La tarde del 22 de junio, comuneros reportaron un fuerte olor de diésel y manchas de hidrocarburos en el río, cerca de la comunidad de Sardinas y San Pedro del Río Coca, en la provincia de Orellana. Adicionalmente, en el puente ubicado a la altura de San Sebastián del Coca, se evidenció un inusual movimiento de trabajadores en el río, quienes colocaban barreras de contención.
A las 17:00, los comuneros que trabajan en la empresa coreana informaron a sus familias que debían quedarse trabajando durante la noche “por una emergencia ocurrida”. Tal como ocurrió el 7 de abril pasado, una vez más las empresas petroleras omitieron la obligación de alertar de manera urgente a las comunidades sobre un derrame de contaminantes al río. Una vez más, los comuneros se enteraron cuando vieron pasar frente a sus comunidades una mancha de crudo y aceites en el río.
Entre las 19:00 y las 23:00, las comunidades San Pedro del Río Coca, Sardinas, San Pablo, Lumucha y Toyuca registraron el avance de crudo y aceites a la altura de sus comunidades.
Apenas a las 21:20, Petroecuador, a través de su cuenta de Twitter, y, en respuesta a múltiples mensajes por esa misma red social que habíamos hecho llegar defensores y defensoras de derechos humanos, se pronunció indicando que se trataría de “trazas remanentes estancadas del evento del 07 de abril, en sitios inaccesibles por la geografía de San Rafael, que a consecuencia de las intensas lluvias, fueron removidas por la corriente del río”. Este pronunciamiento es inadecuado y no resulta ser el mejor medio para informar a comunidades remotas en la Amazonía ecuatoriana. Pues, hasta el momento, no hay evidencias de información entregada de manera adecuada a las comunidades afectadas ni de la alerta necesaria sobre el estado del río.
En cualquier caso, el tamaño y la cantidad de manchas observadas por los comuneros y la orden dada a los trabajadores de las empresas de limpieza, es muy poco probable que se trate de un remanente del derrame del 7 de abril, como pretende hacer pasar la empresa EP Petroecuador. Recordamos que en los días siguientes al 7 de abril, las empresas operadoras y las autoridades minimizaron el derrame a “unos cuatro mil barriles” y luego tuvieron que admitir, por lo menos 15.800. Asimismo, la semana pasada, el 18 de junio, se reportó un derrame de combustibles por rotura del poliducto en la misma zona de San Rafael. Entonces, como ahora, Petroecuador y el Ministerio de Recursos y Energía sólo “reconocieron” la rotura por sus cuentas de Twitter ante la denuncia pública de un ciudadano, y no proporcionaron la información debida sobre causas, magnitud, contención ni remediación.
Desde el 7 de abril, las comunidades ribereñas enfrentan graves vulneraciones a sus derechos a vida íntegra, agua, alimentación, medio ambiente sano y salud y viven enfrentadas a que estos hechos se repitan como ha sucedido en estos días. El caso es que las vulneraciones por contaminación a derechos colectivos y de la naturaleza se están convirtiendo en vulneraciones sistemáticas y sistemáticamente Impunes con consecuencias irreversibles e irreparables.
Por lo anterior, una vez más, exigimos al Consejo de la Judicatura cumplir con su obligación de protección y tutela judicial a través de la emisión urgente de las medidas cautelaresque hemos solicitado insistente y motivadamente desde el 29 de abril. Exigimos, a la vez, que activen los mecanismos necesarios para que se reanude la audiencia de la acción de protección, suspendida desde hace ya casi un mes. Está en sus manos cesar la sostenida violación de derechos y riesgos que enfrentan al menos 27 mil personas indígenas y las comunidades mestizas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo.
Solicitamos que la Corte Constitucional se pronuncie. No es ético que se guarde silencio cuando la vida de al menos 27 mil personas corre grave riesgo. Es imperativo que la Corte les recuerde a los servidores judiciales su obligación constitucional y legal de actuar apegados a los principios de la tutela judicial efectiva y la debida diligencia. Una acción de protección y unas medidas cautelares planteadas desde el 27 de abril siguen sin la respuesta oportuna, idónea y eficaz para la protección, restitución y reparación integral de los derechos de las víctimas.
