La noche del 27 de mayo, en el cantón Arenillas de la provincia El Oro, se dio la muerte violenta de Javier Viteri Alburqueque, un joven gay de 22 años de edad, tras recibir 89 puñaladas en la espalda, abdomen, cuello y tórax. La Policía Nacional, a través de la DINASED, dio a conocer la detención del sospechoso, un conscripto militar.
El caso lo lleva la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Arenillas, dentro del proceso 07309-2020-00226. Vigilantes a la investigación de la Fiscalía General del Estado y de la Administración de Justicia, las organizaciones firmantes alertamos que Javier fue víctima de violencia por prejuicio. La CIDH considera que el concepto de violencia por prejuicio resulta útil para comprender que la violencia contra las personas LGBTIQ+ es el resultado de percepciones negativas, basadas en generalizaciones falsas, así como en reacciones negativas a situaciones que son ajenas a las de la heteronorma. Además, ha expresado su preocupación por la omisión de investigar adecuadamente estos crímenes que solo conducen a una legitimación de la violencia contra las personas LGBTIQ+.
En Ecuador, de acuerdo al INEC en 2014, siete de cada diez personas LGBTIQ+ son víctimas de violencia, de las cuales el 27,3% manifestaron haber sufrido violencia por parte de un agente de seguridad. Es necesario tomar en cuenta que denunciar actos de discriminación implica para las personas LGBTIQ+ y sus familias visibilizar completamente la orientación sexual de la víctima, siendo ésta una situación que muchas personas tratan de evitar por la criminalización social, el mal manejo de las noticias por los medios de comunicación, la exposición a discursos de odio en redes sociales y la culpabilización a la víctima.
En el caso de Javier Viteri Alburqueque, se requiere de una investigación exhaustiva de las razones que motivaron la violencia por orientación sexual bajo el cumplimiento del deber de debida diligencia. De acuerdo a la normativa penal ecuatoriana, advertimos el estar frente a un Delito de odio con muerte, de acuerdo al Artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal.
Como organizaciones de derechos humanos, creemos que es insuficiente hablar de un asesinato, tal como se lo determinó en la formulación de cargos, en la audiencia de calificación de flagrancia del 28 de mayo. Este caso no puede ser subregistrado por parte del Estado, ya que enviaría un mensaje incorrecto sobre la excesiva brutalidad del caso, el silencio actual de las Fuerzas Armadas y el contexto cotidiano de violencias y discriminaciones que sufren las personas LGBTIQ+ en Ecuador.
No hay Orgullo sin #JusticiaParaJavierViteri.