Rechazamos el proceso de intervención gubernamental iniciado contra la Universidad Amawtay Wasi, por desconocer la protección reforzada que exige una institución creada para garantizar el derecho a la educación intercultural de los pueblos y nacionalidades indígenas. No se trata de una universidad más: es la materialización institucional de una lucha histórica por el reconocimiento pluricultural del Estado ecuatoriano. De persistir el CES en este proceso, exigimos que se garanticen condiciones mínimas de legitimidad constitucional en cada una de sus etapas.
Nuestra Constitución, en su artículo 1, reconoce al Ecuador como un Estado constitucional, plurinacional e intercultural de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario. En consecuencia, toda decisión administrativa adoptada por los órganos del Estado debe interpretarse y ejecutarse de manera compatible con estos principios, especialmente cuando sus efectos recaen sobre instituciones que materializan el ejercicio de derechos colectivos y el reconocimiento de la diversidad cultural del país.
Aun si el CES insiste en continuar este proceso —lo cual rechazamos—, ninguna actuación puede prescindir del debido proceso y la seguridad jurídica consagrados en la Constitución (Arts. 76 y 82). Y tratándose de una universidad intercultural, ni siquiera el cumplimiento de estas garantías formales bastaría para legitimar la intervención si no se acompaña de un genuino enfoque de interculturalidad, diálogo de saberes y reconocimiento de la diversidad de conocimientos, conforme a los artículos 26, 27, 57, 343 y 350 de la Constitución.
En el caso de la Universidad Amawtay Wasi, estas obligaciones adquieren una dimensión reforzada: no se trata únicamente de una institución de educación superior, sino de una universidad concebida desde la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas, cuyo modelo educativo responde al ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en el artículo 57 de la Constitución y al carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano.
El control administrativo no es neutro cuando se ejerce sobre una universidad intercultural, y la designación de la comisión interventora lo confirma: la persona llamada a asumir el rectorado y la representación legal de la institución proviene de una universidad de formación policial y de seguridad ciudadana, ajena a la cosmovisión y al modelo educativo que dice venir a «fortalecer». Aplicar exclusivamente parámetros y epistemologías hegemónicas para evaluar y conducir una institución que nace precisamente para romper con esos parámetros es, en sí mismo, un desconocimiento de su naturaleza constitucional. Por esta razón la rechazamos: ningún ejercicio de fiscalización formal puede sustituir el diálogo intercultural genuino que esta institución exige, uno que reconozca en pie de igualdad las formas propias de organización, gobierno y transmisión del conocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas.
La existencia de una universidad intercultural responde a una necesidad histórica de justicia social, reparación y democratización del conocimiento en sociedades atravesadas por profundas desigualdades. Su finalidad no se limita a la formación profesional ni sus límites son únicamente la academia, en su concepto tradicional, sino que constituye un espacio de reconocimiento, resistencia y dignificación de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y de otros colectivos históricamente excluidos. Estas universidades representan un proyecto político, académico y cultural orientado a transformar la educación superior mediante el reconocimiento de las epistemologías ancestrales y la construcción de un verdadero diálogo de saberes, desafiando la persistente hegemonía del pensamiento occidental que continúa condicionando los criterios de legitimidad del conocimiento.
Reiteramos nuestro rechazo a esta intervención tal como se ha planteado. Si pese a ello el CES decide continuarla, exigimos como condiciones mínimas e innegociables: el pleno respeto al debido proceso, la protección reforzada por tratarse de una institución intercultural, y la participación activa de la comunidad universitaria en cada etapa del proceso. Nada de esto vuelve legítima la intervención — solo evita que, además de arbitraria, sea también un acto de asimilación de lo diverso, y una reproducción más de las históricas relaciones de exclusión y subordinación epistemológica que el Estado plurinacional e intercultural está llamado a superar.
Defender la universidad intercultural significa salvaguardar un patrimonio colectivo de los pueblos y nacionalidades, proteger un modelo de educación superior comprometido con la justicia, la diversidad y el Buen Vivir, y reafirmar el mandato constitucional de construir un Estado en el que el pluralismo jurídico, la interculturalidad y los derechos colectivos constituyan pilares efectivos de la democracia y no simples declaraciones programáticas.
Coordinación Ejecutiva
INREDH