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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

25 años de proceso judicial para condenar a Chevron por los crímenes ambientales en la Amazonía ecuatoriana

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 11 Julio 2018 14:30
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Hoy, 11 de julio del 2018, a las 10 de la mañana,  la Unión de Afectados por la Petrolera Chevron (Udapt), anunció mediante rueda de prensa, la sentencia de la Corte Constitucional a favor de las víctimas por la contaminación ocasionada por la empresa petrolera Texaco, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, al norte de la Amazonía ecuatoriana.

 

En la rueda de prensa participaron, miembros de la Udapt, representantes de las nacionalidades Ai Cofanes, Secoyas, Kichwas y colonos, que vivieron de cerca los problemas sociales que trajo la contaminación ocasionada por Chevron.  También estuvo presente Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y el abogado Pablo Fajardo, uno de los personajes históricos que ha llevado el caso por más de 25 años.

 

En su sentencia de 160 hojas, la Corte Constitucional expresó que no hay una sola prueba fehaciente real que demuestre que hubo fraude en este proceso. Chevron jamás probó que haya un hecho de fraude o intromisión de otros autores en este proceso judicial, aseguro Fajardo, por ello ahora debe pagar $9,500 millones de dólares para la reparación de los crímenes ambientales y sociales cometidos en la Amazonía ecuatoriana.

 

Pero esto no es la primera sentencia que falla a favor de las víctimas. Según Udapt, en Ecuador han ganado 4 sentencias a su favor: entre ellas está la que resolvió  la Corte Nacional de Justicia, la Corte Provincial y ahora la de la Corte Constitucional. “A partir de este momento ya no se habla del supuesto daño ambiental – enfatiza Fajardo - hoy en día se habla del crimen social y cultural que cometió Chevron y está comprobado judicialmente”.

 

Esto luego, de Chevron ha gastado más de 2 mil millones de dólares para evitar que las víctimas tengan acceso a la justicia, por ello esta sentencia no es solo contra Chevron, también es un precedente contra el sistema de impunidad corporativa que rige en el planeta entero. “La sentencia de la Corte Constitucional  es un precursor para que los pueblos indígenas logren justicia”.

 

También, el abogado reconoció que los jueces estuvieron bajo una feroz presión en políticas económicas, entre otras estrategias usadas por la corporación; sin embargo, aplaude que los jueces jamás hayan claudicado y que cumplieron con su deber. “Enfatizó que este no solo es un triunfo de los afectados y la Amazonía, este triunfo no hubiese sido posible sin los colectivos de Ecuador y del mundo entero que se unieron para luchar contra la corporación petrolera y sus actos de contaminación en el planeta”.

 

Por su parte, los miembros de UDAPT, llamaron a estar vigilantes a las organizaciones sociales, profesionales, periodistas, abogados y a la sociedad en general para que se cumpla la sentencia de la Corte. Además, exigieron la reparación inmediata de sus territorios y comunidades.

Mariana Jiménez, una de las primeras personas que estuvieron al frente denunciando la contaminación de Chevron, dijo que durante todos estos años de lucha, vio a muchos compañeros morir producto de la contaminación y han quedado muy pocos,  pero tiene esperanza porque los jóvenes se han integrado a la lucha contra la corporación petrolera.

 

William Lucitanda, coordinador de Udapt, dijo que la petrolera afectó a 30 mil personas y expresó que se esta  viviendo un día histórico de la resistencia de los pueblos indígenas,  en defensa de los derechos colectivos, territoriales y la vida. ´El 10 de julio recibimos la notificación de parte de la Corte Constitucional del caso, misma resolución que llevamos esperando por más de 25 años´.

  

Para finalizar, Fajardo señaló que a nivel internacional, el gran problema es la estructura jurídica que protege a las empresas o corporaciones en todo el planeta. Por ejemplo, en Brasil y Argentina los procesos no pudieron avanzar por la estructura jurídica, varios países anteponen el patrimonio que tiene Chevron invertido en estos países y como consecuencia los jueces no pueden decirle a Chevron que paguen su deuda por la estructura económica, ya que se afectaría las inversiones. El jurista señaló que internacionalmente los intereses económicos se anteponen ante los derechos humanos, por eso `el siguiente obstáculo es reunir 350 mil dólares para costes judiciales en Canadá, país donde también se lleva un proceso judicial por la contaminación de la empresa. Pretendemos trasladar la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador para que se valide en cortes extranjeras´.

Sentencia aqui