Pronunciamiento de Inredh
El presidente Daniel Noboa ha manifestado su intención de modificar el artículo 5 de la Constitución del República del Ecuador en el que se declara que: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
Lejos del discurso de la Constitución de Montecristi como el resultado de la voluntad de un movimiento político, el proceso constituyente fue amplio y participativo. Los movimientos sociales tuvieron voz y llevaron propuestas a la Asamblea. Si bien varias normas (en especial las que confieren desmesurados poderes al presidente de la República) fueron parte del proyecto político del partido hegemónico en ese período histórico, las normas relacionadas con los derechos fundamentales de los seres humanos y de la naturaleza, así como los principios que rigen al Estado, fueron el resultado de propuestas de movimientos sociales que llevaban décadas articulados buscando introducir dichas reformas. El artículo sobre bases militares no fue la excepción. Fueron movimientos ciudadanos articulados gracias a la constatación de los efectos de la Base de Manta y de bases extranjeras alrededor del mundo, los que propusieron el texto del artículo 5. Muchos de estos movimientos pertenecían a la ciudad de Manta. Ante la propuesta de revisar lo que para nosotros como INREDH, fue un avance en la construcción global de una cultura de paz, creemos necesario hacer un recuento de las razones por las cuales esos movimientos sociales propusieron este articulado y las razones por las que el Ecuador debe seguir siendo un territorio de paz, sin bases militares extranjeras:
1. Consideramos que el Ecuador debe conservar su calidad de país no alineado a ninguna de las potencias hegemónicas, por eso el artículo se refiere a la prohibición de bases militares extranjeras, independientemente de su origen. Esta definición, a más de responder al derecho de autodeterminación de los pueblos, se torna vital en un momento en donde el equilibrio geopolítico y la paz del mundo penden de un hilo que, si se rompe, nos arrastrará a ser parte de una nueva conflagración mundial por albergar una base militar de cualquiera de las potencias en conflicto.
2. El argumento de que el retorno de militares estadounidenses a una base militar en Ecuador contribuirá a la seguridad interna del país es por demás fantasioso, incluso mentiroso, porque en el momento actual lo que menos puede interesar a los Estados Unidos es la seguridad de un país ajeno a sí mismo, ya que su prioridad es su propia seguridad y su hegemonía geopolítica; algo que está en entredicho, tanto en el plano militar, donde está perdiendo incidencia en el Medio Oriente, África y los países del área de influencia rusa; así como en el plano económico frente al crecimiento de la influencia china y su rol como nueva cabeza financiera mundial (https://acortar.link/F2VMfk).
3. No creemos que el interés de los Estados Unidos sea retornar a la Base de Manta, pues se ha perdido su significancia geopolítica, la que era el control de la insurgencia colombiana a finales del siglo pasado e inicios del presente, así como de los movimientos sociales sudamericanos. Al momento, el interés de Estados Unidos es fortalecer su presencia en el Océano Pacífico mediante una base militar en las Islas Galápagos, concretamente en Baltra; para ello cuenta ya con un convenio de asistencia firmado por el gobierno anterior (https://acortar.link/LSQlVJ), y su deseo es eliminar las trabas para la instalación plena de una base militar en estas islas, desde la cual, al igual que lo hiciera durante la Segunda Guerra Mundial, controlar la seguridad geopolítica de América, en especial del Canal de Panamá. El principal obstáculo para la instalación plena de una base militar en las Galápagos es precisamente el artículo 5 de la constitución. Controlar la seguridad interna del Ecuador continental desde 1300 kilómetros de distancia suena muy aventurado.
