“Yo he sentido un vacío tan grande de no saber dónde está mi hijo, como está, sin saber su paradero. Yo no quisiera que nadie sufra lo que yo he sufrido”, enfatizó la madre del joven desaparecido, Zoila Chimbo, sobre la sentencia que llegó luego de 17 años de búsqueda de la verdad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable a Ecuador por las violaciones a los derechos a la salud, discriminación, desaparición, falta de garantías y protección judicial de Luis Eduardo Guachalá, joven que desapareció en un hospital psiquiátrico hace 17 años.
En la sentencia emitida el 26 de marzo de 2021, y publicada el 23 de junio, se analizaron los hechos que llevaron a la desaparición de Luis Guachalá Chimbo. El Tribunal Internacional concluyó que este caso constituye un proceso continuado de violación de derechos, ya que el hospital no contó con el consentimiento informado del joven, el tratamiento médico no fue accesible y no se le dio un seguimiento diario a su estado de salud, y el Estado ecuatoriano no tomó las medidas de vigilancia necesarias para asegurar su bienestar.
Además, en el escrito de 127 páginas se determinó que las autoridades ecuatorianas no proporcionaron una explicación satisfactoria y convincente respecto al paradero del joven Guachalá, quien se encontraba bajo la custodia del Estado en un hospital psiquiátrico público al momento de su desaparición.
Producto de esta sentencia, la responsabilidad del Ecuador y sus autoridades se extiende también a los derechos a un recurso efectivo, a las garantías judiciales y a la protección judicial no solo de Luis Eduardo sino de sus familiares, Zoila Chimbo Jarro y Nancy Guachalá Chimbo. La falta de una investigación diligente y efectiva para conocer los hechos relativos a la desaparición de Luis repercutió una violación a la integridad personal y a conocer la verdad en contra su madre y hermana.
“La sentencia es emblemática y trascendental porque establece nuevos estándares en la jurisprudencia del sistema interamericano respecto al derecho a la salud, consentimiento informado y tratamiento para las personas con discapacidad”, dijo en rueda de prensa Mario Melo, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE y parte del equipo jurídico que llevó el caso hasta esta instancia.
Sobre los hechos relacionados a la desaparición de Guachalá, la Corte señaló que el Estado ecuatoriano incumplió su obligación de iniciar de oficio y sin dilación una investigación; y por ende, una búsqueda seria, coordinada y sistemática de la persona desaparecida, que debe ser realizada en un plazo razonable.
En el fallo, que se dio luego de cuatro meses de la última audiencia pública, y después de 17 años desde los hechos, la Corte IDH ordenó adoptar varias medidas de reparación, entre las más relevantes:
- Investigar, determinar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos los responsables;
- Determinar el paradero de la víctima;
- Publicación de la sentencia y su resumen oficial en diarios de circulación nacional.
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional;
- Regular la obligación internacional de brindar apoyo a las personas con discapacidad para que éstas puedan dar su consentimiento informado en tratamientos médicos;
- Diseñar e implementar un curso de capacitación sobre el consentimiento informado y la obligación de brindar apoyo, dirigido al Hospital Julio Endara;
- Diseñar una publicación o cartilla que desarrolle los derechos de las personas con discapacidad al recibir atención médica;
- Realizar un video informativo sobre los derechos de las personas con discapacidad al recibir atención médica, así como las obligaciones del personal médico al proveer la atención;
- Desarrollar un protocolo de actuación en casos de desapariciones de personas hospitalizadas en centros de salud públicos;
- Pagar las respectivas indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial.
Tras esta decisión internacional, la madre del joven desaparecido espera que el gobierno retome la búsqueda de su hijo, esta vez, de manera diligente. “Ruego encarecidamente que me entreguen a mi hijo, vivo o muerto, porque yo seguiré en la lucha, junto a mi familia y mis abogadas y abogados”
Como Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE) y Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), organizaciones que acompañamos el caso, saludamos la valentía y dignidad de la señora Zoila Chimbo, madre de Luis Eduardo y de su familia; además de los esfuerzos de todos los abogados, abogadas, personas voluntarias, equipos de apoyo social y psicológico, involucrados durante casi dos décadas de este proceso.
Finalmente, ratificamos nuestro compromiso en la exigencia del cumplimiento de la sentencia e insistiremos en la creación de protocolos de actuación de funcionarios de salud pública al ocurrir una desaparición, contemplando los estándares desarrollados en la presente sentencia respecto de la obligación de notificar a las autoridades competentes para que se inicie una investigación. Además, es importante notar que no es el único caso de personas desaparecidas dentro de hospitales públicos del Ecuador. Esta situación, que constituye un grave atentado a la dignidad humana, debe ser abordada de manera integral y decisiva por parte del Estado.
Finalmente, David Cordero, director del CDH-PUCE, explicó que en las próximas semanas se concretarán reuniones de trabajo con la Procuraduría del Estado para el cumplimiento de las medidas de reparación como el acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado y las disculpas públicas. El jurista añadió que existe un plazo de un año para el cumplimiento.
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