Por Gabriela Flores - Asesora legal INREDH   Durante las últimas décadas, el Ecuador se ha convertido en un destino migratorio importante en la región, especialmente para migrantes de países vecinos. Según estadísticas de Cancillería y Ministerio del Interior, en años recientes han arribado al Ecuador cerca de 500.000 migrantes colombianos, cerca de 65.000 venezolanos (número creciente) y 50.000 cubanos con la intención de aquí radicarse. Estos flujos migratorios, como es de esperar, han causado reacciones diversas por parte de la población nacional: hay quienes los aceptan o toleran y quienes los rechazan de forma contundente.  

Análisis jurídico de Harold Burbano Virrarreal1 / David Cordero Heredia2   El proceso de consulta popular que llevó a la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (en adelante “CPCCS-T o el Consejo de Participación) no responde a un proceso legislativo regular, sino que, por el contrario, responde al objetivo de crear un régimen excepcional para re-institucionalizar al Estado luego de un período de gobierno en el que existió una clara dependencia de varias autoridades de control hacia el Poder Ejecutivo.

Ante el secuestro de tres trabajadores de Diario El Comercio, en Mataje, frontera colombo ecuatoriana, el Gobierno nacional ha pedido que se reserve los nombres, por razones de seguridad. Esta actitud está lejos de brindar seguridad a estas personas y confunde un caso de secuestro común, en donde son válidas las recomendaciones de la UNASE, con un caso de secuestro como el presente, en el que al parecer el Gobierno carece de protocolos que guíen su actuar y solo está empeñado en proteger su imagen política no divulgando lo que pasa en el norte de Esmeraldas, donde grupos armados ilegales tienen el control territorial.