Entre el 1 y 4 de marzo de este año, en Toronto – Canadá, se desarrolló la “Convención de Exploración y Minería de Primer Nivel”, ignorando varias sugerencias de que ésta debía cancelarse por la expansión del COVID-19 que ya generaba alarma en varios países europeos, del sudeste asiático y Canadá. Entre los participantes de esta Convención estuvieron siete personas de los centros shuar Warints y Yawi, Asociación Nunkui del cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, invitadas por la empresa canadiense Solaris Resources/Equinox Gold y su subsidiaria en Ecuador, Lowell Copper Holdings. Es de conocimiento público que varios de los participantes en la mencionada convención se contagiaron de COVID-19, entre ellos el ministro de Minas de Burkina Faso en África Occidental, luego de lo cual otras 146 personas habrían resultado contagiadas en ese país.
El Consejo de Gobierno del PSHA, conjuntamente con la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), CONFENIAE y CONAIE ante la declaración de Estado de Excepción por la Emergencia Sanitaria en Ecuador, activamos nuestros protocolos de protección y restricción de la circulación de personas, así como el monitoreo permanente de nuestros territorios.
El 2 de abril pasado, la presidenta del Consejo de Gobierno del PSHA, Josefina Tunki, comunicó esta situación al Gobernador de Morona Santiago, al Defensor del Pueblo y al Coordinador del Área de Salud Zonal 6 y solicitó que, en coordinación con el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, implementen las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para impedir y contener el contagio del virus en la nacionalidad Shuar. Se solicitó determinar si el deceso de la madre de uno de los viajeros, ocurrido tras su regreso de Canadá, se debe al COVID-19.
Ante esto, el Gobernador de Morona, Juan León Pilco, a través del medio de comunicación Exprésate Morona, respondió que “los protocolos fueron cumplidos eficazmente, esta compañía de extracción minera cumplió a satisfacción” y afirmó, sin ofrecer evidencia alguna, que la muerte reportada en Warints “no tiene nada que ver con las personas que viajaron a Canadá”. Además, censuró la actuación de la presidenta del PSHA.
El pasado 10 de abril, falleció el padre de otro de los participantes de la mencionada Convención y en los últimos días, desde los centros shuar Warints y Yawi nos han reportado los nombres de más personas que se sienten enfermas.
A lo anterior hay que sumar que la movilización de militares a los territorios no se ha detenido y se conduce sin las debidas precauciones contra el COVID-19. Personal de las Brigadas de Selva continúan rotando sin tomar ninguna precaución, como sucede en el cantón Tiwintza donde ya se confirmó un caso del COVID-19. Actualmente el campamento militar está en cuarentena.
Los Pueblos Indígenas conservamos prácticas ancestrales de protección frente a emergencias de este tipo, incluido el manejo territorial; sin embargo, estas son vulneradas por las acciones y omisiones de las autoridades. Es inexplicable que el Decreto de Estado de Excepción por la Emergencia Sanitaria, dictado el 16 de marzo, haya exceptuado a las actividades extractivas de la restricción de movilidad necesaria para impedir y contener a la pandemia. La constante rotación de personal ajeno a las regiones donde se desarrollan esas actividades constituye un factor de alto riesgo de propagación y peligro para las todas las comunidades locales, indígenas o no. El beneficio directo que esa excepción injustificada representa para las operadoras mineras en la zona, las empresas Lowell Mineral, Solgold/Cruz del Sol, Aurania Resources/Ecuasolidus, Luminex Resources-BHP/Proyectmin, Explorcobres, Ecuacorrientes, entre otras, incrementa la vulnerabilidad de Warints, Yawi y otros centros y asociaciones miembros del Pueblo Shuar Arutam.
El gobierno ecuatoriano tiene la obligación dar una respuesta urgente, culturalmente adecuada, que priorice el derecho a la vida y a la integridad cultural, tal como lo plantea el numeral 57 de la Resolución 1/2020, adoptada por la CIDH el 10 de abril de 2020, sobre Pandemia y DDHH en las Américas que manda a:
Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.
Por lo anterior EXIGIMOS:
-
Que el COE Nacional y Provincial, así como el Ministerio de Salud Pública implementen acciones de respuesta efectiva frente a las muertes registradas en Warints, en aplicación del principio de precaución ante la sospecha de que esas muertes se hayan debido al Covid-19. En coordinación con el PSHA y siempre en observación del principio del consentimiento, previo, libre e informado, se deben aplicar las pruebas para determinar posibles contagios en el entorno de los viajeros a la cita minera en Canadá; establecer un cerco epidemiológico efectivo que incluye la provisión de los mínimos necesarios de alimentación y pervivencia para que se pueda cumplir la cuarentena en dignidad; y brindar la atención y tratamiento oportuno, acordes al derecho a la Salud Integral (Constitución Política 2008), incluidos los medicamentos y cuidados paliativos necesarios, a las personas que estuvieran contagiadas.
-
Que el MSP realice pruebas masivas en el territorio del PSHA que permitan la identificación de personas contagiadas sintomáticas y asintomáticas como medida urgente para contener la expansión del virus, priorizando la toma de muestras en los centros shuar aquí señalados.
-
Que el COE Nacional y Provincial establezcan de manera inmediata, y en coordinación con el Consejo de Gobierno del PSHA, la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), la CONFENIAE, la CONAIE, acciones conjuntas y coordinadas para la implementación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Étnico de la Pandemia.
-
Que el COE Nacional, Provincial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados entreguen de manera urgente y efectiva ayuda humanitaria como alimentos (para garantizar de manera especial la nutrición de nuestros niños, niñas, adolescentes y ancianos), medicinas, kits de limpieza y de desinfección en todos los centros del Pueblo Shuar Arutam.
-
Que la Defensoría del Pueblo nacional y provincial activen su rol de garantes de derechos para que el Ministerio de Salud y el COE Provincial asuman sus obligaciones de manera directa y transparenten la información a las estructuras de gobierno propio del Pueblo Shuar Arutam, sus Asociaciones y Centros y, garanticen la pertinencia cultural en todas sus acciones.
-
Que el Ejecutivo y el COE Nacional prioricen los derechos a la vida digna, la salud, la integridad física, consentimiento y la autodeterminación del Pueblo Shuar Arutam por sobre las actividades extractivas en su territorio. La incompatibilidad de actividades extractivas mineras y los derechos de los Pueblos se deberá resolver siempre a favor nuestro, particularmente, en casos en los que la experiencia histórica y el principio de precaución obligan a detener actividades y/o establecer moratorias para no arriesgar nuestras vidas. Los Pueblos Indígenas amazónicos, históricamente hemos sido altamente vulnerables a enfermedades y epidemias occidentales. Entendiendo además que el mantener estas actividades impiden el cumplimiento de la cuarentena y el aislamiento requeridos para evitar y contener la pandemia, corresponde la inmediata salida del territorio del PSHA de personal de las empresas extractivas y de personal de las fuerzas armadas y policía destinados a su protección.
Para mayor información:
Josefina Tunki, Presidenta del Pueblo Shuar Arutam
Teléfono: 096 203 2831
Correo electrónico: josefinatunki1962@hotmail.com
Galo Chup, Gestión Externa del Pueblo Shuar Arutam
Teléfono: 098 505 3816
Correo electrónico: kurich2015@hotmail.com
Marcelo Unkuch, Gestión Externa del Pueblo Shuar Arutam
Teléfono: 096 183 9233
Correo electrónico: marcelounkuchp@hotmail.com