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Organizaciones americanas de derechos humanos exigen investigaciones independientes sobre manifestaciones de octubre en el Ecuador

Las organizaciones de derechos humanos de América abajo firmantes y que participamos en las audiencias del 174 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realiza en Quito, manifestamos lo siguiente:

Desaparición temporal: siete horas de agresión policial

Quito - Pichincha.  Cerca de 47 mujeres y hombres fueron detenidos en el centro histórico durante las protestas sociales, el pasado 9 de octubre de 2019. Juan Recalde[1], joven de 28 años y dirigente indígena, fue detenido también pero lo separaron del grupo. Con su wipala[2] le intentaron ahorcar, lo golpearon con el tolete y en la noche lo subieron a un patrullero, colocaron una funda sobre su cabeza para que no vea la ruta. Siete horas pasó desaparecido. Aquí el testimonio de Juan.

Edison Mosquera murió por un impacto de proyectil de arma de fuego en las protestas de octubre

Cumandá - Quito.  El 7 de octubre de 2019, Edison Eduardo Mosquera Amagua salió desde el sur de Quito hacia el Valle de Los Chillos a trabajar. Su madre Ema Consuelo Amagua, de 51 años, lo esperaba en su casa, pero no regresó. Edison recibió un disparo en la cabeza durante el paro nacional. Aquí el testimonio de su madre, Ema Amagua; su padre; Luis Mosquera;  y su hermana Patricia Mosquera.

Se cumple seis años de la muerte de Freddy Taish ocurrida durante un operativo militar

Ni verdad ni justicia han recibido los familiares de Freddy Taish, joven Shuar que fue impactado por una bala de dotación militar en el sector de Tutus, comunidad Shiram Entza, del cantón Gualaquiza, al sur de la Amazonía ecuatoriana.

José Daniel Chaluisa, muerto en las protestas sociales, registró una luxación en su mano izquierda

San Roque - Quito.  José Daniel Chaluisa Cusco, oriundo de Cotopaxi, trabajaba hace 25 años en el mercado de San Roque, en el centro histórico de Quito. El 7 de octubre de 2019, a las 17:30, José junto a otras personas se sumaron al paro nacional cuando fueron acorralados por miembros de la Policía Nacional. Minutos después circularon por las redes sociales un video donde observa que las personas caen del puente de San Roque, a una altura de 8 metros. La caída le causó un trauma craneoencefálico severo, contusión hemorrágica parietal y una fractura del arco costal izquierdo.

Haití: un acreedor, no un deudor

Categoría: DDHH Internacional Creado: Jueves, 27 Octubre 2016 12:44
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Naomi Klein

03/01/2010

Haití: un acreedor, no un deudor

 

Haití: un acreedor, no un deudor

 
Si hemos de creerles a los ministros de finanzas del G-7, Haití está en proceso de conseguir algo que se merece desde hace mucho: "el perdón” total de su deuda externa.

Desde Puerto Príncipe, el economista haitiano Camille Chalmers observa el desarrollo de este acontecimiento con un cauteloso optimismo. La cancelación de la deuda es un buen comienzo, le dijo a Al Jazeera en Inglés, pero “es hora de ir mucho más allá. Debido a las devastadoras consecuencias de la deuda, tenemos que hablar sobre reparaciones e indemnizaciones”.

En este sentido, la idea general de que Haití es un deudor debe ser abandonada. Haití, argumenta, es un acreedor, y somos nosotros, en Occidente, los que estamos profundamente atrasados en los pagos.


Nuestra deuda con Haití proviene de cuatro fuentes principales: la esclavitud, la ocupación estadunidense, la dictadura y el cambio climático. Estas aseveraciones no son fantasiosas, ni meramente retóricas. Se basan en múltiples violaciones de normas y acuerdos legales. He aquí, de modo demasiado escueto, algunos puntos destacados del caso Haití.


La deuda por la esclavitud. Cuando los haitianos obtuvieron su independencia de Francia en 1804, tenían todo el derecho de reclamar reparaciones de los poderes que obtuvieron ganancias gracias a tres siglos de mano de obra robada. Francia, sin embargo, estaba convencida de que fueron los haitianos quienes le robaron propiedad a los dueños de los esclavos cuando se negaron a trabajar gratis. Así que, en 1825, con una flotilla de barcos de guerra estacionados frente a la costa haitiana, que amenazaba con volver a esclavizar la ex colonia, el rey Carlos X llegó a recolectar 90 millones de francos de oro, 10 veces el ingreso anual de Haití en aquella época. No tenía forma de negarse, tampoco tenía modo de pagar, así que la joven nación quedó encadenada a una deuda que tardaría 122 años en pagar.


