La audiencia de juicio por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático en contra de Ola Bini (activista e informático sueco) estaba programada para este 21 y 22 de octubre, pero fue diferida por el juez Pablo Coello, del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.
Este cambio se debe a una solicitud de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP), parte acusadora en este proceso penal que inició en abril de 2019, en la que explican que el gerente general de esa empresa no podría participar en la audiencia debido a una actividad laboral urgente que debía cumplir en otra ciudad.
La nueva fecha para la diligencia aún no ha sido establecida por el Tribunal, mismo señaló que esta será la única vez que aceptará un pedido de diferimiento.
En julio de 2021, la jueza Yadira Proaño fue suspendida de este caso debido al incumplimiento de los principios de debida diligencia, oportunidad y celeridad procesal, según argumentó Carlos Soria, abogado de Bini.
La vulneración al debido proceso y una posible falta de independencia judicial fueron las causas que motivaron la conformación de la Misión de Observación, integrada por 19 organizaciones nacionales, regionales y globales con el objetivo de vigilar este proceso en calidad de veedores.
Rodrigo Adriel Iturriza, delegado de la Misión de Observación comenta que, “se trata de una nueva irregularidad. La suspensión y diferimiento de audiencias es una constante, de hecho ya van más de 900 días en un caso que se debía resolver hace mucho tiempo”. Iturriza también señala que algunas investigaciones de prensa muestran que, “este caso no solamente fue fraguado a través de intereses políticos, sino a partir de intereses de inteligencia, de actores policiales y por eso este caso sigue su curso, aún con el cambio de gobierno”.
Para Iturriza, quien acompaña el caso de Ola Bini, el trabajo de la seguridad digital es importante porque permite: “proteger la privacidad y la libertad de expresión en línea cobra especial relevancia, no solamente para los expertos en seguridad digital sino para la ciudadanía en general y por tanto para la vigencia democrática”.
Access Now, organización dedicada a la defensa de los derechos digitales de los usuarios en riesgo a nivel mundial, publicó en agosto de 2021 el informe “La persecución de la comunidad de la seguridad informática en América Latina”, en el que se incluyó el caso de Ola Bini.
El informe describe de manera concreta algunas falencias del proceso judicial que afronta el experto en seguridad informática Ola Bini, en Ecuador. La creación del Centro de Autonomía Digital (CAD) que es una organización sin fines de lucro ubicada en Quito y dedicada a mejorar la privacidad de software, la demanda de “Habeas Data” interpuesta por Bini ante el gobierno ecuatoriano, además de la denuncia de acoso y vigilancia que afronta Ola Bini desde que inició el proceso penal.
Descarga el informe en: https://bit.ly/3plSkeE