Actividades Destacadas

Más artículos

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

Defensoría del Pueblo pide que se respete el derecho a la defensa de la comunidad Cascomi en la audiencia de protección por actividad minera

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 09 Agosto 2018 12:09
Visto: 1352

Francisco Hurtado, defensor adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, dijo  ayer 8 de agosto de 2018, mediante una rueda de prensa que se respete el derecho a la defensa de los habitantes de Tundayme, lugar donde se ejecuta el proyecto minero Mirador, provincia de Zamora Chinchipe.

 

“Consideramos que la justicia debe actuar de forma inmediata, que no retarde más está acción y admita el proceso –dice Francisco -, reconozca el derecho a la autodeterminación de la comunidad indígena Cascomi (…) Durante la audiencia se garantice el debido proceso, se garantice la igualdad en la defensa, hay ocho abogados que representan al Estado y se les da un tiempo considerablemente mayor al tiempo que tienen la comunidad y sus representantes por lo cual pedimos que en esta audiencia se respete el derecho a la defensa”.

 Estas declaraciones la dio junto a los representes de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) y la Red Eclesial Panamazónica (Repam) que organizaron ayer una rueda de prensa con el fin de hacer público la resolución del juez Carlos Alfonso Dávila Ortega, quien ordenó -de forma inmediata- que la compañía Ecuacorriente S.A. (Ecsa), encargada de ejecutar el proyecto minero ‘Mirador’ suspenda cualquier acto de desalojo previsto y se abstenga de realizar acciones intimidatorias en contra de los miembros de la comunidad.

 En la cita con los medios, los habitantes del barrio San Marcos de la parroquia Tundayme que viajaron hasta Quito denunciaron nuevas amenazas y hostigamiento por parte de la empresa minera Ecuacorriente. Luis Sánchez, miembro de la comunidad de Cascomi, señaló que como pueblo de la Amazonía es indignante que mientras se está llevando el proceso de acción de protección, la empresa minera transnacional esté hostigando a la comunidad y sobre todo impidiendo la libre circulación en el territorio. “Pido a todas las entidades responsables como a la Asamblea Nacional y al Estado que controle y que no siga permitiendo que nuevamente se nos violente nuestros derechos colectivos y se garantice nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de violencia”.

 Un ejemplo de esto,es la situación que vive la familia Salinas que fue desalojada en el 2015 y ahora para ingresar a su casa debe cruzar por la concesión minera que cierra sus puertas para evitar el paso de los comuneros.

 Similar situación vive  Rosa Elvira, quien recibe amenazas constantes de desalojo por parte de las autoridades estatales y personal de la empresa minera. Otra estrategia utilizada es inducir para que la gente venda sus propiedades. La familia Salberia Pizarro, “está siendo inducida a que venda la propiedad poniéndole temores, diciendo que ellos vienen a nombre del Estado y que tienen una concesión minera y que están autorizados para entrar en la tierra y hacer lo que quieran”, relata Sánchez.

 También hace una semana la familia Uyuguarique ya fue desalojada en el año 2015 recibió la visita de los  trabajadores de la empresa China Ecsacon el fin de exigirles que deben desalojar su territorio porque tiene que sacar el material pétreo que está en sus tierras a las orillas del río Quimi. “Siempre nos están persiguiendo queriendo sacarnos de nuestras tierras –dice WillianUyuguari, presidente de Cascomi – de esta manera quiero que esto se visibilice y que sapan lo que está y sigue pasando en Tundayme, las cosas no son como lo cuenta la empresa Ecsani el mismo Estado”.

 En  enero de este año se presentó la acción de protección con el objetivo de proteger y exigir reparación a la comunidad de Cascomi,lo cual generó un ambiente de hostigamiento en contra de los comuneros, dice Gabriela Flores, asesora legal de Inreh.

 Flores aclara que este recurso no solicitó la suspensión del proyecto minero, sino que denunció dos hechos: uno, que la instalación de la empresa Ecsa en estos territorios y la ejecución de minería a gran escala se lo realiza si haber ejercido con anterioridad el derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas, así como lo manda la Constitución y el derecho internacional.

 Y la segunda parte de la acción está relacionada con los tres desalojos de forma violenta y sin notificación de los cuales fueron víctimas los habitantes de Tundayme en 2015. “Es necesario que el Estado comience a cambiar su línea de acción con respecto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y limité la actividad minera en el país”.

  Para Francis Andrade asesora de Repam, en el proceso de acción de protección se ha interpuesto, además el recurso de medidas cautelares, debido a los incidentes del pasado mes de junio y fines de julio por los actos de hostigamiento que viven de dos familias que son hostigadas por miembros de la empresa.

 Las medidas cautelares resolvieron que la empresa Ecsa se limite de realizar intimidaciones y acciones de hostigamiento, mientras que el Ministerio de Minería, Interior, Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) debe limitarse de realizar cualquier tipo de desalojo, intimidaciones y hostigamientos a la comunidad.

 Para Francisco Hurtado, la Defensoría del Pueblo presentó un amicuscuriepor las posibles vulneraciones a los derechos humanos por los desalojos del pasado 2015 y 2016. También se pronunció acerca de la correspondencia que tuvo con la empresa Ecsa después de la audiencia de acción de protección, quien solicitó reunirse con la Defensoría para tratar el proceso judicial.