4. La eficacia de la base estadounidense en Manta ha sido cuestionada no solo por organizaciones sociales ecuatorianas, sino por la propia Contraloría General de los Estados Unidos (U.S. Government Accountability Office – U.S. GAO), que en ese entonces realizó un informe de auditoría donde expresaba su preocupación por los pobres resultados de las operaciones de avanzada estadounidense. Más aún, en la web de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador se publicaron los resultados de las acciones de interdicción realizadas, lo que sirvió de base para que una comisión de la Asamblea Constituyente preguntara al oficial militar y a la oficial política de la embajada sobre los datos publicados, los cuales fueron los siguientes:
• 5.500 misiones antinarcóticos realizadas
• 1.758 toneladas de droga confiscadas
Al ser preguntado sobre cuántas personas fueron detenidas, cuántos juicios se iniciaron y, sobre todo, donde está embodegada la droga, el agregado militar informó que todo esto se realizó en coordinación con 11 países y desde tres bases militares (Aruba, Curazao y Manta), por lo que la mayoría de las confiscaciones no fueron en Ecuador. En barcos de bandera ecuatoriana se capturaron 81 toneladas en los 10 años de operaciones de los militares estadounidenses.
En resumen, esto significa que durante diez años se incautó un promedio de 15,9 toneladas anuales por país, y esto es lo que preocupó a la contraloría estadounidense.
5. Por su parte, la Policía Nacional informó que no había realizado operativos en coordinación con los militares estadounidenses (oficio 2193-CG-2009, del 1 de julio del 2009) y, solo entre 2005 y 2008, confiscaron 134 toneladas de droga, sin apoyo estadounidense; es decir, nueve veces más que el promedio anual de las operaciones estadounidenses.
6. En contrapartida, los militares estadounidenses informaron de la detención de 7.953 personas migrantes desde 1999 hasta enero de 2007. Estas detenciones se realizaron dentro del mar territorial y se hundieron los barcos en los que se los transportaba. En la Asamblea Constituyente del Ecuador se presentaron más de 1.000 páginas con denuncias de los barcos hundidos por militares estadounidenses (https://acortar.link/dnbmiG).
7. Durante diez años se monitoreó las actividades de los militares estadounidenses en la Base de Manta, se registró los impactos de la militarización en la sociedad (https://acortar.link/mILbRz), se implementaron diversas acciones de denuncia y resistencia (https://acortar.link/wsEBt2), se acompañó a las víctimas de los barcos hundidos y de migrantes desaparecidos, se conoció de cerca el drama familiar de los pescadores, en especial de los pescadores desaparecidos con el barco Jorge IV; confirmamos el aumento de la explotación sexual adolescente, el encarecimiento del costo de vida en Manta, la frustración de sus habitantes al darse cuenta que no fueron cumplidas las ofertas de empleo y progreso que se vendieron; todo eso llevó a que, en el 2006, más del 66% de la población ecuatoriana se pronunciase contra la presencia militar estadounidense y los candidatos presidenciales de ese año, salvo dos, ofrecieran cerrar la Base de Manta.
8. La ciudadanía aspira tener más seguridad y demanda del gobierno acciones efectivas y adecuadas. Pero esa seguridad no se va a alcanzar sin tener conceptos claros, como la propia definición de seguridad. Parece que para el gobierno la seguridad implica únicamente la desarticulación de grupos narco delictivos, sin entender que dichos grupos existen y crecen en nuestros países gracias a políticas de exclusión que aíslan a grandes sectores de la población de cualquier oportunidad de tener una vida digna. Seguridad para todos y todas implica el goce de condiciones mínimas que garanticen el sumak kawsay o buen vivir: agua, naturaleza, educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo, vida, integridad personal, seguridad jurídica, etc. La militarización de la sociedad no solo acentúa el sentimiento de exclusión social y criminalización de la pobreza, sino que absorbe ingentes recursos que deberían invertirse para garantizar una verdadera seguridad. La militarización da una falsa sensación a la sociedad de seguridad que le abstrae de discutir cuales son las verdaderas medidas que deben implementarse.
Todas estas razones nos llevan a rechazar el intento presidencial de modificar el artículo 5 de la Constitución del Ecuador y anunciamos que tomaremos todas las medidas legales pertinentes para que en la Corte Constitucional no se de paso a esta iniciativa que en nada beneficiará al país y mucho menos, reducirá los niveles de violencia que se vive; al contrario, nos puede sumir en un mayor riesgo en el marco de una geopolítica hegemónica de la que podremos ser las nuevas víctimas.
Quito, 18/09/2024
Consejo Político INREDH