En 2003, el presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, ante un agobiante embargo económico, anunció que Haití demandaría al gobierno francés por ese antiguo atraco. “Nuestro argumento”, me dijo Ira Kurzban, quien fue abogado de Aristide, “era que el contrato era un acuerdo inválido porque estaba basado en la amenaza de volver a esclavizarlos, en una época en que la comunidad internacional consideraba la esclavitud como un mal”.

El gobierno francés se preocupó lo suficiente como para enviar un mediador a Puerto Príncipe, para evitar que el caso llegara a la corte. Al final, sin embargo, su problema fue eliminado: mientras se llevaban a cabo los preparativos para el proceso judicial, Aristide fue derrocado. El proceso judicial desapareció, pero para muchos haitianos, el reclamo de reparaciones sigue vivo.


La deuda por la dictadura. De 1957 a 1986, Haití fue regido por el desafiantemente cleptocrático régimen de Duvalier. A diferencia de la deuda francesa, el caso contra los Duvalier llegó a varias cortes, que rastrearon los fondos haitianos hasta llegar a una complicada red de cuentas bancarias suizas y fastuosas propiedades. En 1988, Kurzban ganó un juicio clave contra Jean-Claude Baby Doc Duvalier cuando un tribunal de distrito estadunidense en Miami declaró que el derrocado mandatario “malversó más de 504 millones de dólares de fondos públicos”.


Los haitianos, claro, todavía están en espera de ser compensados, pero ese fue sólo el inicio de sus pérdidas. Durante más de dos décadas, los acreedores del país insistieron en que los haitianos pagaran las enormes deudas contraídas por los Duvalier, calculadas en 844 millones de dólares, mucho de la cual se debía a instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Sólo en servicio de la deuda, los haitianos han desembolsado decenas de millones de dólares al año.


¿Fue legal que los prestamistas extranjeros recolectaran las deudas de Duvalier cuando una gran cantidad de ella nunca se gastó en Haití? Probablemente no. Como me dijo Cephas Lumina, experto externo de Naciones Unidas en materia de deuda externa, “En el mundo, el caso de Haití es uno de los mejores ejemplos de deuda detestable. Sólo sobre esa base, la deuda debería ser cancelada sin condiciones”.
Pero si acaso Haití sí ve toda su deuda cancelada (un enorme “si acaso”), eso no acaba con su derecho a ser compensado por las deudas ilegales ya recolectadas.


La deuda climática. Defendido por varios países en desarrollo en la conferencia de la ONU sobre cambio climático en Copenhague, el caso de la deuda climática es sencillo y claro. Los países ricos que han fracasado tan espectacularmente en afrontar la crisis climática que ocasionaron, están en deuda con los países en desarrollo, que han hecho poco por ocasionar la crisis pero enfrentan los efectos de un modo desproporcionado. En pocas palabras: el que contamina paga. Haití tiene un reclamo especialmente convincente. Su contribución al cambio climático es insignificante; las emisiones per cápita de CO2 son sólo uno por ciento de las emisiones estadunidenses. Sin embargo, Haití está entre los países a los que más ha pegado el cambio climático: según un índice, sólo Somalia es más vulnerable.


La vulnerabilidad de Haití al cambio climático no sólo es –ni siquiera mayoritariamente– geográfica. Sí, enfrenta tormentas cada vez más fuertes. Pero, la débil infraestructura de Haití es la que transforma retos en desastres y desastres en plenas catástrofes. El terremoto, si bien no está vinculado con el cambio climático, es un excelente ejemplo. Y aquí es donde todos esos pagos de deuda ilegal aún pueden extraer su costo más devastador. Cada pago a un acreedor extranjero fue dinero que no se gastó en una carretera, una escuela, un cableado eléctrico. Y esa misma deuda ilegítima empoderó al FMI y al BM a imponer condiciones onerosas con cada nuevo préstamo: obligaba a Haití a desregular su economía y a reducir aún más su sector público. Su incumplimiento resultó en un embargo de la asistencia, de 2001 a 2004; fue el campanazo de la muerte para el sector público de Haití.


Ahora se debe hacer frente a esta historia, porque amenaza con repetirse. Los acreedores de Haití ya usan la desesperada necesidad de ayuda tras el terremoto para promover un incremento de cinco veces la producción del sector de la confección, donde están los empleados más explotados en el país. Los haitianos no tienen autoridad en estas pláticas porque se les considera como pasivos recipientes de ayuda, no como dignos participantes plenos en un proceso de reparación y restitución.


Reconocer las deudas que el mundo tiene con Haití cambiaría radicalmente esta perniciosa dinámica. Aquí es donde comienza el verdadero camino a la reparación: reconociendo el derecho de los haitianos a reparaciones.


© Naomi Klein (
www.naomiklein.org).
Este artículo fue publicado en The Nation.
Traducción: Tania Molina Ramírez.