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Organizaciones americanas de derechos humanos exigen investigaciones independientes sobre manifestaciones de octubre en el Ecuador

Las organizaciones de derechos humanos de América abajo firmantes y que participamos en las audiencias del 174 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realiza en Quito, manifestamos lo siguiente:

Desaparición temporal: siete horas de agresión policial

Quito - Pichincha.  Cerca de 47 mujeres y hombres fueron detenidos en el centro histórico durante las protestas sociales, el pasado 9 de octubre de 2019. Juan Recalde[1], joven de 28 años y dirigente indígena, fue detenido también pero lo separaron del grupo. Con su wipala[2] le intentaron ahorcar, lo golpearon con el tolete y en la noche lo subieron a un patrullero, colocaron una funda sobre su cabeza para que no vea la ruta. Siete horas pasó desaparecido. Aquí el testimonio de Juan.

Edison Mosquera murió por un impacto de proyectil de arma de fuego en las protestas de octubre

Cumandá - Quito.  El 7 de octubre de 2019, Edison Eduardo Mosquera Amagua salió desde el sur de Quito hacia el Valle de Los Chillos a trabajar. Su madre Ema Consuelo Amagua, de 51 años, lo esperaba en su casa, pero no regresó. Edison recibió un disparo en la cabeza durante el paro nacional. Aquí el testimonio de su madre, Ema Amagua; su padre; Luis Mosquera;  y su hermana Patricia Mosquera.

Se cumple seis años de la muerte de Freddy Taish ocurrida durante un operativo militar

Ni verdad ni justicia han recibido los familiares de Freddy Taish, joven Shuar que fue impactado por una bala de dotación militar en el sector de Tutus, comunidad Shiram Entza, del cantón Gualaquiza, al sur de la Amazonía ecuatoriana.

José Daniel Chaluisa, muerto en las protestas sociales, registró una luxación en su mano izquierda

San Roque - Quito.  José Daniel Chaluisa Cusco, oriundo de Cotopaxi, trabajaba hace 25 años en el mercado de San Roque, en el centro histórico de Quito. El 7 de octubre de 2019, a las 17:30, José junto a otras personas se sumaron al paro nacional cuando fueron acorralados por miembros de la Policía Nacional. Minutos después circularon por las redes sociales un video donde observa que las personas caen del puente de San Roque, a una altura de 8 metros. La caída le causó un trauma craneoencefálico severo, contusión hemorrágica parietal y una fractura del arco costal izquierdo.

La FIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza en la ciudad de Celendín, Cajamarca, y en Bambamarca

Categoría: DDHH Internacional Creado: Jueves, 27 Octubre 2016 12:59
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Comunicación INREDH 

09/07/2012

La FIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza en la ciudad de Celedín, Cajamarca, y en Bambamarca

  

 

La FIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza en la ciudad de Celendín, Cajamarca, y en Bambamarca

 

 

Tomado de: http://www.fidh.org/La-FIDH-condena-el-uso

 

 El 5 de julio de 2012 - La FIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza en la ciudad de Celendín, Cajamarca, y en Bambamarca que resultó en la muerte de cuatro manifestantes y de un campesino rondero y hace un llamado a las autoridades peruanas para que pongan fin a la represión en contra de las protestas vinculadas a megaproyectos extractivos.

El pasado 3 de julio de 2012, efectivos de la Policía Nacional arremetieron contra los manifestantes reunidos en la plaza de armas de la ciudad de Celendín, matando a tres personas, entre las cuales un menor de edad, y dejando heridos 30 civiles y tres efectivos de la fuerza pública. 

La manifestación tenía como objetivo denunciar el proyecto minero Conga, desarrollado por la minera Yanacocha, primera productora de oro en Sudamérica, que contaminaría de manera irreversible las reservas de agua de la zona. Frente a este riesgo ambiental, desde finales del año pasado se han venido desarrollando protestas en la región de Cajamarca. Las autoridades peruanas respondieron declarando en varias oportunidades el estado de emergencia en las provincias de Celendín, Hualgayoc. 

« Condenamos vehementemente el recurso a la represión y a la violencia para resolver los conflictos ambientales », asertó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. « Después de Bagua, después de Islay, estos graves hechos se suman a los recientes sucesos de Espinar. Perú debe cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar el derecho a la integridad física y psicológica de los manifestantes », agregó. 

La FIDH urge a que se investigue con celeridad la responsabilidad de la fuerza pública en la muerte de estas tres personas. También insta a las autoridades peruanas a buscar una salida negociada y pacífica del conflicto. En este sentido, solicita al equipo de comisionados desplegados desde ayer en Celendín tomar todas las medidas necesarias para favorecer la apertura de un diálogo de buena fe entre las autoridades, la empresa Yanacocha y la población afectada. Asimismo, la FIDH llama a la empresa Yanacocha a ejercer su responsabilidad de debida diligencia para evitar de causar o contribuir a violaciones de derechos humanos, y a la Corporación Financiera Internacional a respetar los derechos humanos y sus propias Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, así como a suspender su apoyo financiero al proyecto como accionista. 

Más generalmente, la FIDH solicita que las autoridades peruanas establezcan mecanismos efectivos de consulta y participación, de manera a respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, tomando en cuenta la opinión de éstas, y entablen un debate nacional amplio entorno a la explotación de los recursos naturales y la seguridad ambiental.