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Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de tres fiscalías de la Comisión de la Verdad.

El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana,  una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.

Organizaciones y víctimas rechazan la eliminación de 3 fiscalías de la Comisión de la Verdad

      Quito, 18 de febrero de 2019   El Comité de víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazan públicamente la eliminación de 3 de las 7 fiscalías de la Dirección de la Comisión de la Verdad, entidad responsable de judicializar los casos de graves violaciones registradas en el Ecuador desde 1984. Las tres organizaciones de derechos humanos invitan a los medios de comunicación a la presentación de la carta dirigida a la fiscal general del Estado, Ruth Palacios,  que se realizará mañana martes, 19 de febrero de 2019, a las 09:00, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (12 de Octubre y Patria). La misiva está firmada por más de 100 académicos y víctimas; y por 15 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, entre ellos Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras. Bajo la dirección de la Comisión de la Verdad no solo se encuentran los 136 casos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad de 1984 – 2008, sino también otros casos como la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Francisco Cajigas en noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de Freddy Taish en noviembre de 2014, entre otros. Intervienen: Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu. Clara Merino, presidenta del Comité Víctimas Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh María Fernanda Restrepo, hermana de Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Contactos de prensa: Comunicación Cedhu: 0992747727 Comunicación Inredh: 0998943739    

Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

Corte Nacional de Justicia ratifica sentencia de tortura policial cometida contra Napoleón Merino

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 23 Agosto 2018 10:42
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El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia conformado por los jueces Marco Rodríguez, Luis Enríquez y María Delgado resolvió por unanimidad que es improcedente el recurso de casación que pidió la defensa del mayor de la Policía, Miguel Játiva, y ratificó la sentencia de tortura a Napoleón Merino, miembro de la comunidad Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex (GLBTI).

La audiencia se instaló este 21 de agosto de 2018, a las 16:00, en la sala del Corte Nacional de Justicia, norte de Quito, con la presencia de: Joaquín Jara, abogado de Napoléon; Fabricio Moreno, defensa de Miguel, y la fiscal Zulema Pachacama.

El primero en tomar la palabra fue la defensa del policía que intentó deslegitimar la sentencia de segunda instancia dictada el 11 de julio de 2017, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que declaró culpable a Miguel Játiva por el delito de tortura. En su discurso, el jurista mencionó hechos como: la entrega del detenido sin heridas, el levantamiento de un parte policial y la lectura de los derechos tras la detención.

El segundo alegato lo hizo la fiscal que analizó la autoría directa del procesado mediante  el Art. 42 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También mencionó que Fiscalía probó la materialidad del caso y que la audiencia de casación sólo se utiliza para analizar el correcto uso de las normas jurídicas.

Por medio de estas razones pidió, en representación de la Fiscalía, que se declare improcedente el recurso de casación. Mientras, que la defensa de Merino, dijo que los argumentos presentados por Fiscalía eran los más correctos y que el Estado tiene la responsabilidad de devolver sanas a las personas que detienen para investigaciones.

Tras 45 minutos de audiencia, el tribunal fue a deliberar.  Luego el juez ponente Marco Rodríguez  reanudó la audiencia y declaró improcedente el recurso de casación por tres razones: la falta de motivación en las pruebas que ya fueron evacuadas por jueces de la Corte Provincial,  por no existir una errónea interpretación del art. 42 del COIP y por las serias inconsistencias técnicas (presentadas por el Ab. Fabricio Moreno) que se trataron como improcedentes para el uso del recurso de casación.

Con este veredicto se reafirma la sentencia del 11 de julio de 2017  que dicta 3 años de reclusión menor para el mayor de la Policía, Miguel Santiago Játiva, y da lugar a la acusación particular para que presente la información necesaria en el proceso de reparación material a la víctima de tortura.

El 4 de octubre del 2009, aproximadamente a las 17h30, en el cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha, Napoleón Merino fue privado de su libertad de forma ilegal y arbitraria por miembros del Comando Cantonal de Policía de Puerto Quito. Él fue ingresado al Comando de la Policía Nacional desde el 4 hasta el 6 de octubre del 2009, sin orden de autoridad competente y violentando su derecho al debido proceso y garantías básicas. Allí fue torturado, sufrió amenazas, humillaciones referentes a sus preferencias sexuales y fue golpeado en todo su cuerpo lo que le generó daños físicos y psicológicos.  Todo esto bajo la custodia de Miguel Játiva, en ese entonces comandante de la Policía.