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Julio César Trujillo: un luchador, un demócrata… un amigo

Ha muerto un luchador, un demócrata… un amigo Nació en la ciudad de Ibarra, el 25 de marzo de 1935, en un hogar dedicado a la agricultura y el comercio. No fue en un hogar pudiente, pero si con cierta holgura, lo que le permitió migrar a Quito para estudiar.

Colectivo Trans Coccinelle denuncia al Estado por el delito de lesa humanidad

Hoy, 17 de mayo de 2019, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, el Frente de Transfemeninas y Gays del Ecuador - ‘Nueva Coccinelle’, con apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó la denuncia al Estado ecuatoriano por el delito de lesa humanidad y el de persecución a las víctimas de represiones policiales intensificadas desde la década de los 80 hasta 2000, mediante una marcha hacia la Fiscalía General del Estado.

Propuesta de Ley para casos de desapariciones fue presentada en la Asamblea Nacional

Hoy, jueves, 16 de mayo del 2019, Alexandra Córdova, madre de David Romo; la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la asambleísta Lourdes Cuesta anunciaron mediante una rueda de prensa la presentación del Proyecto de Ley Orgánico para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas.

Colectivo Trans presentará denuncia al Estado ecuatoriano por graves violaciones

Este viernes, 17 de mayo de 2019, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, el Frente de Transfemeninas y Gays del Ecuador - ‘Nueva Coccinelle’, con apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentará la denuncia al Estado ecuatoriano por graves violaciones a los derechos humanos al colectivo Coccinelle, víctimas de represiones policiales intensificadas desde la década de los 90 hasta 2000.

Asambleísta y sociedad civil presentarán proyecto de Ley sobre desaparecidos ante la Asamblea Nacional

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Alexandra Córdova, madre de David Romo; la asambleísta Lourdes Cuesta Orellana y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)  invitan a los medios de comunicación y público en general a la rueda de prensa  sobre la presentación del Proyecto de Ley Orgánica para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas ante la Asamblea Nacional, que se realizará este jueves 16 de mayo a las 9:30. La rueda de prensa se efectuará en la sala de prensa de la Asamblea Nacional en la Planta Baja, ala oriental.

Organizaciones sociales denuncian estrategia de Chevron para influir dentro de la justicia ecuatoriana

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 03 Julio 2018 15:20
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La mañana de este martes, 3 de julio del 2018, se realizó una rueda de prensa en la sede de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT), en la ciudad de Quito, para difundir la posición de las organizaciones sociales frente a los intentos de Chevron por `sobornar y presionar los jueces de la Corte Constitucional’ .

Para David Suarez, de la organización Ecuador Decide, el caso Chevron es defendido por sus víctimas y el gobierno ecuatoriano no puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre este caso. “No tienen ninguna potestad sobre él, este caso fue impulsado por las víctimas y nunca tuvo intervención estatal. Además, están pasando por alto los derechos de las personas accionantes”. 

Por otro lado, Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, recordó que esta organización ha acompañado el caso desde el principio y ha recogido documentación a lo largo de los años por lo que ha visto de cerca las consecuencias que persisten hasta el día de hoy. Por ejemplo, la contaminación efectuada por la petrolera Chevron Texaco en la provincia de Sucumbíos y Orellana  que afecta a las nacionalidades siona, siekopai, kofanes, kichwas, shuar, waorani y colonos de la zona.

El 3 de noviembre de 1993,  75 personas presentaron una demanda contra la petrolera Texaco en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusándola de haber contaminado el ambiente lo que afectó la salud de la gente durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. El 14 febrero del 2011, el juez de la Corte Provincial de Sucumbíos emitió la sentencia en primera instancia que señala a la empresa petrolera Chevron como responsable del daño ambiental causado en las provincias amazónicas. En esta sentencia se especificó que la empresa debe pagar 19 mil millones de dólares a los afectados para implementar un plan de recuperación, limpieza de vías, un plan económico y sanitario.   

Pablo Fajardo, histórico abogado de UDAPT, quien ha llevado la demanda contra Chevron desde los años noventa, señaló que mientras la sentencia no este escrita Chevron puede utilizar todas sus herramientas y armas para cambiar la sentencia a una favorable para la multinacional. “Esto sucedió en Argentina cuando Chevron invirtió más de 200 millones de dólares y ahora la empresa y el gobierno argentino son aliados”. También, Fajardo explicó que los ecos de este acuerdo o arreglo se dieron en el marco de la visita de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, al Ecuador y la firma de un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC).

Por esta situación, los accionantes se encuentran preocupados. William Lucitante, coordinador ejecutivo de UDAPT, expresó que sienten la presión de Chevron sobre el gobierno ecuatoriano. Así mismo, Donald Moncayo, subcoordinador de esta organización,  comentó que recibieron una llamada donde le comunicaron que en esta semana la Corte Constitucional fallará a favor de Chevron. Frente a esto, llamó a las organizaciones sociales, medios de comunicación y público en general  a estar alertas para que el caso no quede en la impunidad.

Ante la posible falta de independencia judicial, Luis Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), rechazó que Chevron intente influenciar a los jueces de la Corte Constitucional, por lo cual hizo un llamado a los jueces para mantener la protección de las víctimas de la contaminación por encima de los intereses de la multinacional.