ARCOM amenaza con desalojar para continuar con el proyecto minero Mirador

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 10 Julio 2018 11:18
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Rosa Elvira Sánchez, comunera de Tundayme que defiende su territorio, denunció hoy, 10 de julio 2018, que funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en compañía de representantes de la Secretaría de la Gestión de la Política y de la empresa minera Ecuacorriente S.A. visitaron su casa para informarle que será desalojada de su territorio.

“Me dicen que me van a dar 20 mil dólares por mi tierra – dice Rosa Elvira – pero yo no quiero dinero, yo quiero mi tierra, porque no tengo otro lugar a donde ir. Es mi casa por qué me la quieren quitar”.

Frente a esto, el funcionario respondió que notificará al gobernador de la provincia para que ejecute el desalojo del territorio que está cerca del proyecto minero Mirador, ubicado en la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto es ejecutado por la empresa china Ecuacorriente S.A. que espera extraer cobre, oro y otros minerales de la zona.

 

Rosa Elvira Sánchez protesta tras los desalojos de 2015. Foto:Cascomi

 

Para Luis Sánchez, miembro de la  Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), la empresa está hostigando e intimidando a los comuneros para que desalojen sus territorios. Además, les está obligando a salir a protestar para que se retomen los trabajos mineros en la zona. Esto luego, de que el Ministerio de Ambiente paralizará el proyecto por incumplimiento de la licencia ambiental.

“Le dicen que si no salen a protestar, se van a quedar sin trabajo porque la minera ha sido cerrada por culpa de los que se oponen a la minería – dice Sánchez- pero eso no es cierto, la mina fue paralizada en un 40% porque incumplió los acuerdos ambientales y contaminó los ríos”.

Además, dijo que Rosa Elvira es propietaria de decenas de héctareas dedicadas a la ganadería y agricultura y que los funcionarios le dicen que acepté el dinero, pero ella señala: "si me quieren sacar de aquí, demen tierra en otro lugar, pero los funcionarios no quieren, más bien me dicen que si no me voy por voluntad propia, luego me van desalojar y no recibiré nada".

Al momento, los cumuneros de Tundayme esperan el informe del peritaje antropológico ordenado por el juez Carlos Alfonso Dávila para resolver la acción de protección presentada por Cascomi, la Red Eclesial PanAmazónica  (REPAM)  y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero, y la empresa minera Ecuacorriente S.A., por la falta de consulta previa frente a la ejecución del proyecto minero Mirador y por los desalojos forzados ocurridos en el año 2015.

Recordamos al Estado ecuatoriano, que el inciso 11, del artículo 57 de la Constitución del Ecuador, señala que los pueblos, nacionalidades y comunas no pueden “ser desplazados de sus tierras ancestrales”.