Por Daniel Véjar, asesor jurídico de Inredh Era un sábado como el día de hoy. Un sábado cualquiera de la ciudad de Quito. Una madre y su hija mayor se han levantado temprano pues ambas tienen sus respectivos locales comerciales que atender. El de la hija, Juliana o “July” para la gente más cercana, es un pequeño local naturista que lo ha puesto para ayudar en la economía de su casa. No porque lo necesite, sino porque siempre ha sido una joven emprendedora que le gustan los retos.

Por Gabriela Flores - Asesora legal INREDH   Durante las últimas décadas, el Ecuador se ha convertido en un destino migratorio importante en la región, especialmente para migrantes de países vecinos. Según estadísticas de Cancillería y Ministerio del Interior, en años recientes han arribado al Ecuador cerca de 500.000 migrantes colombianos, cerca de 65.000 venezolanos (número creciente) y 50.000 cubanos con la intención de aquí radicarse. Estos flujos migratorios, como es de esperar, han causado reacciones diversas por parte de la población nacional: hay quienes los aceptan o toleran y quienes los rechazan de forma contundente.  

Análisis jurídico de Harold Burbano Virrarreal1 / David Cordero Heredia2   El proceso de consulta popular que llevó a la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (en adelante “CPCCS-T o el Consejo de Participación) no responde a un proceso legislativo regular, sino que, por el contrario, responde al objetivo de crear un régimen excepcional para re-institucionalizar al Estado luego de un período de gobierno en el que existió una clara dependencia de varias autoridades de control hacia el Poder Ejecutivo.