Actividades Destacadas

Más artículos

Relatora de pueblos indígenas de la ONU se reunirá con organizaciones de la sociedad civil

Victoria Tauli Corpuz, relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, se reunirá hoy, 20 de noviembre de 2018, a las 17:00, con organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza, en el paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, Toledo N22-80 (Plaza Brasilia).

Entre la ausencia y el abuso del poder: muerte de Francisco Cajigas

Por Alejandro Baño* Joven colombiano, de 33 años, residía en un departamento junto a su esposa y su hija menor. El 17 de noviembre de 2015 fue aprehendido por el organismo estatal que en sus dependencias lleva por lema “Servir y proteger”. Él fue desaparecido y encontrado muerto 13 días después, en un alto proceso de descomposición, en la laguna de Yaguarcocha, en la provincia de Imbabura. Así terminó la vida de Francisco Javier Cajigas Botina hace ya tres años, en un lamentable contexto de incertidumbre e injusticia que aún se percibe.

37 policías fueron condenados a 106 días de prisión por los hechos ocurridos en la cárcel Turi

106 días y 26 hora de prisión en el Centro de Rehabilitación Social Turi fue la condena que recibieron 37 de los 42 policías procesados por el delito de tortura ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad JC de este Centro.

Audiencia de acción de protección contra INREDH se reinstalará este jueves

Mañana, jueves 15 de noviembre del 2018, a las 14:00, en el Complejo Judicial Sur ubicado en Quitumbe, se reinstalará la audiencia de Acción de Protección que interpuso el pastor evangélico Patricio C., padre de Jonathan C., en contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)  y Covidefem por las publicaciones en redes sociales sobre Juliana Campoverde, joven desaparecida desde el 7 de julio de 2012.

Tribunal de Garantías Penales emitirá su resolución sobre el delito de tortura en Turi

Este 14 de noviembre de 2018, a las 15:30, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca emitirá su resolución sobre el delito de tortura cometido en contra de más de 200 personas privadas de la libertad del pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016.

Mayor de la Policía va audiencia de casación por torturar a miembro de la comunidad GLBTI

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 21 Agosto 2018 09:33
Visto: 631

Hoy, 21 de agosto de 2018, se realizará la audiencia de casación por el delito de tortura cometido por el mayor de la Policía, Miguel Santiago Játiva, en contra de  Napoleón Merino, miembro de la comunidad Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex (GLBTI), el pasado 4 de octubre de 2009, en el cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha.

La audiencia oral, reservada y contradictoria se instalará a las 16:00,  en la Sala de Audiencias del Mezanine 2 de la Corte Nacional de Justicia, ubicado en el avenida Amazonas N37-101 y calle Unión Nacional de Periodistas, norte de Quito.

El 4 de octubre del 2009, aproximadamente a las 17h30, en el cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha, Napoleón Silverio Merino fue privado de su libertad de forma ilegal y arbitraria por miembros del Comando Cantonal de Policía de Puerto Quito. Él fue ingresado al Comando de la Policía Nacional desde el 4 hasta el 6 de octubre del 2009, sin orden de autoridad competente y violentando su derecho al debido proceso y garantías básicas. Allí fue torturado, sufrió amenazas, humillaciones referentes a sus preferencias sexuales y fue golpeado en todo su cuerpo lo que le generó daños físicos y psicológicos.  Todo esto bajo la custodia de Miguel Játiva, en ese entonces comandante de la Policía.

Frente a estos hechos, el pasado 11 de julio de 2017,  la Corte Provincial de Pichincha conformado por los jueces Miguel Narváez, Paulina Grijalva y Lady Ávila, declarar la culpabilidad del acusado en el grado de autor del delito previsto y sancionado en el primer inciso del artículo 187 del Código Penal que señala: “cuando la persona arrestada o detenida hubiere sufrido tormentos corporales, el culpable será reprimido con tres a seis años de reclusión menor”.

La Corte sentenció al mayor de la Policía a tres años de prisión y al pago de daños y perjuicios ocasionados por el delito.