La jueza ponente del Tribunal de Garantías Penales, Olga Ruíz, aceptó el hábeas corpus presentado por organizaciones de derechos humanos y familiares de cuatro personas detenidas durante la protesta social en el sector de El Cajas, Cayambe. La jueza aprobó la garantía jurisdiccional bajo la premisa de que, si bien la detención fue legal y legítima, esta se tornó ilegal y arbitraria al trasladar y violentar de forma física y psicológica a los cuatro jóvenes, fuera de su jurisdicción correspondiente.
En la audiencia que se desarrolló ayer, martes 23 de noviembre de 2021, la jueza recalcó que los derechos humanos de Mario G., Bladimir I., Jonny V. y Edison C., fueron violentados al ser sometidos a vejaciones de distintos tipos durante las 15 horas de su desaparición temporal.
“Como muestra de ello, constan los exámenes médico legales, vídeos y testimonios de los afectados, los cuales evidenciaron el incumplimiento de las mínimas garantías establecidas por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, establecida en 1984”, explicó la jueza Ruíz mientras daba lectura a la resolución.
En relación a las medidas de reparación integral, Luisa Villacís y Pamela Chiriboga, abogadas de la parte accionante, solicitaron en audiencias previas que se declare la vulneración al derecho a la integridad personal de los jóvenes; se ejecute una investigación que permita individualizar las responsabilidades de los hechos; el acompañamiento a la familia de los cuatro afectados; se realicen disculpas públicas por parte del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, y que el Consejo de la Judicatura difunda el contenido de la respectiva sentencia.
Respecto a las peticiones de las abogadas defensoras, la jueza dispuso que el caso se remita a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar una investigación acerca de los hechos, que el Ministerio de Salud Pública brinde tratamiento físico y psicológico a las cuatro personas violentadas; que los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional coloquen en sus páginas web un extracto de la sentencia, además de incluirla dentro de su programa de formación y ofrecer disculpas públicas a los afectados a través de un comunicado público.
A ello, añadió que la parte accionada contaba con 30 días para presentar el informe de cumplimiento de las medidas de la sentencia.
Por su parte, los abogados de la parte accionada: Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Procuraduría General y Fuerzas Armadas, presentaron de forma oral el recurso de apelación.
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