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Tras la firma del convenio de cooperación entre la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y la empresa Explorcobres (EXSA), operadora del proyecto minero Panantza San Carlos, en la provincia de Morona Santiago, se ha generado varios incidentes entre los líderes y las comunidades del sector.

25 años de proceso judicial para condenar a Chevron por los crímenes ambientales en la Amazonía ecuatoriana

Hoy, 11 de julio del 2018, a las 10 de la mañana,  la Unión de Afectados por la Petrolera Chevron (Udapt), anunció mediante rueda de prensa, la sentencia de la Corte Constitucional a favor de las víctimas por la contaminación ocasionada por la empresa petrolera Texaco, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, al norte de la Amazonía ecuatoriana.

ARCOM amenaza con desalojar para continuar con el proyecto minero Mirador

Rosa Elvira Sánchez, comunera de Tundayme que defiende su territorio, denunció hoy, 10 de julio 2018, que funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en compañía de representantes de la Secretaría de la Gestión de la Política y de la empresa minera Ecuacorriente S.A. visitaron su casa para informarle que será desalojada de su territorio.

Fiscalía recorrió los últimos pasos de Juliana Campoverde, previo a desaparecer

La unidad de Violencia de Genero N° 3 realizó el sábado, 7 de julio de 2018, la ruta técnica de Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, al cumplirse 6 años  de su desaparición, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Carta abierta en conmemoración a los 6 años de la desaparición de Juliana Campoverde

Desde el 07 de julio de 2012 que desaparecieron a mi hija Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, en el sur de Quito, ha sido la oscuridad más intensa que ha vivido mi familia.

ARCOM amenaza con desalojar para continuar con el proyecto minero Mirador

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 10 Julio 2018 11:18
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Rosa Elvira Sánchez, comunera de Tundayme que defiende su territorio, denunció hoy, 10 de julio 2018, que funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en compañía de representantes de la Secretaría de la Gestión de la Política y de la empresa minera Ecuacorriente S.A. visitaron su casa para informarle que será desalojada de su territorio.

“Me dicen que me van a dar 20 mil dólares por mi tierra – dice Rosa Elvira – pero yo no quiero dinero, yo quiero mi tierra, porque no tengo otro lugar a donde ir. Es mi casa por qué me la quieren quitar”.

Frente a esto, el funcionario respondió que notificará al gobernador de la provincia para que ejecute el desalojo del territorio que está cerca del proyecto minero Mirador, ubicado en la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto es ejecutado por la empresa china Ecuacorriente S.A. que espera extraer cobre, oro y otros minerales de la zona.

 

Rosa Elvira Sánchez protesta tras los desalojos de 2015. Foto:Cascomi

 

Para Luis Sánchez, miembro de la  Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), la empresa está hostigando e intimidando a los comuneros para que desalojen sus territorios. Además, les está obligando a salir a protestar para que se retomen los trabajos mineros en la zona. Esto luego, de que el Ministerio de Ambiente paralizará el proyecto por incumplimiento de la licencia ambiental.

“Le dicen que si no salen a protestar, se van a quedar sin trabajo porque la minera ha sido cerrada por culpa de los que se oponen a la minería – dice Sánchez- pero eso no es cierto, la mina fue paralizada en un 40% porque incumplió los acuerdos ambientales y contaminó los ríos”.

Además, dijo que Rosa Elvira es propietaria de decenas de héctareas dedicadas a la ganadería y agricultura y que los funcionarios le dicen que acepté el dinero, pero ella señala: "si me quieren sacar de aquí, demen tierra en otro lugar, pero los funcionarios no quieren, más bien me dicen que si no me voy por voluntad propia, luego me van desalojar y no recibiré nada".

Al momento, los cumuneros de Tundayme esperan el informe del peritaje antropológico ordenado por el juez Carlos Alfonso Dávila para resolver la acción de protección presentada por Cascomi, la Red Eclesial PanAmazónica  (REPAM)  y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero, y la empresa minera Ecuacorriente S.A., por la falta de consulta previa frente a la ejecución del proyecto minero Mirador y por los desalojos forzados ocurridos en el año 2015.

Recordamos al Estado ecuatoriano, que el inciso 11, del artículo 57 de la Constitución del Ecuador, señala que los pueblos, nacionalidades y comunas no pueden “ser desplazados de sus tierras ancestrales”.