Exigimos que Petroecuador EP, OCP Ecuador, Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, y Ministerio de Ambiente transparenten los hechos ocurridos ayer (22 de junio) y el pasado 18 de junio, den información completa detallada sobre las roturas y derrames, causas, magnitud y las medidas que han tomado. Que informen, a cabalidad, de manera georeferenciada y minuciosa sobre cada uno de los lugares donde existen las denominadas trazas y remanentes de crudo y combustible de los derrames ocurridos desde el 7 de abril. Es evidente que los derrames siguen ocurriendo y la información completa, veraz y confiables es la única forma de evaluar si las medidas de atención y contención que dicen tomar son efectivas. La existencia de trazas remanentes evidencia que 75 días luego de ocurrido el derrame del 7 de abril, los trabajos de limpieza son ineficaces y confirman que el riesgo letal de las comunidades al consumir agua y peces contaminados. Las entidades estatales concernidas (Ministerio de Salud, Ambiente, Secretaría de DDHH, Secretaría de Riesgos) tienen el deber de ejecutar medidas de atención, protección y restitución urgentes, eficaces y pertinenetes.
Solcitamos a la Defensoría del Pueblo que requiera a las instituciones competentes la información detallada sobre los hechos ocurridos el día de ayer, su naturaleza, alcance, hora y lugar donde se produjo, y detallen las medidas de contención inmediata que tomaron y de reparación que están tomando y sus respectivos resultados. Si la mancha avanzó a las comunidades es evidente que la contención no funciona -como no funcionó el 7 de abril cuando a las 48 horas ya había recorrido al menos 300 kilómetros-. Así mismo, que las instituciones informen en detalle cuándo y cómo alertaron a las comunidades río abajo. Si las comunidades se enteran cuando ven pasar la mancha por sus comunidades es evidente que no hay un plan efectivo de información inmediata. Todo esto es fundamental saber, pues autoridades y operadoras petroleras conocen sobradamente que las comunidades están gravemente impactadas por el derrame del 7 de abril y que su vida íntegra y su salud están gravemente comprometidas. Sin información oportuna y clara sobre cualquier hecho que agrave su seria situación, la misma operación petrolera -sin derrames siquiera- es ya un riesgo sostenido para las comunidades. Si no pueden operar con cuidado y si no pueden responder inmediata y efectivamente por los daños que causan y los riesgos de vida a los que exponen a poblaciones enteras, entonces, no deberían seguir operando.
Solicitamos a la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional que cumpla su rol de fiscalización y solicite toda la información a las instituciones involucradas en el derrame de petróleo del día 07 de abril de 2020, las medidas que se han tomado, las alertas, la situación de las comunidades indígenas afectadas. También, que solicite al Consejo de la Judicatura información respecto a la administración de justicia en el proceso constitucional planteado por víctimas del derrame, la falta de respuesta a las medidas cautelares planteadas, las dilaciones injustificadas desde el 27 de abril y la suspensión indefinida del juicio desde el 1 de junio.
Las organizaciones firmantes denunciamos la sistemática violación de derechos de esta población que hoy enfrentaría, además, los impactos del brote de dengue y del covid-19; así como, la impunidad tras 75 días del derrame ocurrido el 7 de abril de 2020. Y replicamos las palabras de Carlos Jipa, presidente de la FCUNAE:
Nuevamente hemos sido víctimas de esto, de este mal que nos está causando cada día. No sé hasta cuándo vamos a continuar con este derrame, esta contaminación de nuestro río Coca. Necesitamos que las empresas responsables reconozcan. OCP y Petroecuador deben reconocer que hubo un derrame. No estamos mintiendo, nosotros tenemos testigos dentro de nuestras territorios, de nuestras comunas de esto que ocurrió anoche.
Suscribimos:
Marlon Vargas – Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana – CONFENIAE
Carlos Jipa – Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana – FCUNAE
Monseñor José Adalberto Jiménez Mendoza, Obispo Vicariato de Aguarico
Monseñor Celmo Lazzari, Obispo del Vicariato Apostólico de San Miguel de Sucumbíos
Lina María Espinosa – Amazon Frontlines
Alicia Celinda Salazar Medina – Fundación Alianza Ceibo·
Sylvia Bonilla Bolaños – Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
Alexandra Almeida – Corporación Acción Ecológica·
Paola Maldonado – Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo – ALDEA
Luis Xavier Solís – Asesor Legal de Fundación Alejandro Labaka
Ana Cristina Vera – Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA
Michelle Erazo Cárdenas – Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
Carlos Mazabanda – Amazon Watch
Francis Andrade Navarrete – Red Eclesial Panamazónica Ecuador
Verónica Potes – profesora, Universidad Central del Ecuador
Alianza por los Derechos Humanos – Ecuador