Atención humanitaria insuficiente e inadecuada por parte del Estado pone en riesgo la salud de comunidades indígenas y afroecuatorianas

Categoría: Covid – 19 Creado: Jueves, 21 Mayo 2020 11:25
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Ecuador es uno de los 25 países más afectados por la pandemia del Covid-19 en el mundo; el tercer país de Sudamérica con más casos confirmados después de Brasil (más de 163.000) y de Perú (más de 67.307), y según datos del Observatorio Social del Ecuador, es el primer país con la tasa de mortalidad más alta de esta región (12,45 por cada 100.000 habitantes), calculada hasta el 10 de mayo sobre la cifra de muertes confirmadas por covid-19 (2.127 personas).

Frente a esta realidad surge la preocupación por parte de las comunidades indígenas de las nacionalidades Awá, Eperãra Siapidaarã, Chachi, Waorani, Siekopai, algunas comunidades de las nacionalidades Siona y Cofán y comunidades del pueblo Afroecuatoriano, que no han recibido ayuda humanitaria suficiente o acorde al contexto cultural en el que se desarrollan, en especial kits de alimentos ofrecidos por el Estado, lo cual agrava su situación de vulnerabilidad poniendo en riesgo su salud y la vida de sus habitantes.

Con la emisión del decreto 1017 del 16 de marzo de 2020, que declara estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano y, por lo tanto, la restricción general de circulación de personas y vehículos , así como la disposición de cuarentena obligatoria para toda la población, debido a la propagación  del COVID-19, uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades y nacionalidades, es la falta de ayuda humanitaria por parte del gobierno, que incluye principalmente la entrega de alimentos oportunos, adecuados y suficientes.  Así como, la entrega de insumos de bioseguridad, atención médica para prevenir y evitar la propagación del virus, la aplicación de pruebas PCR para determinar contagios, definir protocolos adecuados y cercos epidemiológicos efectivos; y, la asignación de bonos económicos anunciados por el gobierno. Estas deficiencias por parte del Estado ponen en riesgo la garantía y cumplimiento de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y afroecuatorianas,  en especial el derecho a la salud, vida digna y acceso a la alimentación.

Las organizaciones que conformamos esta Alianza* expresamos nuestra profunda preocupación por la cantidad y contenido de los kits de alimentos que fueron entregados a las comunidades en días pasados. Por ejemplo, los kits de alimentos que llegaron a las comunidades indígenas y afroecuatorianas de Esmeraldas, destinadas para abastecer por 15 días a una familia de 6 a 8 miembros, contenían alimentos que no duran más de un día y la mayoría culturalmente inadecuados.

De los 9780 kits solicitados al MIES (uno para cada familia), se entregaron apenas 1000, que contenían tan sólo dos elementos adecuados para el contexto cultural, pero totalmente insuficientes para las necesidades, el resto son productos ultra procesados perjudiciales para la salud humana: 

1 sobre de jugo instantáneo.

1 chocolate.

1 sobre de sopa de champiñones.

1 paquete de harina de 200g.

1 paquete pequeño de galletas.

1 sobre de mermelada de 100g.

1 sobre pequeño mantequilla.

2 latas pequeñas de atún.

1 libra de arroz.

1 sobre de 200g. de cocoa.

1 paquete de corn flakes.

Nos preocupa el poco conocimiento por parte del Estado del tipo de alimentación que debe incluir un kit de comida no perecible, nutritiva y culturalmente adecuada para estas comunidades, más aún cuando existen personas contagiadas y fallecidas por el COVID-19, lo cual supone una mayor vulnerabilidad frente a la pandemia y otras enfermedades como dengue o paludismo, que afectan también a este sector.

Esta misma preocupación se extiende a la realidad de las más de 27.000 mil personas de nacionalidad Kichwa afectadas por el derrame de crudo ocurrido el pasado 07 de abril de 2020, a pesar de que una alimentación adecuada es esencial para una vida digna y es vital para la realización de muchos otros derechos, como los derechos a la salud y a la vida, los testimonios de pobladores afectados por el derrame dan cuenta de la afectación de este derecho y de que la entrega de kits alimenticios por parte de las petroleras resulta tardío, insuficiente y no tiene pertinencia cultural.  El derecho a la alimentación no debe entenderse de forma restrictiva. El bien protegido por el derecho no es la mera subsistencia física y, en particular respecto de pueblos indígenas, tiene una dimensión cultural relevante.

