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Misión de verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa

Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

Comunicado Público: Es imperativo cierre de Iglesia Oasis de Esperanza, Confraternidad Evangélica nunca fue solidaria

Las organizaciones y personas que apoyamos la lucha para saber la verdad sobre la desaparición de Juliana Campoverde y lograr sanción a los responsables, nos pronunciamos ante la posición asumida por la Confraternidad Evangélica que cuestiona el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, escenario en el cual se cristalizaron el acoso y agresión sistemática sobre Juliana Campoverde con lo siguiente:

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

Organizaciones sociales denuncian estrategia de Chevron para influir dentro de la justicia ecuatoriana

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 03 Julio 2018 15:20
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La mañana de este martes, 3 de julio del 2018, se realizó una rueda de prensa en la sede de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT), en la ciudad de Quito, para difundir la posición de las organizaciones sociales frente a los intentos de Chevron por `sobornar y presionar los jueces de la Corte Constitucional’ .

Para David Suarez, de la organización Ecuador Decide, el caso Chevron es defendido por sus víctimas y el gobierno ecuatoriano no puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre este caso. “No tienen ninguna potestad sobre él, este caso fue impulsado por las víctimas y nunca tuvo intervención estatal. Además, están pasando por alto los derechos de las personas accionantes”. 

Por otro lado, Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, recordó que esta organización ha acompañado el caso desde el principio y ha recogido documentación a lo largo de los años por lo que ha visto de cerca las consecuencias que persisten hasta el día de hoy. Por ejemplo, la contaminación efectuada por la petrolera Chevron Texaco en la provincia de Sucumbíos y Orellana  que afecta a las nacionalidades siona, siekopai, kofanes, kichwas, shuar, waorani y colonos de la zona.

El 3 de noviembre de 1993,  75 personas presentaron una demanda contra la petrolera Texaco en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusándola de haber contaminado el ambiente lo que afectó la salud de la gente durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. El 14 febrero del 2011, el juez de la Corte Provincial de Sucumbíos emitió la sentencia en primera instancia que señala a la empresa petrolera Chevron como responsable del daño ambiental causado en las provincias amazónicas. En esta sentencia se especificó que la empresa debe pagar 19 mil millones de dólares a los afectados para implementar un plan de recuperación, limpieza de vías, un plan económico y sanitario.   

Pablo Fajardo, histórico abogado de UDAPT, quien ha llevado la demanda contra Chevron desde los años noventa, señaló que mientras la sentencia no este escrita Chevron puede utilizar todas sus herramientas y armas para cambiar la sentencia a una favorable para la multinacional. “Esto sucedió en Argentina cuando Chevron invirtió más de 200 millones de dólares y ahora la empresa y el gobierno argentino son aliados”. También, Fajardo explicó que los ecos de este acuerdo o arreglo se dieron en el marco de la visita de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, al Ecuador y la firma de un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC).

Por esta situación, los accionantes se encuentran preocupados. William Lucitante, coordinador ejecutivo de UDAPT, expresó que sienten la presión de Chevron sobre el gobierno ecuatoriano. Así mismo, Donald Moncayo, subcoordinador de esta organización,  comentó que recibieron una llamada donde le comunicaron que en esta semana la Corte Constitucional fallará a favor de Chevron. Frente a esto, llamó a las organizaciones sociales, medios de comunicación y público en general  a estar alertas para que el caso no quede en la impunidad.

Ante la posible falta de independencia judicial, Luis Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), rechazó que Chevron intente influenciar a los jueces de la Corte Constitucional, por lo cual hizo un llamado a los jueces para mantener la protección de las víctimas de la contaminación por encima de los intereses de la multinacional.