Hoy, 14 de agosto de 2020, cerca de 200 comuneros kichwas de las riberas de los ríos Coca y Napo vuelven a la ciudad de El Coca, en representación de 27.000 indígenas cuyos derechos han sido vulnerados por la negligencia de las empresas petroleras y el Estado, dejándolos en un estado de desprotección y en eminente peligro por los efectos de la erosión regresiva del río y la probabilidad de futuros derrames e inundaciones.
Esta movilización, promovida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, busca se garantice el acceso a una justicia efectiva y la imparcialidad del juzgador frente a las víctimas del derrame del 7 de abril de 2020.
Las comunidades decidieron salir a las calles para rechazar y denunciar públicamente la falta de respuesta oportuna y la falta de imparcialidad del sistema judicial, particularmente, por la actuación del juez Oña Mayorga, quien emitió declaraciones amenazantes hacia los accionantes y mostró parcialidad a en la reinstalación de la audiencia de acción de protección y medidas cautelares por el mayor derrame de los últimos 15 años.
Este proceso judicial ha sido retardado por 72 días, y ayer, nuevamente se suspendió, dado que la prueba documental presentada por el Estado y las empresas petroleras fue receptada a destiempo, en formatos inaccesibles e incompletos. Esta disposición les otorga más tiempo a los demandados para enviar la documentación digital y a los demandantes menos tiempo para revisar un sinnúmero de documentos. Se prevé que la diligencia se retomará el día martes 18 de agosto.
El presidente de la FCUNAE, Carlos Jipa, explicó a los medios, en el plantón realizado en los exteriores de la Gobernación de Orellana que “durante estos cuatro meses, al menos 27 mil personas se han obligado a sobrevivir sin agua y alimentos seguros en un contexto de pandemia, cuatro meses con su salud afectada por la contaminación, por la pandemia, por el brote de dengue y las insuficientes acciones de los responsables, Estado y empresas.
Jipa enfatizó que son cuatro meses sin un plan sostenido de atención y sin un plan de alertas tempranas de cara a una erosión regresiva que no cesa.
Las comunidades consideran que existe una enemistad manifiesta del juez ya que se ha referido a los demandantes y organizaciones de derechos humanos como “detractores”, lo cual es motivo suficiente para que se excuse de proseguir con esta causa, así lo señala el Código Orgánico General de Procesos, en el capítulo 3.11, donde se establece que los fundamentos de la excusa o recusación es: “Tener con alguna de las partes o sus defensores amistad íntima o enemistad manifiesta”.
Como mensaje final, comuneras/os recordaron a la Judicatura que sus representantes deben actuar con objetividad, neutralidad, imparcialidad, integridad y transparencia. La honestidad de la conducta de los operadores de justicia es necesaria para fortalecer la confianza que depositemos los ciudadanos en la justicia.
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