En los últimos días se han multiplicado las voces de denuncia de trabajadores, cuyos contratos han sido interrumpidos abruptamente sobre la base de opacas justificaciones legales, en medio de una de las mayores crisis económicas y sanitarias que haya enfrentado el país.
Estos despidos exponen a los trabajadores a una enorme vulnerabilidad económica y sanitaria, pues van a tener que enfrentar las medidas de confinamiento sanitario sin la perspectiva de ingresos estables y con la pérdida de varios de sus derechos, como el seguro de salud o el subsidio de enfermedad que ofrece el IESS.
Pero, además, ponen en riesgo la salud y seguridad de toda la población al perjudicar el cumplimiento de las medidas sanitarias: la precarización laboral empujará a los trabajadores despedidos a desplazarse fuera de sus hogares para obtener medios de subsistencia para sus familias.
Llama más la atención, que esos despidos ocurran en grandes empresas, quienes alegando que el estado de excepción declarado para enfrentar la pandemia constituye una situación de fuerza mayor, han procedido a terminar decenas de contratos, sin que resulte clara, ni la real afectación producida a la solvencia de la empresa, ni el uso adecuado de los procedimientos previstos en la Ley.
Al respecto, queremos condenar particularmente el uso selectivo y, por ende, abusivo que hacen algunas empresas de la causal de fuerza mayor, establecida en el artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo, para terminar abruptamente los contratos de trabajo. Dicha causal debe ser valorada por una autoridad legítima y no de manera unilateral por el empleador, y menos cuando la operatividad de la empresa no ha sido comprometida por la presente crisis, al punto que algunas empresas que han aplicado abusivamente dicha causal continúan realizando sus actividades comerciales.
Sin embargo, también observamos que estas acciones tienen como trasfondo la pasividad del Gobierno Nacional en establecer oportunamente políticas de fomento productivo que protejan el empleo, y la sostenibilidad de las empresas, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 65% de los empleos a nivel nacional.
Por lo dicho, solicitamos:
- Que el Estado subsidie temporalmente y de manera quincenal el 75% del salario básico unificado de los salarios de los trabajadores de las empresas con problemas de liquidez en sectores estratégicos para el país, así como en las micro, pequeñas y medianas empresas del resto de sectores, a fin de proteger el empleo nacional con el sobregiro como fuente de financiamiento garantizada por el Estado y la co-responsabilidad de los mayores grupos económicos del país.
- Que se establezcan procedimientos de vigilancia reforzada sobre el cumplimiento de los derechos laborales de parte del Ministerio de Trabajo; y, en su caso, el oportuno y ágil procesamiento de demandas en el sistema judicial a cargo del Consejo de la Judicatura; el Gobierno Nacional debe hacer efectiva la prohibición de despidos durante la emergencia, anunciada por el Presidente de la República; hasta ahora solo ha hecho llamados de solidaridad que no son suficientes;
- Que se establezcan procedimientos de asistencia jurídica oportuna a los trabajadores de parte de la Defensoría del Pueblo.
- Que se amplíe la cobertura del subsidio a cuentas básicas o de dinero electrónico creadas para los trabajadores autónomos, comerciantes y no afiliados al sistema de seguridad social cuyas actividades hayan sido forzosamente paralizadas; la cobertura y los mecanismos de distribución habrán de definirse en función de los registros administrativos de las cuentas en el sistema financiero que dispone el Estado y sobre la base de los patrones de consumo de telefonía móvil.
Una adecuada protección del trabajo, que garantice el consumo de la clases populares, no sólo es indispensable para garantizar el éxito de las medidas sanitarias, sino también para el éxito del proceso posterior de recuperación económica.
Conminamos al Estado ecuatoriano a elaborar políticas de sustento de los salarios y protección de los trabajadores de manera inmediata, con el fin de prevenir la destrucción de los empleos, y también exhortamos a la empresa privada, específicamente a aquellas pertenecientes a los grandes grupos económicos a corresponsabilizarse con la protección del empleo en el Ecuador, sobretodo vistos las enormes niveles de ganancias de los últimos años y abultados recursos depositados en el exterior.
Esta carta está suscrita por varias organizaciones: CDES, CEDHU, INREDH, CONAIE, Acción Jurídica Popular, Observatorio de la Dolarización, Foro Politécnico Guayaquil, Jubileo 2000, Desborde Ecuador, Colectivo La Raíz, Fundación del Migrante, Revista Crisis, Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ”, Bulla Zurda, El Americano.