Despenalización del aborto en sus tres causales: paso clave por los derechos de las mujeres en República Dominicana

Categoría: DDHH Internacional Creado: Jueves, 03 Septiembre 2020 09:24
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Las organizaciones firmantes hacen un llamado al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, al presidente de la Cámara de Diputados y a  los miembros del Congreso dominicano a no aprobar el Código Penal sin la despenalización del aborto en las tres causales. Esto permitiría garantizar un mínimo de derechos a la salud y a la dignidad de las mujeres, conforme a los compromisos internacionales de derechos humanos del Estado dominicano.

Como se conoce, las tres causales se refieren a aquellos casos en que el embarazo 1) represente un riesgo para la vida de la mujer, 2) sea fruto de una violación o incesto, o 3) existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, informó el pasado 17 de agosto, prácticamente el día siguiente de su juramentación, que desde el martes sucesivo se sometería el nuevo proyecto de Código Penal sin incluir el tema de la despenalización del aborto, como iniciativa de los primeros 100 días en las funciones que ocupa.

“Es hora de que se garantice a las mujeres dominicanas sus derechos humanos, sexuales y reproductivos que figuran en las tres causales de despenalización del aborto, según la más moderna tendencia  legislativa a nivel mundial. De esta forma podríamos  por fin   salir del vergonzoso grupo de países que en Latinoamérica prohíben totalmente el aborto, como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití.” señaló Manuel María Mercedes presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana.

Las organizaciones antes mencionadas consideran que remitir la despenalización del aborto a un proyecto de ley como algunos diputados proponen, es enterrar la posibilidad que se despenalice en sus tres causales y reenviar la decisión a un tiempo insostenible. En efecto, remitir la despenalización del aborto a un proyecto de ley, podría ser considerada como una estrategia política dilatoria para no despenalizar el aborto en sus tres causales.

"Impulsar la despenalización de las tres causales del aborto es un avance imprescindible para el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres en República Dominicana. Forzar a una mujer o niña a llevar a término un embarazo resultante de una violación o cuando el feto no es viable constituye un acto cruel, inhumano y degradante". declaró Gloria Cano, Secretaria General de la FIDH.

Además, la criminalización del aborto profundiza la discriminación en contra de las mujeres más pobres que no pueden salir al extranjero para beneficiarse de servicios de aborto legal y seguro. Su prohibición absoluta empuja a que las mujeres recurran a otros mecanismos clandestinos y muchas veces extremos para abortar, poniendo en peligro su salud y vida. República Dominicana de hecho mantiene en la región uno de los más altos índices de mortalidad materna. La mortalidad materna cobró la vida de alrededor 1,135 mujeres en los últimos años por causas prevenibles[1]. En efecto, se estima que los abortos inducidos en circunstancias inseguras ocasionan el 13 % de las muertes maternas (4ta causa de muerte materna)[2]. En República Dominicana, existe un número elevado de casos de aborto al año, en 2013 se registraban más de 90 000[3].

La FIDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres recuerdan que el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW, desde 2013 recomendó: la despenalización pronta del aborto en caso de que la vida de la madre se vea amenazada, y en otros como la violación, el incesto y la malformación grave del feto, es decir, en las tres causales aquí aludidas. A su vez, es preciso recordar que el Estado de República Dominicana ha ratificado tanto la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará) así como la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En sentido, las organizaciones firmantes hacen un llamado al Estado dominicano a cumplir con sus obligaciones y armonizar su derecho interno teniendo en cuenta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

 

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