La acciu00f3n es parte de una campau00f1a global que pide una moratoria del extractivismo en toda la Amazonu00eda durante la pandemia COVID-19. Foto: Cortesu00eda Alianza por los Derechos Humanos
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos realizaron el lanzamiento oficial de la campaña internacional “Detén la Extracción en la Amazonía”, mediante una rueda de prensa virtual, este martes 4 de agosto. La iniciativa busca fortalecer la agenda de las organizaciones indígenas frente a la defensa de sus territorios de vida, y promover acciones estratégicas, como exigir la suspensión del flujo de petróleo a través de las principales tuberías de Ecuador.
Como primera acción estratégica y legal, en el marco de esta iniciativa, las comunidades que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo presentan decenas de pedidos de medidas cautelares ante el Consejo de la Judicatura de Francisco de Orellana, lugar donde representantes de las comunidades acuden desde la mañana de este martes, con las medidas de bioseguridad, para ingresar su pedido y respaldar esta acción legal. Estas demandas masivas se dan debido al avance acelerado de la erosión regresiva del río Coca, que representa un peligro inminente al pleno goce de sus derechos a vivir en un ambiente sano, a la salud, la alimentación, el acceso a la información y la justicia. Se prevé ingresar alrededor de 100 demandas de medidas cautelares.
Esta amenaza continúa luego de casi cuatro meses de la ruptura de los principales oleoductos del Ecuador (el SOTE y OCP), que afectó a más de 100 comunidades indígenas con una población de al menos 27.000 personas de la Nacionalidad Kichwa; ruptura que se dio por la negligencia de las empresas y de las entidades públicas ya que las acciones preventivas fueron insuficientes, por no decir nulas, pese a las advertencias de expertas y expertos sobre el fenómeno de erosión regresiva de los ríos Coca y Napo y, luego, del hundimiento de la cascada de San Rafael, ocurrida en febrero del año en curso.
Ahora, esta erosión regresiva avanza aceleradamente, amenazando con liberar grandes cantidades de sedimentos, inundaciones, destruir cientos de comunidades ribereñas y ocasionar un nuevo derrame de petróleo. Ante esto, las comunidades exigen medidas cautelares que incluyan la inmediata suspensión del bombeo y el drenaje controlado de las tres tuberías; el establecimiento de planes efectivos de respuesta inmediata, atención y reparación ante posibles inundaciones y otros daños; la provisión de agua y proteína animal de manera estable, constante y duradera hasta que el río recupere sus condiciones de normalidad, entre otras.
Al respecto Carlos Jipa, presidente de FCUNAE, señala que “Hoy, el pueblo Kichwa está enviando un mensaje al gobierno, a las compañías petroleras y a la corte ecuatoriana de que no nos quedaremos callados mientras nuestras tierras siguen contaminados por el petróleo y amenazados por otro derrame. Estamos intensificando nuestro llamado a la justicia y no nos detendremos hasta que se haga esa justicia.”
Esta campaña internacional nace de la preocupación de Pueblos y Nacionalidades indígenas del Ecuador y del mundo ante la situación de riesgo en la que permanecen las comunidades indígenas, tanto por la histórica explotación petrolera como la reciente amenaza de la pandemia de COVID-19. Respecto a esto último, según la Organización Panamericana de la Salud, el virus ha infectado al menos a 20,000 personas en las comunidades indígenas de la Amazonía. Ante esta preocupación, organizaciones indígenas de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam convocaron a la primera Asamblea Mundial por la Amazonía, dada entre el 18 y 19 de julio, donde pidieron una moratoria sobre las actividades extractivas en sus territorios para enfrentar la contaminación tóxica, los incendios furiosos, la pérdida de territorio y biodiversidad, cambio climático y, ahora, la propagación del COVID-19.
Las comunidades ahora afectadas por la erosión regresiva del río Coca también fueron contaminadas por el derrame de crudo del 7 de abril, por lo cual presentaron una demanda de acción de protección y medidas cautelares, debido la gravedad de las afectaciones que este hecho ocasionó en sus comunidades, sin embargo, la audiencia continúa suspendida desde junio y, hasta ahora, las comunidades no cuentan con medios de vida dignos para sobrevivir a la pandemia y para protegerse de los impactos de la contaminación del río.
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