Balsa represada a la altura del Puente sobre ru00edo Shiripuno esperando a ser cargada para comercializaciu00f3n. Foto: Cortesu00eda Amazon Frontlines
Las organizaciones que integramos la Alianza por los Derechos Humanos expresamos al Gobierno Nacional nuestra preocupación y alerta frente al incremento de la vulnerabilidad de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT). Esto, debido a las nuevas presiones generadas por una reactivación de la actividad maderera y la continuidad de otras actividades de explotación de especies y recursos naturales en el territorio waorani y las áreas colindantes a la ZITT.
Diversas fuentes locales han confirmado que, durante el periodo de cuarentena, se han desplegado nuevos focos de actividad maderera en la zona colindante a la ZITT e incluso, probablemente, dentro de ella, sin que la institucionalidad concernida haya tomado medidas.
Desde el 30 de abril, las organizaciones hemos recibido fotografías y testimonios sobre el embarque de camiones llenos de madera a la altura del puente del Río Shiripuno, justamente en el área donde se encuentra emplazada la Estación de Monitoreo de la ZITT bajo responsabilidad del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Estos indicios dan cuenta no solamente de una peligrosa reactivación de la explotación de madera –posiblemente ilegal– dentro del área, sino que corroboran varias alertas efectuadas por organizaciones locales en relación a la precaria situación del control en la ZITT y las devastadoras consecuencias que podría tener en el contexto de la propagación de la pandemia del COVID-19. Esto se constituye en una nueva inobservancia del Estado a su obligación de garantizar la intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento (PIA).
Aunado al riesgo de que se produzcan choques entre los PIA y grupos de madereros que podrían encontrarse dentro de la ZITT, se suma la amenaza biológica de una propagación del COVID 19 debido al desarrollo incontrolado e ilegal de esta actividad. El riesgo de una epidemia entre los Tagaeri/Taromenane podría suponer la extinción completa del grupo, configurándose, de esta manera, la figura de un etnocidio.
El Estado ecuatoriano tiene la obligación URGENTE de responder frente a esta grave amenaza. Es necesaria una acción interinstitucional coordinada entre todos los que tienen responsabilidades sobre el manejo y protección de la ZITT. El Ministerio de Ambiente, como ente rector en materia ambiental, tiene obligaciones específicas de coordinación y actuación; así mismo, fuerzas policiales o militares que deben activarse de manera eficiente para controlar estas actividades ilegales.
Instamos de manera enfática a una acción rápida y sostenida que permita mantener el cordón sanitario alrededor del territorio waorani y la ZITT, y cumplir así con la disposición constitucional de garantizar la intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento.