El mayor de la Policía René C., y 27 policías, sentenciados a 106 días y 16 horas por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público ocurrido en el pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social Turi, solicitaron la suspensión condicional de la pena, acogiéndose al cumplimiento de los requisitos de esta medida que rezan en el art. 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En este artículo, se afirma que se podrá suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, siempre y cuando, la sanción del delito no exceda los cinco años, la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa, los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena y no sean casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Pamela Chiriboga, asesora legal de INREDH, afirma que la sentencia al determinar una sanción de 106 días y 16 horas, -menos de cinco años-, todas las personas que solicitaron esta medida están dentro del presupuesto para cumplir una suspensión de pena.
Y para que esto se cumpla, la o el juez señalará el día y hora para una audiencia con intervención de la o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser el caso, en la cual se establecerán las condiciones y formas de cumplimiento durante el período que dure la suspensión condicional de la pena. Las medidas sustitutivas a la pena privativa de libertad podrían ser: trabajo comunitario, arresto domiciliario, ayuda psicológica, prohibición de salida del país, entre otras.
27 de los 37 policías fueron sentenciados por insultar, golpear, pisar y caminarles encima, lanzar lacrimógeno, proporcionar descargas eléctricas entre otros tratos vejatorios de la dignidad humana, a más de 200 personas privadas de la libertad el pasado 14 de noviembre de 2018, se ampararon en esta medida. Anderson A., Byron G., Mauricio M., Oscar C., Luis C., José Y., Segundo G., Jorge V., Amaro P., María Pasto L., Jimmy O., Jhaxon A., Angel A., Edison E., Galo A., Cesar B., René C., Darwin F., Wilmer C., Juan G., Wilson C., Mauricio S., Deisy A., Luis B., Alexander R., Andrés H., Diego Ch. y Nidia M. son los policías procesados por estos hechos ocurridos el 31 de mayo de 2016.
Además, Chiriboga menciona que lo que se vivió en el Pabellón JC del CRS Turi fue un claro acto de tortura ya que estos funcionarios públicos infligieron grave dolor o sufrimiento, de naturaleza física y psicológica sobre un grupo de personas privadas de libertad.
A partir de los vídeos, – dice Chiriboga – pudimos constatar que no había resistencia ni motín alguno, por lo que el uso de la fuerza fue tan desproporcionado que sobrepasa al delito de extralimitación en el ejercicio de las funciones, sino que se encuentra enmarcado en el delito de tortura.
Para la abogada Chiriboga, la sentencia del caso del TURI, es un precedente en dos aspectos: primero, por las actuaciones policiales siguen sobrepasando los estándares de respeto, protección y garantía de derechos humanos, aún más a los privados de libertad que son un grupo de atención prioritaria. Y segundo, por la justificación del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los policías sigue latente, tanto a nivel social como judicial. “Esta sentencia y los hechos que la originan, representan un precedente nefasto y en total detrimento de los derechos humanos. No debería volver a suceder”.
La fecha para realizar esta audiencia está por definirse.
Contexto
El pasado 14 de noviembre de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca conformado por Luis Flores, Pedro Ordoñez y Patricia Inga instalaron la audiencia en la sala 209 del Complejo Judicial de Cuenca para dar conocer la condena que recibieron 37 de los 42 policías procesados por el delito de tortura ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad JC de este Centro.
La sentencia para los 37 policías fue de 106 días y 16 horas de prisión en el Centro de Rehabilitación Social Turi. El juez ponente Luis Flores dijo que hubo tratos crueles, degradantes e inhumanos en contra de las personas privadas de la libertad, pero que no fueron suficientemente graves para ser considerados como tortura, por lo cual sentenció a 36 policías como autores directos del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público y a una multa de 500 dólares.
Mientras que, al mayor de la Policía, René C., responsable del operativo, se le sentenció a 106 días y 16 horas de prisión como autor mediato del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público. Los argumentos fueron que él fue el jefe del operativo, lo lideró y sabía lo que estaba haciendo.