La CIDH toma nota de que la supervivencia de determinados pueblos indígenas, en muchos casos depende en gran medida de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. Diversas etnias pueden depender de la caza, pesca y/o recolección para satisfacer sus necesidades y prácticas alimenticias. Cuando sus territorios sufren impactos ambientales que alteran el ecosistema, se suelen presentar situaciones de disminución de recursos que podrían desembocar en una crisis alimentaria. Además, sus prácticas alimenticias tienen estrecha vinculación con su cosmovisión e identidad cultural [1]

Para Rosa Piachinche, lideresa de la Nacionalidad Cachi, que vive en la comunidad El Cóndor, es preocupante la situación de las comunidades, sobre todo, porque sus familias están constituidas con más de 5 integrantes y necesitan una alimentación adecuada y con porciones suficientes para sostenerlas, “una libra de arroz alcanza para un almuerzo nada más”. Además denuncia que  “(...)no es la primera vez que el MIES manda ese tipo de alimentos y cada vez escuchamos en la radio Chachi autoridades diciendo que han entregado donaciones, pero no sé qué donaciones son, pues a nosotros nos llegan comida que no sabemos cómo usar o que no comemos, como chocolates o sobres de sopas maggi”; “Nosotros lo que necesitamos es arroz, aceite, sal, azúcar, granos secos, leche en polvo, fósforos, atún, jabón, cloro

Denunciamos que algunas comunidades indígenas de las nacionalidades Waorani, Siekopai, Siona y Cofán, recibieron incompletas las raciones de comida a pesar de la constante insistencia al MIES por parte de organizaciones miembros de esta Alianza. Hasta la fecha se entregaron 754 kits, de 1000 solicitados, pues el contenido de los kits entregados de inicio no fueron ni suficientes ni adecuados culturalmente, por lo que las propias comunidades tuvieron que rearmar los kits con cantidades adecuadas y devolver productos al MIES que no eran aptos para su consumo.

Es importante señalar que varias de las comunidades Waorani, Siekopai y Siona a las que iban dirigidos los kits están a 5, 8 o hasta 12 horas de distancia de las ciudades, donde los kits deberían ser entregados por el MIES (Lago Agrio, Francisco de Orellana, Puyo); sin embargo,  toda la logística para la entrega estaría a cargo de las organizaciones de las Nacionalidades y de la Fundación Alianza Ceibo, representando costos y esfuerzos dispendiosos. Pese a que aquello fue advertido al Ministro Granda y a la Viceministra Jalón, los kits enviados estaban preparados para tener una duración de 3a  4 días en grupos familiares de máximo 4 personas. Todo ello contrario a la necesidad, urgencia y pertinencia cultural y geográfica.

A este hecho, se suma el escándalo de la contratación de al menos 7000 kits con sobreprecios (contratos por casi el doble del precio real) poniendo al descubierto posibles actos de corrupción frente a la mayor crisis humanitaria de una generación[2]. Nos preocupa también la disposición del Ecuador en aceptar ayuda de empresas extractivistas transnacionales con claros intereses económicos en nuestro país; la empresa canadiense Adventure Mining ofreció 200.000 dólares para comprar kits de alimentos[3].

Recordamos al Estado su más alto deber de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, en particular el acceso permanente a los servicios de salud, alimentos suficientes y adecuados, aún más cuando las comunidades tienen restricciones derivadas del aislamiento obligatorio y dificultades (como la contaminación de sus ríos) para conseguir alimentos por sus propios medios. Rechazamos las respuestas que hemos recibido de funcionarios del MIES, que relevan de responsabilidad a la institución frente a las necesidades de alimentos de la población.

Exigimos que el Estado, a través de las Carteras competentes, cumplan con el mandato constitucional art. 281 de garantizar la soberanía alimentaria, que es, además, un objetivo estratégico del Estado y que implica adoptar todas las acciones necesarias para que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente adecuados de forma permanente.

Frente a la necesidad de garantizar alimentos seguros, sanos, suficientes y culturalmente adecuados, proponemos a las autoridades competentes:

  • Que el MIES y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias coordinen con las autoridades y organizaciones representantes de las comunidades indígenas y afroecuatorianas que conocen la realidad cultural de la población, para la compra de alimentos y elaboración de kits, de tal forma que se garantice la entrega de alimentos adecuados, sanos, nutritivos y suficientes.

  • Se coordine con el Colectivo Agroecológico del Ecuador y la Comisión Nacional de Agroecología, quienes podrían proporcionar gran parte del contenido de los kits de alimentos y garantizar que sean nutritivos, saludables, soberanos, y adecuados, a la vez que se contribuiría a fomentar sistemas productivos agroecológicos, estimular la economía rural y local sobre la base de modelos de agricultura sostenible y seguridad alimentaria.

  • Se destinen recursos de manera inmediata para la compra de alimentos y entrega a las comunidades indígenas, campesinas y afroecuatorianas, en base a la información detallada recibida por el MIES de las organizaciones que conforman esta Alianza.

 

 

*La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador está conformada por las siguientes organizaciones:

Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, Cdh  Guayaquil, Idea  Dignidad, Fundación Aldea, Omasne, Amazon Watch, Acción Ecológica, Yasunidos, Apt Norte, Cuencas Sagradas, Cedenma, Fundación Pachamama, Fundación Alejandro Labaka, Fundación Dignidad, Extinction Rebellion, Geografía Crítica

 

[1] CIDH, Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la panamazonia, Noviembre 2019, Parafo 118.  http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Panamazonia2019.pdf

[2] https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/fiscalia-allana-servicio-riesgos-kit-sobreprecio/

[3] https://www.publicafm.ec/noticias/actualidad/1/gobierno-cooperacion-internacional-covid19

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