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Corte Provincial de Manabí niega ampliación de sentencia a EMMAP-EP en caso Canoa

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Bombardeo de Angostura: Organizaciones solicitan a la CIDH que deseche argumentos del Estado colombiano y se dé paso a la admisibilidad del caso

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Corte Provincial de Justicia niega apelación interpuesta por el Estado en caso Canoa y ratifica derecho al agua

18 organizaciones de derechos humanos presentan Informe actualizado sobre las protestas sociales de octubre

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos conformada por 18 organizaciones con una amplia experiencia de trabajo de protección e incidencia en derechos humanos y derechos de la naturaleza presentó la mañana de este jueves, 15 de octubre de 2020, el Informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre”  en el marco del aniversario del paro nacional de octubre de 2019.

Convocatoria a medios de comunicación a la presentación del informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre”

Quito, 14 de octubre de 2020 CONVOCATORIA A MEDIOS La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador invita a los medios de comunicación a la rueda de prensa virtual de la presentación del  informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre” que se desarrollará este jueves, 15 de octubre de 2020, a las 10:00.

APRODEH exige cese a la violencia en la Amazonía

Categoría: DDHH Internacional Creado: Miércoles, 26 Octubre 2016 15:39
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APRODEH

09/06/2009

APRODEH exige cese a la violencia en la Amazonía


APRODEH EXIGE CESE A LA VIOLENCIA EN LA AMAZONÍA

08 de junio de 2009

La Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH expresa su profundo pesar por la muerte de decenas de peruanos, entre indígenas awajún, policías, ronderos y habitantes de las diversas ciudades amazónicas.  Desde hace muchos años no se tenía en el Perú un saldo tan violento.  

APRODEH rechaza el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra la población civil con un saldo de varias decenas de muertos y rechaza también el asesinato de policías en la zona de Imacita. 

La responsabilidad de estos terribles sucesos se encuentra en el gobierno de Alan García que promulgó en junio del año pasado un conjunto de Decretos Legislativos que vulneran los derechos de la población indígena amazónica, sin cumplir el proceso de consulta a las comunidades nativas que contempla el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú en 1993.

Durante un año, las organizaciones indígenas de la Amazonía demandaron de manera pacífica la derogatoria de dichas normas, sin ser escuchadas por el gobierno, pese a que los Obispos de la Selva, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Constitución del Congreso y numerosas voces de la sociedad civil se pronunciaron respaldando los reclamos de los indígenas. El gobierno se mostró negligente e indiferente, dando por única respuesta dilatar la discusión y pretender desinformar a la opinión pública. 

APRODEH exige al gobierno brindar la atención a los heridos, proceder a la identificación y entrega de los fallecidos a sus familiares y dar la seguridad necesaria para la acción de los organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación de la zona, que han recibido diversas formas de hostigamiento (Radio La Voz en Bagua y Radio Oriente en Yurimaguas). 

APRODEH considera que la vida humana es un valor fundamental a ser respetado y por lo tanto invoca al gobierno a no repetir los errores cometidos en Bagua disponiendo nuevas intervenciones violentas en Trompeteros o en la carretera entre Tarapoto y Yurimaguas. En democracia, los conflictos sociales deben ser resueltos por otros medios, sin sacrificar la vida de ningún peruano y menos de quienes defienden sus tierras, bosques y aguas.

 

APRODEH hace un urgente llamado al cese inmediato de la violencia y al restablecimiento del diálogo como único mecanismo legítimo para dar solución a los problemas en una democracia. Igualmente, considera que la única forma en que se puede llegar a una solución es mediante la derogatoria de los Decretos Legislativos o la suspensión de su vigencia.  Finalmente, nos parece indispensable que una comisión investigadora independiente se traslade a las zonas afectadas para determinar las responsabilidades en las recientes muertes.

 

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